Por Francisco Marín Castro
El 1 de septiembre de 2022 mediante Oficio ORD, la Superintendencia de Educación (SE) respondió la solicitud de acceso a la información por Ley de Transparencia en la que -quien suscribe- solicitaba se informe “los resultados de las rendiciones de cuenta (2020 y 2021) de las entidades sostenedoras, indicando particularmente los sostenedores y miembros de su administración que hubieren declarado las 20 remuneraciones más altas, detallando la entidad a la que pertenecen, el establecimiento y los ingresos que percibe cada establecimiento”.
En su respuesta, la Superintendencia entrega datos increíbles:
• 20 sueldos anuales: Hoja que contiene las 20 remuneraciones anuales más altas que se declararon en cada año, 2020 y 2021.
• Detalle mensual: Tiene el detalle de los sueldos mensuales que componen los anuales de la hoja anterior.
• Persona en más de 1 sostenedor: Son personas que están entre los 20 más altos, y además reciben otro sueldo en otro sostenedor.
• Ingresos: Son los ingresos totales de cada sostenedor en cada año. Son tanto los ingresos efectivos del año como el saldo inicial.
Sueldos obscenos
Del análisis de los datos entregados por Ley de Transparencia, se colige que existen veinte (20) sostenedores particulares subvencionados que en los años 2020 y 2021 se autoasignaron sueldos por sobre los 132 millones de pesos al año y que en un caso llegan a 295 millones. El promedio anual que reciben estos veinte sostenedores es de 188 millones, esto es, 16 millones de pesos mensuales.
De esos veinte sostenedores, ocho (8) de ellos, es decir el 40%, se autoasigna sueldos anuales que sobrepasan los 200 millones. En la cúspide está la Fundación Educacional Créate que para el año 2021 definió un ingreso para uno de sus directivos de $295.519.802 anuales, lo que implica un promedio mensual de 24,5 millones.
Le sigue, para el mismo año, con $270.460.536 la Corporación Educacional El Bosque, con un sueldo mensual promedio de 22,5 millones. Cabe señalar que este sostenedor, fue una de las 16 empresas sancionadas por la Dirección del Trabajo del primer semestre de este año, por practica antisindical. Durante el año pasado protagonizó una de las huelgas más largas de este sector: el sindicato del colegio Camilo Henríquez de Temuco estuvo 158 días en huelga, puesto que el sostenedor “no tenía dinero” para responder a las exigencias planteadas por las y los trabajadores.
En listado de mejores sueldos también se encuentra la Fundación Educacional Boston Educa, con un sueldo anual declarado para uno de sus administradores por $171.261.610, esto es: 14 millones de pesos mensuales.
El sindicato de trabajadores de este sostenedor también protagonizó una huelga durante del presente año en que se demandaba un bono anual, proporcional, de 80 mil pesos para los asistentes de la educación del colegio Boston College Maipu, al cual el sostenedor se negaba.
Al analizar los auto-sueldos mensuales de los administradores de los sostenedores particulares subvencionados durante el año 2021, se puede establecer que:
El 92% tiene sueldos que han superado, en algún mes, los 10 millones mensuales
El 26% tiene sueldos que han superado, en algún mes, los 20 millones mensuales
El 2% tiene sueldos que han superado, en algún mes, los 30 millones mensuales
El 0,4 tiene sueldos que han superado, en algún mes, los 40 millones mensuales
Pero eso no es todo
En el listado estudiado hay personas que figuran en funciones de administración en más de un sostenedor. Estas serían personas que tienen jornadas de trabajo en dos entidades distintas, recibiendo sueldos por ambas entidades.
Según los datos de los años 2020 y 2021 esto ocurrió en dieciocho (18 sostenedores). Por tanto, existieron nueve personas que recibieron sueldos a través de dos fundaciones o corporaciones educacionales.
En este tipo de casos, si se consideran los datos de los años 2020 y 2021, el 67% de ellos recibió sueldos por sobre los 200 millones de pesos anuales, mientras que el 33% obtuvo entre 170 y 200 millones. Ninguno obtuvo sueldos anuales inferiores a los 150 millones.
Dado que el artículo 22 del Código del Trabajo exime del cumplimiento de una jornada de trabajo de cuarenta y cinco horas semanales a las funciones de Administración, en la práctica no se puede establecer cuantas horas destinan estas personas para cumplir con sus responsabilidades administrativas en las dos entidades sostenedoras. Si se asume que cumplen media jornada en cada entidad, esto significaría que por media jornada semanal se estarían asignado un sueldo de aproximadamente 8 millones de pesos.
Cabe consignar que en la información entregada por la Superintendencia de Educación no viene la identidad de los favorecidos con tan jugosos estipendios.
Fin al lucro: Un clamor nacional
Una de las características principales del actual sistema educativo es que hace de la educación un negocio más. Practica que, por cierto, tiene su origen en la Constitución del 80’.
Y es que el lucro con la educación y en específico, en el sector particular subvencionado, no es un tema nuevo.
Ha sido este rasgo constitutivo de la ideología que sostiene la educación que tenemos.
Las movilizaciones que denunciaron el lucro en el sistema educativo comienzan masivamente el año 2001, con el ya mítico Mochilazo. A partir de entonces se sucedieron masivas movilizaciones, cuya cúspide fue en 2011 con las imborrables movilizaciones estudiantiles en las que participaron millones de personas en todo Chile.
En ese estado de franca rebeldía de los actores ligados a la educación (escolares, universitarios, profesores, asistentes) el segundo gobierno de Michelle Bachelet, impulsó la Ley 20.845 (2015), de “Fin al lucro, al copago y de inclusión escolar”.
Esta tuvo como objetivo, entre otros, “garantizar que todos los recursos que se destinen a los establecimientos educacionales que reciban aportes estatales sean invertidos exclusiva e íntegramente en fines educativos”. Es decir, en teoría, poner fin al lucro.
Para alcanzar ese objetivo declarado, la norma estableció como requisito que los sostenedores debían constituirse como “personas jurídicas sin fines de lucro”. Para ello debían organizarse como corporaciones o fundaciones.
Pero, como veremos, nada de esto se concretó.
Los mecanismos para mantener el lucro
Consultado sobre el tema al vicepresidente nacional del Colegio de Profesores, Eduardo González, quien además es el encargado del Departamento Particular Subvencionado del gremio, indica:
“Tal como lo demuestra la realidad, quedó claro que lucro no es solamente el hecho de que un sostenedor organizado jurídicamente para tal efecto no pueda obtener utilidades. También es lucro el que por otras vías legales el dinero destinado a la educación vaya finalmente a enriquecer al sostenedor”.
El dirigente enfatiza que “la porfiada realidad nos muestra que los sostenedores de colegios particulares subvencionados, organizados jurídicamente como fundaciones o corporaciones sin fines de lucro como lo mandata la ley, siguen enriqueciendo su patrimonio privado como dueños de colegios, con fondos públicos entregados por el Estado, es decir, de todos los chilenos”
Entonces, ¿el lucro aún existe en el sistema?, le consultamos:
“A pesar de la ley, sigue el lucro en la educación particular subvencionada. Eso es un hecho”.
“Que se sepa -argumenta-, luego de promulgada la ley que terminaba con el lucro, prácticamente no hubo sostenedores que se hayan ido del sistema como amenazaron en su momento. Tener un colegio particular subvencionado siguió y sigue siendo un buen negocio”.
Al parecer, sucedió que, en este caso, la ley es la trampa.
La ley que terminaba con el lucro mantuvo importantes incentivos económicos para el sostenedor privado. Al proscribir dichos incentivos en su forma de utilidad, simultáneamente los incorporó a conceptos distintos vinculados a la prestación del servicio educativo, pero no menos atractivos desde el punto de vista del enriquecimiento.
En efecto, se decidió autorizar expresamente que, dentro de un marco jurídico sin fines de lucro, los sostenedores pudiesen seguir obteniendo dividendos con la subvención estatal producto ya no solamente de la maximización en la utilización de sus recursos financieros, sino también mediante una serie de sofisticadas operaciones jurídicas y comerciales que hoy les permiten seguir enriqueciéndose, ahora de manera “legal”.
¿Cuáles son los mecanismos que permiten a los sostenedores particulares subvencionados seguir enriqueciendo con recursos públicos y que se regulan en la LIE?
Los dueños de colegios incorporados hoy en los directorios de la administración sin fin de lucro, pueden fijarse a sí mismos un sueldo, hasta el momento, sin limitación alguna.
Si bien la Ley de Inclusión estableció que se regulasen estos estipendios por medio de la dictación de una Circular, de acuerdo a la “regulación del mercado”, esto aún no ocurre puesto que la Superintendencia -bajo la dirección de los gobiernos de Bachelet y Sebastián Piñera- nada hizo al respecto.
Además, cuando se regule un límite y deban eventualmente disminuir sus ingresos, estos podrán pagarse las respectivas indemnizaciones de acuerdo con lo que ellos mismos se fijaron en sus contratos de trabajo.
Si esos miembros del directorio desean contratarse como docentes, en cualquiera de sus calidades o como asistentes de la educación, también pueden pagarse una remuneración y recibir los beneficios que las leyes les otorguen como cualquier trabajador de la escuela. Si desean combinar ambas posibilidades, pueden pagarse un sueldo como parte de la administración superior del colegio (caso anterior) y como docente o asistente de la educación, sólo estructurando bien sus horarios.
Cabe consignar que, entre otros mecanismos que permiten a los sostenedores particulares subvencionados seguir enriqueciendo con recursos públicos, se encuentra el hecho que pueden darle trabajo a sus hijos o hijas, su cónyuge o a un familiar cercano; pueden arrendarse el inmueble en que opera el establecimiento educacional a sí mismos; opueden comprarse a sí mismo el inmueble donde funciona la escuela con un crédito hipotecario que puede pagarlo tranquilamente con la subvención escolar, es decir, con fondos públicos de todos los chilenos.
A esto se suma los altos sueldos que se otorgan a sí mismos los dueños de colegios y que esta investigación pone en evidencia.
El mito del fin del lucro
Eduardo González indica que es poco lo que se sabe respecto de las extraordinarias ganancias de los sostenedores de colegios particulares subvencionados. “Se instaló el mito según el cual, con la ley se acabó con el lucro. Mito que, por cierto, incluso figuras progresistas han difundido”, sostiene.
González sabe de lo que habla. El dirigente fue uno de los principales artífices del avanzado capítulo sobre educación contenido en el fallido proyecto de constitución derrotado el “4S”.
“Con las Federaciones Sindicales con las que trabajamos venimos instalando este tema y habíamos logrado que en el borrador de nueva constitución se estableciera la prohibición de ‘toda forma de lucro’ cuestión que hubiera obligado a poner fin a estas prácticas que hoy comienzan a salir a la luz pública”.
Remata González, integrante del Movimiento por la Unidad Docente:
“Fue esto lo que motivó que las grandes asociaciones que representan a los dueños de colegios desataran una estrategia muy agresiva a favor del ‘Rechazo’ incluso, como denunciamos en su momento, realizando proselitismo político. Por cierto, esto jamás lo van a reconocer, puesto que se escudan en la idea de la que las familias deben elegir el tipo de educación. En realidad, a ellos nos les interesan las familias, les interesa seguir enriqueciéndose con ellas”, sentencia.