La mañana de este miércoles, la diputada frenteamplista Camila Rojas replicó la investigación realizada por El Ciudadano sobre los sobresueldos en los colegios subvencionados y llamó a las autoridades a hacerse cargo de esta denuncia. La parlamentaria añadió que la ley de inclusión debería entregar instrucciones respecto a los sueldos de los sostenedores, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
«Confío en que la Superintendencia de Educación abordará este importante tema. La ley de inclusión establece que habrá instrucciones en este sentido, lo que hasta acá no ha ocurrido. Hay que asegurar que recursos sean para el servicio educacional y no para sueldos multimillonarios», escribió la parlamentaria oficialista en su cuenta de Twitter.
El reportaje publicado por El Ciudadano da cuenta de veinte sostenedores de colegios particulares subvencionados que reciben sueldos por sobre los 132 millones de pesos al año. La cúspide de esta lista la encabeza la Fundación Educacional Créate, la cual definió un ingreso para uno de sus directivos de $295.519.802 anuales, lo que implica un promedio mensual de 24,5 millones de pesos.
Un caso particularmente grave es el de la Corporación Educacional El Bosque, cuyo sostenedor recibe un sueldo mensual promedio de 22,5 millones de pesos. Dicho sostenedor, además, fue sancionado a principio de año por la Dirección del Trabajo por incurrir en prácticas antisindicales: cuando el sindicato del colegio Camilo Henríquez de Temuco estuvo 158 días en huelga, el sostenedor aseguró que «no tenía dinero» para responder a las exigencias de los trabajadores.
Si bien durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se aprobó la ley que ponía fin al lucro, el copago y la selección en los establecimientos educacionales, estableciendo como requisito que los sostenedores debían constituirse como “personas jurídicas sin fines de lucro”, distintos expertos señalan que en la realidad la práctica sigue existiendo a través de distintos mecanismos.
El vicepresidente nacional del Colegio de Profesores, Eduardo González, quien además es el encargado del Departamento Particular Subvencionado del gremio, declaró que, una vez promulgada la ley que terminaba con el lucro, prácticamente no hubo sostenedores que se hayan ido del sistema como amenazaron en su momento.
“Tal como lo demuestra la realidad, quedó claro que lucro no es solamente el hecho de que un sostenedor organizado jurídicamente para tal efecto no pueda obtener utilidades. También es lucro el que por otras vías legales el dinero destinado a la educación vaya finalmente a enriquecer al sostenedor”, señaló el dirigente gremial.
“La porfiada realidad nos muestra que los sostenedores de colegios particulares subvencionados, organizados jurídicamente como fundaciones o corporaciones sin fines de lucro como lo mandata la ley, siguen enriqueciendo su patrimonio privado como dueños de colegios, con fondos públicos entregados por el Estado, es decir, de todos los chilenos”, agregó.
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