Luego de una discusión de casi tres horas, el Congreso de Puebla aprobó por mayoría de votos que la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública, para apoyar a las policías municipales y estatales hasta 2028.
Las fuerzas armadas deberán capacitarse en materia de policía civil; además, su presencia será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
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En sesión ordinaria, con 28 votos a favor, 10 en contra y una abstención, los legisladores aprobaron la minuta con reformas constitucionales turnada por el Congreso de la Unión, posterior a la visita matutina del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Con esto, Puebla se convierte en el octavo estado en respaldar la permanencia de la Guardia Nacional en el país, sólo por detrás de Ciudad de México, Sinaloa, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Baja California.
La reforma al Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, fue avalada por las bancadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), y el Revolucionario Institucional (PRI).
Asimismo, ocho diputados de Acción Nacional (PAN) y las representaciones de Movimiento Ciudadano (MC) y el Pacto Social de Integración (PSI) votaron en contra, en tanto la panista Patricia Valencia Ávila se abstuvo.
Larga discusión, sin posicionamientos de fondo
De los 39 diputados que acudieron al pleno, 17 realizaron pronunciamientos –a favor y en contra–, aunque la discusión se centró en la posible militarización del país, según la oposición, y ataques y descalificaciones al pasado, por parte de los diputados de izquierda.
Durante las intervenciones participaron cinco diputados panistas, ocho morenistas, dos del PT, un priista y la representación de MC. Cabe recordar que las reformas constitucionales requieren de aprobación por mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los presentes.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz (PT), aseguró que las fuerzas armadas se apegarán a la ley y el respeto a los derechos humanos; además, su funcionamiento será evaluado para considerar la ampliación de sus labores después de 2028.
Las legisladoras panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Aurora Sierra Rodríguez aseguraron que la mayoría de delitos cometidos en los municipios de Puebla son del fuero común, por lo que no se necesita de presencia militar para contrarrestar la delincuencia, sino del fortalecimiento de sus policías.
También aseguraron que la presencia en las calles de la Guardia Nacional es un riesgo para la población al tener una doctrina de tipo militar, también compartieron ejemplos de las policías civiles de Latinoamérica para justificar una posible militarización.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva en el Legislativo, Néstor Camarillo Medina (PRI), destacó que como bancada asumiría el costo político de estar a favor de la permanencia de la Guardia Nacional. Añadió que esta decisión no era en contra del PAN, ni a favor de Morena.
Foto: Agencia Enfoque
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