Estallido social y derechos humanos

El Estado de Chile ha sido nominado como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Este hecho ha sido considerado como un logro del Gobierno respecto de la proyección internacional del país.

Al mismo tiempo manifestantes de la capital expresan que “a tres años de la revuelta no hemos conseguido nada, seguimos sobreviviendo en este estado de miseria y explotación”. Esto significa que pareciera que las autoridades actúan como si el estallido del 18 de octubre de 2019 no hubiera existido. Habrían pasado al olvido las desigualdades estructurales, las injusticias y los constantes atropellos a la dignidad.

No obstante, no es posible olvidar que hubo decenas de personas que recibieron impactos de balines con plomo disparados por Carabineros; hubo innumerables contusos; se lanzaron toneladas de gas lacrimógeno y gas pimienta que provocaron quemaduras químicas en diferentes grados; los gases venenosos fueron causantes de abortos espontáneos y procesos de menstruación abundante. Desde el inicio de las manifestaciones, grupos de rescatistas llevaron a cabo más de 8.000 atenciones prehospitalarias y derivaciones a centros asistenciales.

En Carta a los Presidentes de los Partidos Políticos, Amnistía Internacional-Chile ha planteado que “las demandas ciudadanas deben ser consideradas porque son legítimas, van en consonancia con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y porque sin ellas no estaríamos viviendo este nuevo proceso histórico que hoy está en manos de los partidos políticos”. El mismo organismo ha señalado que tras el estallido social miles de personas fueron violentadas por la fuerza pública, por lo que se han presentado 10.936 denuncias, de las que hasta hoy sólo se han registrado 16 condenas (0,1% de condenas) y no se ha investigado a los mandos estratégicos de Carabineros por su responsabilidad en el despliegue y sus graves consecuencias. Es un deber del Estado “adoptar medidas de no repetición”. En igual perspectiva, la actual senadora Fabiola Campillay, también víctima de la violencia de Carabineros durante el estallido social, abogando por los “presos de la revuelta” que continúan en prisión, ha solicitado al Gobierno darles el indulto “caso a caso” para evitar pasar por el Congreso que ha dilatado legislar al respecto.

De acuerdo al Ministerio Público, en el contexto del estallido social las víctimas menores de 18 años ascienden a 2.178. De estas causas, el 56% han sido cerradas por el fiscal correspondiente. Son 5.558 las víctimas de violencia institucional según el mismo organismo. De esta cantidad, 1.938 fueron afectadas por armas de fuego; 674 sufrieron lesiones graves; 285 padecieron ataques oculares. De estas víctimas, 834 son niños, niñas y adolescentes. Los traumas oculares fueron los delitos que marcaron las manifestaciones, dejando a más de 400 personas con pérdida de uno de sus ojos y a dos personas que perdieron ambos ojos. Al respecto, ha habido 4.170 denuncias contra Carabineros. Hasta hoy no se ha avanzado en justicia ni se han esclarecido los hechos. La necesaria reforma o refundación de Carabineros se ha diluido y su entonces Director de Orden y Seguridad durante el estallido social, ha continuado como General Director y la institución recibe permanentes halagos de parte de las autoridades en medio de una solapada “huelga de brazos caídos” en relación a la responsabilidad directamente policial.

En el tercer aniversario del estallido social, el Presidente de la República recordó que “el control policial de esos días sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares, y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir”. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha afirmado que no existen condenas por delitos sexuales que involucren a policías, basándose en la constatación de 405 lesiones oculares; 504 torturas (que incluyen violencia sexual); 2.123 apremios ilegítimos; cinco homicidios. Estos datos no consideran las acciones con resultado de muerte producto de torturas y apremios ilegítimos, dado que no existe registro del universo total de víctimas. Dichas aseveraciones fueron negadas por representantes políticos de derecha y también por el General Director de Carabineros. Sobre estos casos sólo hay una condena por hechos ocurridos en Arica y otro caso en vías de juicio oral en Rancagua.

La Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, ha informado que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 hubo 364 denuncias de violencia sexual ejercida por Carabineros. De estas denuncias, 258 son por desnudamiento y violencia sexual; 67 por abuso sexual con contacto; 27 por amenazas de perpetuar el abuso sexual; 12 por violación y abuso sexual agravado.

A través de la Ley de Transparencia, la empresa periodística Ciper solicitó información sobre la reacción institucional de Carabineros en relación a las acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Carabineros ha informado que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se habrían efectuado 565 sumarios por eventuales ilícitos. De estos, el 84% hoy continúa en proceso. En 75 de los 90 sumarios ya cerrados no hubo sanciones porque no se determinaron responsabilidades. Hasta ahora, sólo 15 sumarios han culminado en castigos a 32 funcionarios: cuatro oficiales, 26 carabineros de menor rango y dos civiles contratados por la institución.

Una muestra de la descomposición moral de Carabineros de Chile ha sido el fraude económico que obligó a la desvinculación del alto mando. Similares situaciones de desfalcos han ocurrido en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Pero en Carabineros, cara visible de la represión contra “el enemigo interno”, han sido significativos los numerosos retiros voluntarios, la disminución de nuevos postulantes y, especialmente, los funcionarios dados de baja: entre los años 2019 y 2020, han sido desvinculados 920 carabineros. Cinco de ellos fueron críticos de la actuación de los uniformados en las manifestaciones públicas. Uno de estos fue descubierto en una crítica efectuada por Whatsapp al General Director. 265 carabineros han sido exonerados mediante vías administrativas por consumo de alcohol; 76 por violencia intrafamiliar; 66 por consumo o tráfico de drogas; 56 por robos y hurtos en procedimientos policiales; 54 por agresiones a personas detenidas; 41 por no adoptar los correspondientes procedimientos policiales; 36 por abusos sexuales y violaciones; 35 por no respetar la cuarentena o el toque de queda; 28 por hechos relacionados con el estallido social; 24 por cohecho o solicitud de dinero a detenidos. SOLAMENTE 18 CARABINEROS HAN SIDO DADOS DE BAJA POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, A PESAR DE LAS 3.000 QUERELLAS EN CONTRA DE LA INSTITUCION. SU FORMALIZACION HA ALCANZADO SOLO AL 9,5%.

Los delitos cometidos por agentes estatales han sido confirmados por ONU, CIDH, HRW, AI y el INDH. El 29 de abril de 2021 fue presentada una acusación contra el ex Presidente Piñera ante la CPI [Corte Penal Internacional] para que sea juzgado por crímenes contra la humanidad. AI ha instado a las autoridades europeas sobre la importancia de presionar para que la Fiscalía y el Poder Judicial presenten toda la información, de tal manera de esclarecer todos los hechos de violaciones de derechos humanos. Es necesario “reparar a las víctimas y sus familiares, incluyendo una adecuada rehabilitación, atención y reparación a las víctimas de trauma ocular, respetando todos los estándares internacionales de reparación integral aplicables”.

El “enemigo interno” continúa, porque las causas del estallido social no se han superado y no se visualizan políticas de solución. Es así como el proceso constituyente ha sido capturado por el Congreso y los partidos políticos, entidades contra las cuales se produjo el movimiento del 18 de octubre de 2019. Mientras existen 2.500.000 trabajadores informales, el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos. Según la ONG Techo, entre 2011 y 2019 los campamentos aumentaron 22%, llegando a 47.000 hogares. La crisis del Covid elevó esta cifra a más de 100.000. Recientemente, el Catastro Nacional de Campamentos 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha señalado que la cantidad de campamentos en el país se ha elevado a 1.091, con 71.961 hogares. De este número, el 48% se encuentra bajo la línea de la pobreza y el 25% está bajo la línea de pobreza extrema, lo que significa un déficit habitacional que afecta a 650.000 familias. El mismo Catastro agrega que respecto del año 2019 hay 355 campamentos nuevos con 29.112 hogares. El 56% de las viviendas de la Región Metropolitana tienen un espacio menor a 70 m2 (mínimo para cuatro personas, según la ONU). Según el Censo de 2017, 383.204 viviendas carecen de agua potable. Estudios de Fundación SOL indican que la mayor parte de los compromisos financieros son para alimentarse, vestirse, pagar cuentas básicas, educación y salud. En los últimos 40 años, las AFP han acumulado US$ 200.977 millones, equivalentes al 80% del PIB nacional. A junio de 2020 la pensión promedio era de $195.000 (US$250).

El pueblo de Chile seguirá siendo considerado “enemigo interno” por el gran empresariado y sus voceros de la derecha política que propiciaron la derrota del Apruebo a la Propuesta de Constitución de la Convención Constitucional. Las policías y las FFAA continuarán siendo sus cancerberos hasta que deje de ser ”letra muerta” que la esperanza de una Constitución democrática que proponía que Chile fuera “un Estado social y democrático de derecho. (…) Una república democrática, solidaria y paritaria que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

Por Hervi Lara B.

Santiago de Chile, 25 de octubre de 2022.