Familiares de presos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se dirigieron hasta la Corte Suprema para exigir el cambio de las medidas de prisión preventiva que enfrentan en diferentes penales en el sur del país mientras mantienen una huelga de hambre que supera los 25 días.
De este modo solicitan que los reos sean trasladados a la cárcel de Temuco.
El abogado Alberto Espinoza informó que se reunieron con la fiscal del máximo tribunal para exponerle las dificultades que enfrentan los comuneros investigados por diferentes hechos.
“Pedimos que los comuneros que pertenecen a la CAM y que son presos políticos actualmente y que están desarrollando una huelga de hambre, sean trasladados y que sean sujetos a un régimen carcelario que sea congruente con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente del Convenio 169 de la OIT”, explicó en declaraciones a Radio U de Chile.
Indicó que los comuneros detenidos se encuentran “en cárceles concesionadas y bajo esa excusa ellos se permiten actuar con absoluta arbitrariedad”.
Espinoza señaló que la fiscal cuenta con las facultades para solicitar se le informe sobre las condiciones penitenciarias en las que están los comuneros; así como de «los abusos que se cometen adentro de las cárceles, tanto también como los abusos que se puedan cometer el Ministerio Público en el desarrollo de las investigaciones”.
El abogado también acusó que el Ministerio Público utiliza «subterfugios para extender de manera abusiva y arbitraria los plazos de investigación, toda vez que no cuenta con antecedentes serios para formular alguna atribución penal a los comuneros».
Por su parte, la madre de Esteban Delgado, Agustina Reinao, acusó que desde Gendarmería les han impedido el ingreso de alimentos y bebidas típicas, lo que constituye una transgresión del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios. Además de otros abusos y atropellos.
«Les quitaron la visita, porque les habían ampliado la visita en una hora más y ahora se las quitaron. Queremos pedirle al Gobierno que vaya a visitar a los presos para que sepa cómo lo están pasando», relató.
En tanto, Pamela Pezoa, madre de Pelantaro Llaitul y pareja del vocero de la CAM, Héctor Llaitul, acusó que el tribunal de garantía de Lautaro ordenó el traslado de su hijo y otros comuneros a la cárcel de Valdivia, lo que supone una clara dificultad para visitarlo, ya que el recinto penal queda a una de distancia de dos horas y media en vehículo.
“El tribunal de garantía de Lautaro se basó en un informe tergiversado que realizó Gendarmería respecto de que no había posibilidades de ingreso al centro penitenciario de Temuco puesto que en el módulo de comuneros mapuche no había espacio”, indicó.
“(Esto) contradice el informe que en ese momento presentó la defensa del INDH que señalaba que sí existían las condiciones para ser trasladados a Temuco. Sin embargo arbitrariamente fueron trasladados a Valdivia”, acotó.
Indicó que dicho documento señalaba que «no había posibilidad de ingreso al CCP de Temuco, puesto que no había espacio en el módulo de comuneros mapuche, cuestión que contradice el informe que en ese momento realizó la defensa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que señalaba que sí existían las condiciones para ser trasladados a Temuco (…) existe una población de once personas para un módulo que está adaptado para 30».
«Aquí, Gendarmería está mintiendo. Los tribunales de justicia están haciendo caso a lo que Gendarmería está señalando. Y hoy día, lo que queremos denunciar es que Gendarmería tiene un poder absoluto respecto de los presos, no solo de los condenados, sino también de los imputados. Hoy, manda más que el propio Ministerio de Justicia y la Corte Suprema», criticó, citada por Diario Usach.Cl.
Pezoa lanzó críticas a la extensión del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, y planteó no se entiende que durante el gobierno de Sebastián Piñera esta medida fue rechaza por quienes en la actualidad son las autoridades del Ejecutivo.
“A nuestros familiares cuando fueron detenidos dentro de un predio que estaba en recuperación por diferentes comunidades mapuche, se realizó una operación donde no estaban solamente carabineros, sino que también militares e inclusive la Fuerza Aérea. La militarización en el sur del país no está permitiendo que las comunidades desarrollen su vida como corresponde”, puntualizó.
Los familiares junto al abogado Espinoza entregaron un escrito dirigido al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para que ordene una investigación sobre los tratos inhumanos y degradantes a los que estarían siendo sometidos los presos mapuche, los cuales constituyen delitos que deben ser indagados por la justicia.
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