En un informe dirigido a la Corte Marcial, la ministra en visita Romy Rutherford aseguró que los cuatro ex comandantes en jefe del Ejército procesados por el millonario fraude en la institución, se concertaron entre ellos para realizar el ilícito, en el ítem de gastos reservados.
En específico, Rutherford respondió a un requerimiento de la justicia militar, originado a su vez en un recurso de amparo presentado por la defensa del ex general Juan Emilio Cheyre -uno de los procesados- quien actualmente está en prisión preventiva en el batallón de policía militar N° 1 de Peñalolén.
Recordemos que la ministra ha procesado a los ex comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba (2014-2018), Humberto Oviedo (2018-2021) y Óscar Izurieta (2010-2014), además de Cheyre (2006-2010). Por ello, ante el recurso interpuesto por este último, donde acusa faltas a la Constitución en su procesamiento, la Corte Marcial pidió un informe a la ministra para que contestara las alegaciones del ex general.
En dicho documento, -de 23 páginas, consignado por el diario La Nación-, la jueza desestimó totalmente los argumentos presentados por la defensa del uniformado.
«Existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada», señaló la jueza Rutherford.
«La defensa pareciere haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro», agrega la respuesta de la ministra en visita.
Por lo anterior, continúa, «la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe».
Asimismo, en su informe, Rutherford plantea la hipótesis de que los altos mandos procesados se concertaron entre ellos para la comisión del delito de malversación, organizando un sistema para seguir recibiendo gastos reservados una vez que pasaran a retiro.
«Se alude al funcionario que tiene fondos a ‘su cargo’, es decir, que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad y es, precisamente aquella hipótesis que se habría verificado en la especia en lo que atañe al comandante en jefe en ejercicio, quien estuvo en concierto con aquellos excomandante en jefe que, a su vez, recibieron mensualmente los caudales públicos ya explicados», puntualiza la ministra.
«Al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandantes en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos, facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros. No puede desconocerse el concierto que se ha referido», reiteró.
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