Tras darse a conocer públicamente un video donde un grupo de gendarmes golpea de forma reiterada a varias personas privadas de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto, y luego de visitar el recinto para recopilar más información, la sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, contra todos quienes resulten responsables de las vulneraciones difundidas.
«En cuanto la sede regional recibió las primeras informaciones sobre la situación, conformó un equipo que se presentó en la cárcel para entrevistarse con el director regional (s) de Gendarmería (Genchi), Víctor Provoste, y el alcaide (s) del recinto, Alex Hermosilla. En paralelo, adhirió a un recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública, en virtud del cual el magistrado del Juzgado de Garantía de Puente Alto Gregory Rojas se constituyó en el penal para constatar la situación», señalaron desde la entidad en un comunicado.
Seguidamente, agregaron, después de que el juez llegó al recinto, «el equipo del INDH que conducía el abogado Gabriel Aguirre recorrió el módulo donde la noche del miércoles 26 se registró un incidente entre internos, que culminó con el fallecimiento de un ciudadano ecuatoriano y cuatro personas privadas de libertad que debieron ser hospitalizadas por heridas de diversa consideración».
«Justamente una riña habría sido el motivo del operativo de Gendarmería que incluyó la golpiza y que, según la misma institución, ‘no se ajustó a su normativa para el uso de la fuerza (…) por lo que se instruyó un sumario administrativo’. Seis gendarmes fueron suspendidos mientras se realiza esta investigación», añade el reporte del Instituto.
El equipo del INDH también se entrevistó con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, quienes entregaron mayores antecedentes sobre los hechos.
Para Consuelo Contreras, directora del Instituto, la situación ocurrida en Puente Alto forma parte de la crisis carcelaria que existe en el país, donde el hacinamiento -constatado por el INDH en diversos informes carcelarios- propicia el conflicto entre internos, lo que se suma a las malas condiciones de habitabilidad en que viven día a día.
Asimismo, recordó que «la tortura o cualquier trato cruel, inhumano o degradante no pueden ocurrir en las cárceles de nuestro país ni en ningún espacio de privación de libertad, por lo que llamamos a las autoridades responsables para que estas deleznables situaciones no vuelvan a repetirse».