Alcaldesa Ripamonti anuncia investigación a Cesfam que negó anticonceptivo a mujer: «Es inaceptable, es un derecho humano del que nadie puede privarte»

"Eso es un derecho humano del que nadie puede privarte y prohibírtelo es profundamente violento", señaló la alcaldesa de Viña del Mar.

Leonardo Buitrago

19/12/2022 2:10pm

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, anunció “acciones inmediatas” para esclarecer la denuncia respecto a una mujer a quien le habrían negado un método anticonceptivo en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Brígida Zavala.

La paciente denunció que no le habrían querido implantar el dispositivo intrauterino (DIU) debido a que estaba en edad fértil y no tenía hijos.

Este hecho ocurrió en agosto de este año y fue dado a conocer por la Corporación Miles, quienes señalaron la única matrona del centro asistencial habría argumentado “objeción de conciencia”, y que este método solo era para mujeres que habían sido madres, para negarle el anticonceptivo a la mujer.

“Tras un reclamo formal de la usuaria, la respuesta institucional fue que la única matrona certificada en este Cesfam es objetora de conciencia“, detallaron.

Ante esto, la alcaldesa Ripamonti anunció que se investigará al recinto.

“Es inaceptable. Eso es un derecho humano del que nadie puede privarte y prohibírtelo es profundamente violento, y frente a eso vamos a iniciar inmediatamente acciones para perseguir la responsabilidad, porque aquí no existe objeción de conciencia”, dijo.

“Los derechos de decidir sobre tu cuerpo y poder planificar tu maternidad y tener así una mejor calidad de vida o un ejercicio pleno de tus facultades como persona, es algo que es inaceptable”, agregó.

Desde agrupaciones feministas advierten que los impedimentos para acceder a anticonceptivos no serían hechos aislados, según acusó Brenda Maldonado, vocera de la Coordinadora 8M en Viña del Mar.

Cabe destacar que el Código Sanitario no admite la objeción de conciencia para la administración o elección de métodos anticonceptivos.Por lo que Miles Chile califica lo ocurrido de “una vulneración de derechos” y “un caso de desobediencia civil” frente a la prestación de servicios relacionados con la salud reproductiva y sexual.

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