La Coordinadora No+AFP se refirieron este viernes al «Acuerdo por Chile», alcanzado el pasado lunes por los partidos políticos del Congreso, para iniciar un nuevo proceso constituyente.
Mediante un comunicado, la organización aseveró que «la proposición del Congreso Nacional denominado ‘Acuerdo por Chile’ constituye a juicio de esta Coordinadora un grave atentado a la soberanía y democracia de nuestro país».
En este sentido, señalan que, las bases constitucionales que conforman el acuerdo – donde se acuerda la creación de un órgano redactor conformada por 50 personas electas y 24 expertos -; solo ratifica los principios de «la Constitución pinochetista».
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«Adquiere gravedad que sean el marco o límites de lo que llaman proceso constituyente, pues, son las mismas exigencias que se hicieron al proceso constituyente desde un inicio, ya que lo fundamental para la derecha es mantener garantizado el sacrosanto derecho de propiedad, la libertad para emprender negocios con los derechos sociales y mantener petrificadamente todas las instituciones cuestionadas después de la revuelta del 18 de octubre», recalcan en el texto.
Con respecto a cómo estará conformada este órgano redactor; la coordinadora señaló que es una «ofensa a la inteligencia de los chilenos», debido a que la comisión constitucional tiene que esperar a que «los expertos» hayan elaborado el proyecto.
Dicho proyecto – señalan – «responderá a los intereses de quienes le eligieron».
«Los órganos del proceso constitucional, son una ofensa a la inteligencia de los y las chilenas. Establecer un “Consejo Constitucional” compuesto por 50 personas que operaran cuatro meses después que la “Comisión Experta”, designada por el Congreso, haya elaborado un ante proyecto que, sin duda, responderá a los intereses de quienes le eligieron», aseveró.
Ante esta situación, la coordinadora rechaza «este fraude a la democracia», y afirman que, si se llega a consolidar todas las acciones que busca promoverse desde este nuevo órgano; será «mucho más difícil el restablecimiento de los derechos», que se han buscado conquistar desde la revuelta social de octubre de 2019.
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