En cadena nacional y un día antes del juicio final contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario argentino, Alberto Fernández, anunció una investigación sobre el viaje que realizaron un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido, en la región patagónica.
«Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros», dijo Fernández en un breve mensaje a la nación, en el que criticó que aún hay «factores de poder» que «influyen negativamente sobre las estructuras del Estado».
El pasado 13 de octubre, los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials fueron invitados, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín —el multimedios más importante del país— a Lago Escondido, en donde se ubica una lujosa propiedad del magnate británico Joe Lewis, quien tiene «grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia», apuntó Fernández.
En ese vuelo privado también viajaron el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales capitalinos, Juan Bautista; y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke. Esta comitiva de jueces, funcionarios y exservidores públicos estaba encabezada por los altos directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey.
El diario Página 12 reveló que los protagonistas intentaron ocultar el viaje. Sin embargo, un grupo de ‘hackers’ intervino el teléfono del ministro D’Alessandro y reveló audios y chats que develan que los participantes acordaron dar a conocer que cada uno había pagado su viaje y no el Grupo Clarín. Entre los aspectos más polémicos se encuentra que los jueces incluso hablan de manipular pruebas.
«Quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos, tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público«, expresó Fernández.
Asimismo, el mandatario consideró que el caso evidencia el modo en que «ciertas corporaciones» operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, «procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan».
La referencia de Fernández se enmarca en el juicio contra Kirchner por «fraude al Estado», ya que uno de los jueces que fue protagonista del viaje, Ercolini, elevó a juicio oral la causa contra la vicepresidenta.
Fernández pide investigar conductas
Por ello, Fernández instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, a que acuda al Ministerio Público Fiscal a solicitar una investigación penal por los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado al financiamiento.
En tanto, el presidente argentino ordenó al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para «investigar la conducta de los magistrados federales«.
Asimismo, Fernández solicitó a la bancada del Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presenten el juicio político a los servidores públicos de la ciudad implicados.
El mandatario argentino también instó al Congreso a tramitar los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la «necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».
Fuente: RT.
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