Diversos actores sociales se han sumado a la condena del proyecto de ley que hace responsables de cualquier daño que ocurra a los convocantes a las manifestaciones públicas. Ahora se suman dirigentes universitarios del país a través de una carta a las autoridades.
La misiva es firmada por Federico Huneeus, presidente de la FECH; Miguel Crispi, de la FEUC; Pablo Moyano, de la FEUSACH y Jonathan Serracino, de la Federación de estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, FEUAH.
A juicio de los estudiantes una buena legislación debe considerar todos los efectos que tendría su aplicación y este proyecto de ley tendrá serias consecuencias no deseadas. “Esta medida apunta a restringir y limitar las manifestaciones sociales, haciendo crecer el descontento y disminuir las vías para la libre expresión”- acusan los estudiantes.
El texto del polémico proyecto presentado por el Ejecutivo ya fue aprobado por el Senado, la discusión en la Sala de la Cámara que será en los próximos días cumple así su segundo trámite constitucional. Entre las disposiciones que contempla es el castigo con penas de cárcel (541 días a 3 años) y multa de 4 a 8 UTM (entre 130 y 260 mil pesos) a quienes cometan desmanes o delitos con su rostro cubiertos, o sea, encapuchados.
LA DECLARACIÓN:
Frente a la iniciativa enviada por el ejecutivo de la ley contra las manifestaciones públicas, que responsabiliza a quienes convocan a una manifestación por los eventuales desmanes producidos durante el desarrollo de ésta, declaramos:
Desde nuestro entender, una buena legislación debe considerar cada uno de los efectos que generará una nueva ley. En este sentido creemos que el actual proyecto de ley tendrá serias consecuencias no deseadas, algunas de las cuales atentan contra lo más profundo de nuestro sistema democrático que con tanto esfuerzo se ha intentado reparar durante las últimas dos décadas.
Chile tiene experiencia histórica de movilizaciones sociales masivas, que han sido capaces de establecer temas en la agenda política, y desplazar así los márgenes posibles de acción, como la caída del dictador Ibañez en 1931, la promoción del voto femenino a fines de los 40, la celebración y defensa del triunfo del NO el 5 y 6 de octubre de 1988, las manifestaciones escolares por una educación más igualitaria y de calidad el 2006, entre otros hitos transcendentales. Es gracias a la progresista y correcta lectura ciudadana materializada a través de estas manifestaciones, que se han logrado impulsar las grandes transformaciones que han escrito la historia de nuestro país. Con el proyecto de ley que hoy se impulsa se pone una fuerte barrera a que estas actividades continúen construyendo espacios de expresión cívicos para el país, aquellos que hoy transversalmente se piden a gritos desde el mundo político.
Los presidentes de las federaciones firmantes, nos declaramos en oposición al proyecto y llamamos a todos los diputados a votar en contra de éste por las siguientes razones:
Al querer responsabilizar a las organizaciones convocantes, se logrará el fortalecimiento de descontentos generalizados sin caras visibles. Este tipo de leyes no hacen que las problemáticas sociales desaparezcan, sino más bien diluyen las organizaciones conducentes de estos procesos. Deberían haber leyes que promuevan las manifestaciones organizadas y responsables pero en base a posibilidades reales para las organizaciones de hacer la diferencia. Esta medida apunta a restringir y limitar las manifestaciones sociales, haciendo crecer el descontento y disminuir las vías para la libre expresión.
Si el espíritu de este proyecto de ley es desincentivar la generación de destrozos dentro del marco de convocatorias y movilizaciones masivas, entonces podemos afirmar que el remedio que se propone claramente no curará a la enfermedad. Las movilizaciones no son un algo indeseado por la sociedad, desde nuestro parecer son todo lo contrario.
Pero esta ley no apunta en la dirección de estimular manifestaciones organizadas sino todo lo contrario pone obstáculos, en la práctica, para que éstas simplemente no ocurran. Esto naturalmente hará crecer los conflictos sociales en vez de canalizarlos de una manera organizada y responsable.
Es perjudicial para la sociedad en su conjunto, pues apunta a separar aún más la esfera política de la esfera social. La participación ciudadana, con este tipo de medidas, no se verá volcada de manera automática en un aumento del padrón electoral, por el contrario, pues si agregamos a este análisis el diagnostico de los actuales lamentables niveles de participación política de la sociedad en su conjunto, esta iniciativa solo promoverá profundizar el problema de la escasez de representación. Sabemos que el acto de sufragio si bien es un mecanismo necesario para conformar un Estado democrático, creemos que hoy no es suficiente para representar las demandas ciudadanas. Debemos entender a las manifestaciones como señales de un problema político y no como el problema en sí.
Si sumamos a este proyecto de ley, la ley actualmente vigente de seguridad interna del
Estado, promulgada en dictadura, ejercida por las fuerzas policiales a través de inhumanos métodos utilizados para disolver concentraciones de personas (quienes sin meditarlo utilizan automáticamente carros lanza aguas, bombas lacrimógenas, entre otras lamentables medidas) lo que obtenemos es el triste exacerbo de un Chile que tiene miedo de encontrarse a sí mismo organizada y responsablemente en las calles.
Esto sólo promoverá la profundización de una democracia débil, que interpreta el concepto de estabilidad como un país silencioso y el consenso como la nula posibilidad de disentir.
Ante esta lamentable situación, hacemos un llamado público a los diputados y senadores, que consideren los siguientes puntos a la hora de proponer propuestas de ley que promuevan el crecimiento de la democracia ejerciéndola a través de la libre expresión:
La acción colectiva permite perfilar acciones transformadoras para avanzar hacia un país más justo y democrático, de hombres y mujeres libres y de plenos derechos fundamentales. Chile, debe apostar por el desarrollo cívico de sus ciudadanos, entendiendo a este, como la expansión igualitaria de las libertades fundamentales del ser humano, como lo es el derecho a la libre manifestación.
Las manifestaciones ciudadanas deben tener reciprocidad en el Congreso. Los cambios que necesitamos para vivir mejor no vendrán solos. En las casas, los trabajos, y las escuelas hay espacios para mejorar, para ser protagonistas. Ha llegado la hora de que éstos tengan cabida en el Parlamento y sus demandas sean oídas. El desarrollo y crecimiento de la participación cívica se basa en la capacidad de la realización de cambios sociales sin necesariamente contar con la tenencia del poder formal.
No negamos que la autoridad deba responsabilizar a quienes asocian manifestación con destrozos, pero no creemos que eso deba implicar injustamente e hipotecar la vida de otras personas, como son los dirigentes sociales. En efecto, en la mayoría de los países desarrollados, detienen a quienes se cubren el rostro al manifestarse. Creemos y estamos consientes que medidas como estas permitirán desarrollar manifestaciones transparentes, con rostros descubiertos. De seguro, un paso como este mencionado, impulsará una mayor convocatoria para que más actores sociales participen de pacíficas y legítimas manifestaciones.
Hacemos hincapié, en el profundo significado que representa el derecho a la libre manifestación, ya que sirve para promover, plantear, recordar, expresar o vociferar una idea, como seres pensantes que convivimos en sociedad dialogante y abierta al debate, porque es la diversidad de ideas lo que nos permite construir una mejor democracia.
Finalmente declaramos que este tipo de leyes lejos de amedrentarnos, fortalece nuestras convicciones. No lograrán el silencio con estas medidas, tenemos el ímpetu intacto y seguiremos planteando mundos donde un Chile más justo y equitativo sea posible.
MÁS INFO:
Diputados a punto de aprobar ley contra las manifestaciones públicas
El Ciudadano