“Actualmente una decena de prisioneros políticos militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), entre los cuales, el dirigente Héctor Llaitul y sus dos hijos, llevan a cabo una huelga de hambre para exigir la realización de juicios justos en su contra y pedir el cambio de régimen carcelario en aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, señalan organizaciones.
Nueve presos mapuche de la CAM están en huelga de hambre líquida en cárceles de Valdivia y Concepción
“En el momento de la asunción de vuestro gobierno, usted y sus próximos colaboradores, prometieron, ante el país, la resolución del problema de estos prisioneros. Constatamos que nada ha sido implementado, pues la situación es la misma después de nueve meses de gobierno”.
Entre las organizaciones y referentes firmantes, están: Asociación Nuevo Concepto Latino (Francia), Leyla Guzmán, Presidenta; Asociación KuyKuytun Wallmapu (Francia); Asociación Jacques Damiani (Chilenos en Fontenay sous Bois – Francia); Asociación Tierra y Libertad para Arauco – Wallmapu (Francia), Lise Vega Bouzidi, Secretaria; Colectivo Internacional de Apadrinamiento de Presos Políticos de la Revuelta Social en Chile; Colectivo Derechos Humanos en Chile (Francia), Héctor Zavala Leiva, Presidente; Comité para la libertad de los Presos Políticos en Chile, Marion Raoul, Jurista (Francia); Red internacional de Apoyo a los Presos Políticos en Chile (Europa – Chile), Julio Galaz.
Compartimos extracto de la carta extendida al presidente Gabriel Boric.
Actualmente, una cincuentena de prisioneros políticos mapuche están detenidos en diferentes prisiones del sur de Chile sin recibir la visita de sus familias. A causa de criminalizar sus luchas por la autonomía de la Nación Mapuche, por la recuperación de sus tierras ancestrales, las cuales han sido expoliadas y por la preservación de medio ambiente frente a los «mega proyectos» y a las empresas forestales, ellos, también han sido juzgados en aplicación de leyes especiales.
El recurso a esta legislación de excepción implica grandes derivas judiciales, tales como la utilización de testigos «sin rostro» y además prolonga los períodos de detención preventiva. Ella permite igualmente condenas extremadamente severas, más duras que aquellas pronunciadas, por hechos idénticos, a prisioneros de delitos comunes. Condenado en 2014, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de esta legislación contra la nación Mapuche, el Estado chileno no ha, de ningún modo, cambiado estas prácticas. Actualmente una decena de prisioneros políticos militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), entre los cuales, el dirigente Héctor Llaitul y sus dos hijos, llevan a cabo una huelga de hambre para exigir la realización de juicios justos en su contra y pedir el cambio de régimen carcelario en aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que les permitiría beneficiar de medidas alternativas de detención, en función de su contexto cultural.
Desde el 18 de octubre del 2019, el pueblo chileno ha salido a protestar contra la desigualdad y la injusticia que han afectado a la mayoría de la población. En esta nueva administración, la vuestra, la respuesta de vuestro gobierno sigue siendo represión ejercida por las fuerzas de seguridad, lo que ha significando un cierto número de heridos, encarcelados o expulsados de liceos. Diversos informes de organizaciones calificadas confirman la violación a los derechos humanos de la población civil por parte de las fuerzas de seguridad, comportamiento sancionado en los tratados internacionales a los cuales Chile está suscrito.
El Estado de Chile ha instalado una estrategia basada en burdos montajes policiales, infiltrando con agentes las manifestaciones, para desencadenar hechos de violencia y luego justificar la persecución y encarcelamiento. En algunos casos, los tribunales han dictado resoluciones de absolución y libertad inmediata, ya que las evidencias presentadas han sido montajes realizados por las fuerzas de seguridad, avaladas por las fiscalías. Pero aún quedan muchos jóvenes encarcelados y en proceso, que llevan meses, bajo largas medidas cautelares, en espera de juicio. Es ética y moralmente inaceptable que existan menores de edad y jóvenes presos políticos en Chile, porque gracias a su lucha se logró iniciar un proceso para cambiar la actual Constitución del país. ¡Exigimos una vez más su inmediata libertad!
En el momento de la asunción de vuestro gobierno, usted y sus próximos colaboradores, prometieron, ante el país, la resolución del problema de estos prisioneros. Constatamos que nada ha sido implementado, pues la situación es la misma después de nueve meses de gobierno.
Señor Presidente, le solicitamos encarecidamente utilice todas sus prerrogativas y aquellas de su gobierno, que permitan encontrar una pronta solución a las demandas expresadas por la ciudadanía.
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