Según los datos reunidos por Corporación Humanas durante este año, al menos 43% de los obstetras contratados/as en hospitales públicos habilitados para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es objetor de conciencia en la causal violación.
El «Mapa nacional de objetores/as de conciencia en establecimientos públicos de salud. Chile, 2022», fue creado por la corporación anteriormente citada con información proporcionada por el Ministerio de Salud de 68 establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales.
El trabajo se enmarca en la misión de visibilizar la situación del aborto en Chile y, a cinco años de su implementación, hacer seguimiento a la Ley IVE.
Los datos recopilados por Humanas son preocupantes y dependiendo de los distintos territorios, los derechos sexuales de mujeres y personas gestantes se ven de mayor o menor forma vulnerados.
Por ejemplo, en la Región del Maule, al menos dos hospitales contarían con la totalidad de sus médicos obstetras como objetores en la causal de violación. Los hospitales de Cauquenes y Constitución. Misma situación se repite en la región de La Araucanía, con Hospital de Pitrufquén y el Hospital de Lautaro.
Las cifras también demuestran que, el 100% de los funcionarios habilitados para la realización de una interrupción del embarazo en el Hospital de Cauquenes son objetores en todas las causales. Es decir, anestesistas, médicos obstetras, profesionales no médicos de pabellón y técnicos paramédicos no realizan la prestación de salud.
En el norte del país, se evidencia que en la Región de Atacama, específicamente en el Hospital de Vallenar, todos los médicos anestesistas se consideran como objetores de conciencia en las tres causales. Mientras que en los médicos obstetras, la cifra disminuye a 75% en violación, 50% en inviabilidad y 37% en riesgo vital.
Aislamiento y ruralidad: caldo de cultivo para la objeción de conciencia
Más allá de las razones que pueda tener cada profesional, hay una verdad que es indiscutible, y esa es que las mujeres y personas gestantes de ciertos territorios no tienen acceso igualitario a la intervención del embarazo, cuando cae dentro de la tres causales. Pese a que es una política de Estado, el Estado, en la práctica, no resguarda el acceso a esta intervención para todas las mujeres por igual, desigualdad que se acrecienta en territorios aislados y rurales, donde impera la moral conservadora.
Si bien está estipulado en la ley cómo se actuará si todo el personal disponible ha manifestado objeción de conciencia, son pocas las soluciones reales que se dan para las pacientes. La ley establece que «en estos casos el establecimiento de salud deberá derivar a la paciente en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por alguien que no haya manifestado dicha objeción».
Sin embargo, esta derivación corre en la mayoría de los casos, si no en todos, por cuenta de la paciente. Los gastos del traslado, de una ciudad a otra, o incluso de una región a otra, deberán ser pagados por ella. Lo que no representa una solución real para mujeres de escasos recursos que no cuentan con los medios para hacerlo. ¿No sería más simple, seguro y respetuoso, por el bien de las pacientes, que las instituciones de salud del Estado reserven cupos para crear por lo menos un equipo de profesionales que no sean objetores de conciencia? Así, las mujeres que acudan a los centros de salud no sufrirán un portazo en la cara mientras viven uno de los momentos más difíciles a los que se pueden enfrentar.
Más grave aún, según lo señalado por Corporación Humanas, la facultad de declararse como objetor de conciencia no exige ningún requisito en cuanto a la fundamentación o seriedad de las convicciones que la sustentan, de hecho solo se necesita llenar un formulario.
El informe que acompaña el mapa de Corporación Humanas señala que «los altos índices de objeción de conciencia dan cuenta que, a 5 años de su promulgación, persisten los obstáculos para la plena implementación de la ley Nº 21.030, los cuales afectan desproporcionadamente a las localidades más alejadas y/o rurales del país».
Altos índices también en la RM
Pese a que la ruralidad y el aislamientos son factores de peso. La objeción de conciencia también es desmesurada en los centros urbanos más importantes como la Región Metropolitana. Por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, ubicado en Puente Alto, un 85,7% de los médicos obstetras es objetor en la causal de violación, un 66,7% en inviabilidad fetal y un 47,6% en riesgo vital de la madre.
Así, del 25% total de establecimientos a nivel nacional (17), más de dos tercios de las y los médicos obstetras se declara objetor(a) de conciencia.
«El Estado de Chile sigue al debe en su obligación de garantizar a lo largo de todo el territorio nacional el acceso al aborto en condiciones seguras en las causales que establece la ley, particularmente cuando los embarazos son consecuencia de una violación«, subraya la organización.
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