Organizaciones de derechos humanos de Chile y de colectivos de migrantes de Perú entregaron este lunes una carta en la embajada de ese país, en la que piden al Estado peruano “a levantar este estado de emergencia y ordenar a las Fuerzas de Seguridad poner el alto a la represión”.
Lla Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el Comité Oscar Romero, SICSAL–Chile, la Comunidad Ecuménica Martin Luther King, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile, la Corporación 3 y 4 Álamos y Un Parque por la Paz y la Memoria, se dirigieron hasta la sede diplomática para entregar la misiva, en la que condenan la violenta y brutal represión que se desató ante la crisis política y social generada tras la destitución y posterior detención del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue cesado e inhabilitado por el Congreso.
Hasta el momento 27 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas callejeras registradas en numerosas ciudades del país suramericano contra el régimen que encabeza la presidenta designada, Dina Boluarte, en las que la ciudadanía exige la convocatoria de elecciones generales, la libertad inmediata del mandatario depuesto y una nueva Constitución.
Sin embargo, la policía y el ejército han reprimido dichas manifestaciones con dureza, lo que ha generado por parte de la numerosa población migrante de peruanos en Chile y en las organizaciones de DDHH.
De hecho través de las redes sociales, las y los ciudadanos peruanos han denunciado la brutal represión a la que son sometidos por los cuerpos de seguridad.
En sus testimonios, relatan que se han registrado incluso disparos a quemarropa por parte del sector militar hacia la sociedad civil, mientras el pueblo ejerce su derecho a la protesta pacífica.
En la carta señalan que el Estado de Emergencia por un plazo de 30 días, decretado por Boluarte, “implica la suspensión de derechos constitucionales; entre otros, se ha suspendido el derecho a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, y la libertad de reunión”.
Denuncian que “el Estado peruano limita el derecho a la protesta social, cuya protección es un derecho humano esencial estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la libertad de expresión es una herramienta histórica para el reclamo de derechos y demandas sociales”.
“Llamamos al Estado peruano a levantar este estado de emergencia y ordenar a las Fuerzas de Seguridad a poner el alto a la represión”, expresan en la misiva, consignada por Diario U de Chile.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, planteó la necesidad de que se promueva “la pronta restauración de la normalidad política, el respeto a los derechos individuales y a la vida, y para ello, exigimos el fin del estado de emergencia en el territorio peruano, que pone en riesgo la vida de las y los peruanos”.
La dirigenta afirmó que tal como dice la carta “nos preocupa cómo se está enfrentando una situación que ha movilizado a miles de ciudadanos en todo el país. Por ello, llamamos al Estado peruano a buscar caminos de diálogo y atender las demandas de su población”.
Amnistía Internacional exige cese inmediato de la violencia estatal
Por su parte, la organización humanitaria Amnistía Internacional condenó la muerte de al menos 27 personas durante la represión las protestas en Perú, por lo que demandó el cese inmediato de la violencia estatal y se establezcan las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos.
A través de una declaración pública, AI indicó que en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín y La Libertad ha sido el escenario de protestas sociales, y advirtió que “la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis”.
“Desde la declaratoria del estado emergencia a nivel nacional, el 15 de diciembre, Amnistía Internacional ha continuado recibiendo numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura”, señaló la organización.
“Ante la evidencia del impacto negativo de la respuesta militarizada a la actual crisis en el Perú, demandamos el retiro de las fuerzas militares del control de protestas, mientras no se pueda asegurar que quedarán sometidas al mando civil y que actuarán dentro de un marco de derechos humanos sin hacer uso ilegítimo de la fuerza y de armas letales. Exigimos el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza por parte de todas las fuerzas estatales, y la búsqueda de una salida urgente, a través del diálogo, que detenga la escalada de violencia y prevenga la muerte de más personas”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internación recordó que “bajo el derecho internacional, las fuerzas militares que son destinadas a desarrollar actividades de mantenimiento del orden público y aplicación de la ley se encuentran obligadas por los mismos estándares que las fuerzas policiales. Esto incluye, por ejemplo, respetar las normas y regulaciones sobre uso de la fuerza”.
“Las autoridades le están dando la espalda a la ciudadanía y están enviando a las fuerzas del orden a resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo. La seguridad de la población no se puede garantizar vulnerando derechos humanos”, dijo por su parte Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
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