El presidente Pedro Castillo fue acusado de liderar una supuesta organización criminal por parte del Ministerio Público peruano. En diálogo con Sputnik, el excongresista Alberto Quintanilla afirma que los sectores conservadores están empeñados en impedir «una gestión mínimamente aceptable» del mandatario.
Una nueva crisis política se ha desatado en el Perú luego de que la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente en ejercicio, Pedro Castillo, acusado de liderar una supuesta organización criminal.
El excongresista del Partido Nuevo Perú Alberto Quintanilla dijo a Sputnik que en Perú hay «una polarización bastante pronunciada, donde las fuerzas conservadoras o de derecha han perdido las elecciones ante un personaje como Pedro Castillo, que ha sido elegido por los sectores históricamente marginados, los sectores de abajo».
Según Quintanilla, los partidos de derecha peruanos quieren «evitar que Pedro Castilo tenga una gestión mínimamente aceptable, porque eso podría crear las condiciones para que en el futuro las poblaciones históricamente marginadas elijan a otros similares a Pedro Castillo y se produzca un cambio más profundo».
La fiscal Benavides ha formulado la denuncia al mandatario peruano por la presunta comisión de delitos comunes, uso y abuso de poder para beneficio particular y actos de corrupción.
El excongresista sostiene que Castillo es víctima de un tipo de persecución judicial inédita en la historia reciente del Perú, al menos desde la promulgación de la Constitución vigente desde 1993.
«Nuestro ordenamiento constitucional, en su artículo 117 permite que el presidente de la República en ejercicio solo pueda ser acusado por cuatro delitos», subrayó Quintanilla. Los delitos son:
Traición a la patria.
Disolver el Congreso.
Impedir elecciones.
Impedir la reunión o funcionamiento del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Según el excongresista y político peruano, «lo que se pretende es crear las condiciones para que el Congreso, haciendo también una interpretación forzada, pueda declarar la incapacidad moral permanente y vacar a la presidencia. Eso es lo que estaría buscando la señora Fiscal de la Nación, como parte de una orquestación con la fuerza política conservadora».
Golpe de Estado judicial
Legalmente el Congreso derivará la denuncia a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que se pronuncie. Esta comisión abrirá el proceso y discutirá si procede o no y finalmente puede autorizar que el Ministerio Público denuncie y acuse al presidente, con lo cual abriría un camino inédito.
Es la primera vez que se recurre a este mecanismo de acusación constitucional «porque se entendía de que el presidente al no poder ser acusado por cuatro delitos —que no es lo que se le acusa ahora—, no podía ser ni siquiera investigado. Pero el Ministerio Público, que es un organismo constitucional autónomo, interpretó que sí podía investigarlo», explica.
Quintanilla asegura que la iniciativa de la Fiscalía tiene el «respaldo de una mayoría relativa de las fuerzas conservadoras en el Congreso y tienen ahora el control del Ministerio Público y piensan que van a lograr el apoyo de una mayoría relativa en el Tribunal Constitucional y una posición benevolente de la Corte Suprema».
Proceder del Poder Ejecutivo y su defensa
Quintanilla sostiene que «en un contexto en que las fuerzas conservadoras y las que respaldan a Pedro Castillo, que son una minoría relativa en el Congreso, ninguno tiene la fuerza suficiente como para imponer una disolución del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, ni tampoco el Congreso tiene la fuerza para vacar [destituir] al presidente».
Si ocurriera una de las dos cosas, la vacancia presidencial o la disolución del Congreso, «la ciudadanía pediría que se vayan todos. Eso es lo que temen, nadie quiere vacar al presidente para después ser disuelto y convocar a elecciones generales», consideró.
«Esto va a subsistir un par de años más», predice Quintanilla. «Van a buscar acumular fuerzas y en el quinto año se produce una figura especial, la Constitución dice que el Congreso no puede ser disuelto y en esas circunstancias el presidente tendría menos posibilidades y podría ser que el Congreso se atreva a vacar al presidente», estima el excongresista.
Pulso ciudadano
Los sectores sociales que sufren más la marginación, sienten que han podido llegar al poder a través del voto, afirma Quintanilla.
«Lo que yo aprecio en los campesinos es que comenzaron a elegir. Primero regidores, luego consejeros regionales, luego alcaldes distritales, provinciales, gobernaciones y luego presidentes», insistió. Sin embargo, ahora observan «que no lo dejan gobernar».
Pedro Castillo «ciertamente hace todo lo posible para colaborar con esta imágen de que no es un buen gobernante», lamentó Quintanilla. «No es un político que esté buscando un apoyo orgánico de la izquierda, que está sumamente debilitada y le favorece que también la derecha está debilitada», enfatizó.
«El Perú sufre una crisis política e institucional producto del diseño constitucional vigente, que prioriza lo individual y no lo colectivo. Es una crisis generalizada. Por eso es que los agentes políticos que se están confrontando son débiles y ninguno tiene la fuerza para imponerse sobre el otro y tener el respaldo de la población», concluyó.
Fuente Sputnik
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