A 6 años de colapso de vertedero Santa Marta, organizaciones denuncian que empresa ha incumplido medidas de la Corte Suprema y SMA se ha desentendido de rol fiscalizador

Luego de tres años de su sentencia y a casi seis del incendio y su colapso, el Consorcio Santa Marta no ha cumplido con las medidas de reparación y mitigación mandatadas por la justicia. Pero el problema no termina ahí: la Superintendencia del Medio Ambiente tampoco se ha encargado de fiscalizar la situación.

Francisca Valencia

26/12/2022 8:55am

Fotografía: Incendio de relleno sanitario Santa Marta, 2016

Más de tres años han pasado desde que el Segundo Tribunal Ambiental ejecutó la sentencia contra el Consorcio Santa Marta por daño ambiental, el 9 de septiembre de 2019, que ordenó que el vertedero debía cumplir con un conjunto de medidas de reparación y demás obligaciones correspondientes, producto de su afectación al medio ambiente y la comunidad de Lonquén, Talagante.

Cabe recordar que el incendio y colapso en la infraestructura de los desechos domiciliarios de Santa Marta, ocurrido en 2016, llevó a la formalización de cinco altos ejecutivos de la empresa, debido a que durante los días del incendio, los recintos de salud adyacentes debieron atender a cientos de personas que presentaban problemas respiratorios, por la cantidad de material particulado inhalado de la nube tóxica que se esparció por gran parte de la Región Metropolitana.

Ante este caso, el Segundo Tribunal Ambiental en su sentencia, ratificada por la Corte Suprema, condenó al relleno por la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y le ordenó una serie de medidas de reparación, entre las que se encuentran la realización de una auditoría externa y el estudio de una eventual ampliación de la red de monitoreo de calidad del agua; el análisis de riesgo de toda la superficie que estuvo en contacto con los residuos que traspasaron el muro de contención y que afectaron la quebrada El Boldal, con el retiro del suelo afectado y su disposición en el relleno, en plazo máximo de seis meses; y la realización de un estudio técnico del funcionamiento del sistema terciario, lo que podría
llevar a modificaciones a la RCA N° 417/2005.

Finalmente, la sentencia aclaró que la supervisión del cumplimiento de estas disposiciones quedaría a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y otros organismos competentes. Sin embargo, al día de hoy, estas medidas no se han cumplido, y la fiscalización por parte de la SMA y otros organismos del Estado, ha sido nula.

Es por esto que 12 organizaciones sociales y ambientales de la zona, además de personas naturales, firmaron una carta denunciando el notable abandono de deberes por parte de la SMA, debido a que se debió realizar consulta y supervisar los siguientes actos de la sentencia:

Supervisar la auditoría, en un plazo de 120 días luego de dictada la sentencia, del manejo de todas las aguas residuales que genera en el Consorcio Santa Marta.
Supervisar la realización de la auditoría y la implementación de los cambios en los vertimientos, descargas y afloramientos en el relleno sanitario, además de proceder a su regulación.
Realizar consulta y supervisión de la realización del estudio para determinar la profundidad del suelo afectado, excedencias de lixiviados, suelo natural y aguas subterráneas en la Quebrada El Bodal, localidad Lonquén, comuna de Talagante. Además, del retiro del suelo afectado, como también su nueva cubierta de suelo limpio y el manejo de las aguas subterráneas, en un plazo máximo no superior a seis meses.
Asegurar que la calidad de las aguas subterráneas cumplan con la normativa vigente, tras su afectación.
Supervisar el funcionamiento del sistema de tratamiento terciario, la realización del estudio e implementación de los cambios necesarios sobre determinadas partes, obras o acciones del sistema siendo tal vez necesaria la modificación de la RCA N° 417/2005. Este estudio debió ser realizado en el término de 120 días dictada la sentencia.

Estas medidas se debieron realizar desde la SMA, en coordinación con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y con cualquier otro organismo sectorial competente al caso.

«En resumen, la SMA no ha fiscalizado ni acelerado a la empresa la entrega de los antecedentes y estudios para aclarar el daño ambiental y medidas de reparación. Ante este abandono de deberes, las y los vecinos de la provincia de Talagante se encuentran en inminente peligro por uno de los rellenos sanitarios más cuestionados a nivel nacional, tanto por el nulo cumplimiento de las medidas de reparación del daño ambiental causado, como por la falta del sistema terciario de líquidos lixiviados y su posible ampliación», señalan las organizaciones y vecinos.

Es por todo lo anterior que las organizaciones firmantes hacen el llamado a la SMA, DGA, SISS y al Estado en general a tomar medidas ante esta situación que amenaza la vida de los territorios de Talagante, San Bernardo y alrededores.

Las organizaciones firmantes son: