La hipocresía: parlamentarios que abogan por la reducción del Estado concentran los «gastos operacionales» más altos del Congreso

El ranking de los parlamentarios que lideran los "gastos operacionales" en el Congreso se ha cargado para el lado de la Oposición, inexplicablemente los políticos que más abogan por la reducción del Estado son los que menos se han preocupado del ahorro fiscal, sin embargo, no son los únicos. Mientras la crisis inflacionaria y los bajos sueldos azotan los hogares de las familias chilenas, los parlamentarios parecieran haber hecho del derroche una política generalizada.

La hipocresía: parlamentarios que abogan por la reducción del Estado concentran los «gastos operacionales» más altos del Congreso

Autor: Francisca Valencia

Las redes han explotado esta semana luego de que empezaran a circular los «gastos operacionales» declarados por los parlamentarios durante el mes de mayo.

Parte de esa información, que es de dominio público, fue visibilizada y tabulada por la cuenta de twitter Bot Checker Chile, quienes durante el periodo pre plebiscito se dedicaron a la caza sistemática de cuentas falsas que publicaban sobre el proceso constituyente.

Respecto a los gastos operacionales de las diputadas y diputados, los cazadores de bots realizaron un ranking de los 30 parlamentarios que más gastan. Entre ellos aparecieron políticos que se han caracterizado por abogar por la reducción del Estado, pero que al momentos de hacer uso de las arcas fiscales no se han preocupado en lo más mínimo del ahorro fiscal.

Quienes lideran el ranking son los diputados y diputadas de oposición, es decir, Chile Vamos (UDI y RN) juntos a Republicanos. De los 30 que más gastan, los parlamentarios de derecha tienen a 16 de sus integrantes ubicados en la lista. En la lista también se encuentran representantes del Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad y la Democracia Cristiana.

Por otra parte, en el Senado tenemos encabezando la lista de gastos operacionales a dos senadores del «centro», y ahora ex DC, la senadora del Maule, Ximena Rincón y al senador de Coquimbo, Matías Walker.

De entre todos los gastos, los que causaron más revuelo fueron los que se hicieron por concepto de «traslación», pues en ese ítem se concentraban las mayores cifras. Por ejemplo, Rincón gastó $5.605.734 por motivos de traslación durante el mes de julio, y si bien se entiende que los parlamentarios que representan a regiones fuera de Valparaíso, donde está el Congreso y se sesiona, deben recorrer trayectos más largos para llevar a cabo el quehacer parlamentario, lo que no se entiende es la enorme diferencia en gastos que existe entre quienes representan al mismo distrito o circunscripción.

Por ejemplo, los $5.605.734 gastados en traslación por Rincón son seis veces el gasto del senador Álvaro Elizalde (PS) por el mismo ítem, quien declaró apenas $932.491, ambos senadores representantes de la región del Maule. En tanto, en el medio, con presupuestos más parejos se ubican el resto de sanadores del Maule: Rodrigo Galilea (RN), Juan Enrique Castro (ind) y Juan Antonio Coloma (UDI) con gastos de traslación de $2.934.219, $3.176.589 y $3.302.163 respectivamente.

Lo mismo ocurre con los gastos de los senadores en la región de Coquimbo. Mientra el senador Matías Walker se posiciona como el segundo que más gasta a nivel nacional por este ítem, el resto de senadores de Coquimbo, es decir, el UDI Sergio Gahana y el PC Daniel Núñez, ni siquiera se le acercan en sus gastos por traslación, pese a que todos son senadores por la misma región. Así, el UDI gasta $3.502.288 y el PC $2.556.624. La pregunta que cabe hacerse entonces es ¿a qué se deben estas diferencias tan amplias?

Gastos reprochables… pero dentro de la ley

Según la información que entrega la Biblioteca Nacional del Congreso, el sueldo bruto de los parlamentarios supera los 7 millones de pesos. A esa cantidad se suma una serie de asignaciones para el ejercicio de la función parlamentaria

En específico, se destinan 4,4 millones para gastos operacionales, donde se incluyen  traslados, arriendo de vehículos, movilización de personal, combustible y pasajes en cualquier medio de transporte que deban utilizar. 

Según información expuesta por La Tercera, el Congreso arrienda autos hasta por cuatro años. El uso de estos vehículos es permanente (fines de semanas incluidos), estando a disposición 24/7 para los diputados y senadores. A esto se le puede sumar la contratación de servicios de estacionamiento a lo largo de todo el país, lo que incrementa las cifras.

Además, a los parlamentarios que no arriendan y prefieren usar su auto, el Estado les paga cerca de 250 mil pesos mensuales por amortización y desde septiembre 2022 pueden cambiar los neumáticos de sus autos con costo a las asignaciones. 

Si bien, el gasto realizado por los parlamentarios no es motivo de sanción, pues está considerado dentro del presupuesto del Poder Legislativo y en ninguno de los casos se supera el tope por distrito que establece la Cámara, los gastos han producido una ola de críticas en las redes sociales, en especial por el complejo momento económico que viven muchas familias en Chile producto de la inflación y los bajos sueldos.

Si a lo anterior se suman unas arcas fiscales empobrecidas producto, entre otras cosas, por el aumento del gasto público y las necesarias ayudas entregadas por el Estado durante la pandemia, no sería descabellado esperar que las autoridades legislativas implementaran un política de mayor austeridad en sus gastos operacionales. Sin embargo, ese no ha sido el caso.

El presupuesto nacional destinó a los gastos operacionales de diputados y senadores más de 15 mil millones de pesos ($15.839.863.000) para 2022. Por otra parte, los sueldos de los 155 diputados y 50 senadores de la nación ascienden a los $7.012.388 brutos, es decir más de 17 veces el sueldo mínimo y una de las dietas parlamentarias más altas del continente. Así, en solo un año el sueldo total del Congreso le significa a Chile más de 17 mil millones de pesos ($17.250.474.480). Si a esa cifra se le suman los gastos operacionales, el Congreso le significa a las arcas fiscales más de 33 mil millones de pesos ($33.090.337.480) al año.

Todo esto pese a que en 2021 el déficit fiscal alcanzó el 7,7 % del PBI y que la deuda pública alcanzó el 37 % del PIB, la más alta en tres décadas.

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