Una investigación de la Universidad de Talca detectó la quiebra de 244 empresas en el sector de la construcción durante los últimos tres semestres. El estudio se basó en los datos emanados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).
Según se informó, la cifra se desglosa en 58 empresas que quebraron el primer semestre de 2021, 76 en el segundo semestre del mismo año, y 110 compañías quebradas en el primer semestre de 2022.
La indagación fue realizada por Armando Durán, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de dicha Universidad, quien explicó que el cierre de estas constructoras es reflejo «del grave problema en que se encuentra la actividad económica en Chile».
«Las quiebras generan un efecto dominó de daño sobre los acreedores, fabricantes, subcontratistas y toda la cadena logística del desarrollo de proyectos», aseguró el académico.
Resultados
El estudio revisó cada empresa declarada en quiebra durante el período y las asignó a un rubro económico respectivo, centrándose en las que corresponden al área de la edificación, un análisis que a la fecha es único en el país.
Así, en el primer semestre de 2021, el sector construcción alcanzó las 58 empresas declaradas en quiebra de un total de 253 compañías a nivel nacional, lo que equivale a un 23%, siendo el sector más afectado en este período.
En tanto, durante el segundo semestre de 2021, las 76 empresas quebradas correspondieron al 27% del total (282 instituciones), lo que significó un alza de un 4% respecto al período anterior, continuando la tendencia de ser el rubro más afectado por esta situación.
Por último, en el primer semestre de este año, se registró la quiebra de 110 constructoras de un total de 308 empresas nacionales que se encontraban en este proceso, lo que equivale a un 36% del total, siendo nuevamente el sector más afectado, con un alza de un 9% respecto al semestre anterior.
El estudio detectó que las quiebras no se relacionan con la ciudad de origen o ubicación geográfica de las empresas, sino que con proyectos que fueron adjudicados con valores y precios de dos años atrás, pero que ahora se volvieron inviables debido a la inflación.
«El Estado de Chile, una vez que adjudica fondos, no puede actualizarlos posteriormente, aunque los precios de los materiales suban, por ello muchos proyectos no puedan realizarse ni financiarse con precios obsoletos», sostuvo Durán.
De acuerdo con el académico, al no concretarse los proyectos, se activa el mecanismo de las boletas de garantía, cuyo vencimiento afectó directamente a las empresas que debieron solicitar créditos bancarios convencionales, generando el consiguiente sobreendeudamiento.
«Debieron asumir las restricciones y alzas en las tasas de los créditos con entidades financieras», precisó el investigador, añadiendo que «esta situación afectará directamente el crecimiento del país en materias de infraestructura y descentralización, con lo que algunas regiones se verán nuevamente postergadas».
«La crisis, probablemente, impulsará a que muchas de estas compañías quebradas emigren a otros rubros de la economía, dejando un cementerio abandonado de cientos de obras a mitad de construir en el territorio nacional», cerró el académico de la U. de Talca.
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