Continúa movilización en Tahuinco por rotura de concentraducto en Minera Los Pelambres

Son dos meses de protesta donde la comunidad espera una respuesta por parte de la empresa minera propiedad del Grupo Luksic.

La concejala de Salamanca, Milena Baez, acusa falta de voluntad empresarial para resolver el conflicto, mientras que la diputada por la región, Nathalie Castillo, emplazó a Los Pelambres a reinvertir sus utilidades en la localidad. “Son años de zona de sacrificio o saturación y lo que corresponde (a los vecinos y vecinas) es su derecho es vivir dignamente”, explicó.

El conflicto con la minera

La rotura del ducto que transporta concentrado de cobre desde la Minera Los Pelambres (MLP) hacia el puerto de Los Vilos, región de Coquimbo, es la causa principal por la que vecinas del cruce de Tahuinco tienen cortada la carretera exigiendo respuestas a la empresa propiedad del grupo Luksic -a través de su brazo minero, Antofagasta Minerals-, ante la posible afectación medioambiental que provocaría un rompimiento absoluto del concentraducto.

En la movilización, que las vecinas de la localidad caracterizan como pacífica y siempre abierta al diálogo, presentaron un petitorio a MLP con una serie de solicitudes que apelan a mejorar la calidad de vida en el territorio, ya que, a juicio de la comunidad, no ha mejorado las condiciones de existencia pese al tiempo de operatividad de la minera en la zona.

“Consideramos que MLP ha quedado al debe con nuestra comunidad que se ha caracterizado por ser tranquila y respetuosa, sin embargo, no hemos sentido reciprocidad por parte de la compañía, lo que nos ha llevado en este punto a manifestarnos de manera pacífica para ser escuchados y valorados como personas que habitamos un territorio intervenido, considerando que esta compañía debe tener una política mayor de inversión de recursos en un pueblo que ha sido menoscabado de diferentes formas desde el inicio de los trabajos de MLP en el Valle Del Choapa”, señala el petitorio.

En lo concreto, las solicitudes de las vecinas organizadas en la “Red Nivel Ambiental”, se engloban en ocho puntos: beneficio y ayuda para agricultores; desarrollo social de la comunidad; sustentabilidad y emergencia hídrica; desarrollo socio-laboral; desarrollo social de salud, proyectos sociales familiares; plan de emergencia en caso de ruptura del concentraducto y el cumplimiento de compromisos adquiridos anteriormente. Cada uno de estos puntos presentan distintas propuestas para que la empresa considere aplicar y de ésta forma deponer la movilización.

Para lograr un acuerdo entre las partes -propone la Red- se daría tras la generación de una mesa de diálogo entre la minera y la comunidad, bajo el compromiso de MLP de responder al petitorio en el corto y mediano plazo.

La concejala de la comuna de Salamanca, Milena Báez Lara, señaló que el contraducto ya cumplió su vida útil y que la comunidad teme de un rompimiento total del ducto que, según explicita “pasa por fuera de colegio, cerca de las casas de la localidad y paralela a una línea de agua potable”. “Minera Los Pelambres debe mitigar los efectos ambientales que ha provocado. No hay un plan de mitigación y eso es violencia sistemática hacia los pueblos”, complementó la concejala, quien acusó falta de voluntad empresarial para resolver la movilización que lleva más de dos meses esperando respuesta y que la falta de agua de la agricultura familiar campesina es producto del acaparamiento hídrico de la minera.

Desde el Congreso, la diputada por la región, Nathalie Castillo, valoró la capacidad de movilización de la comunidad en especial de las mujeres organizadas “ya que comprenden en su amplia dimensión que si no son ellas quienes protestan y reinvindican el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la gran empresa, en este caso Los Pelambres, pueden actuar en total impunidad y despojo”.

En esa línea, la congresista integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, recalcó que es de suma importancia que las grandes empresas no pueden simplemente acaparar utilidades, sino que invertir en las localidades donde operan desde un enfoque sustentable real sin perjuicio de la salud y el buen vivir de las personas. “La riqueza debe distribuirse en el pueblo, en los territorios, y eso significa mayor inversión que mejore la calidad de vida de los vecinos y las vecinas con un irrestricto respeto al medio ambiente y las comunidades. Son años de zona de sacrificio o saturación y lo que corresponde es su derecho es vivir dignamente”, concluyó.