La Defensoría de la Niñez dio a conocer este martes su Informe de seguimiento: Verdad, justicia y reparación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia estatal durante el estallido social, el cual aborda, entre otros aspectos, la caracterización de dichas vulneraciones y el avance de las investigaciones penales en las causas que involucran a niños, niñas y adolescentes.
«En el contexto de la rendición de examen de Estado de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño, en mayo de este año, el Ministerio Público señaló que la cifra nacional consolidada de casos de víctimas, menores de 18 años, de violaciones a sus derechos humanos en contexto de estallido social fue 2.178, número considerablemente mayor al que había sido entregado a la Defensoría de la Niñez en 2020, que alcanzaba a los 1.314 casos», explicó la Defensora Patricia Muñoz.
Estos antecedentes, posteriormente, fueron corroborados por la Defensoría con el Ministerio Público, confirmando los más de dos mil casos de violencia institucional que en su mayoría corresponden a la comisión del delito de apremios ilegítimos (74%).
En relación al estado procesal de las causas, Patricio Muñoz dijo que, como ya había sido alertado por una Nota Técnica del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez (abril 2021), «existe un muy escaso avance en la obtención de justicia: solo el 1% se encuentra terminada por una salida judicial, con apenas dos casos con sentencia definitiva condenatoria».
Asimismo, del total de causas, el 76% se encuentran terminadas (1.461), en su mayoría concluidas por vía no judicial, específicamente, por ‘archivo provisional’, llegando al 56% respecto al total de las causas.
«Considerando la gravedad de los delitos que constituye la violencia cometida por agentes del Estado, resultan muy preocupante estas cifras, especialmente el 56% de causas cerradas por la aplicación del(la) fiscal de la facultad de archivo provisional. En nuestra opinión, la aplicación de formas facultativas de término de las investigaciones debe ser limitada y debidamente justificada en este tipo de delitos», afirmó Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.
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