La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de Puebla, Nora Yessica Merino Escamilla, descartó que se le haya dado «carpetazo« a los temas que se han presentado en el pleno a favor de las mujeres.
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En entrevista, reconoció que hay iniciativas que no han llegado a comisiones, pero afirmó que eso se debe a que siguen en estudio para ser fortalecidas y su aprobación sea más simple «al estar bien hechas».
En ese sentido, comentó que entre las propuestas que tendrán que ser discutidas, y en su caso aprobadas antes de que termine la LXI Legislatura, se encuentran: la Ley Monzón, la despenalización del aborto y las sanciones para la violencia ácida.
También destacó la homologación de la Ley Ingrid y la Ley Montse, iniciativas que fueron impulsadas por ella y cuentan con el sustento jurídico y la estructura para llegar lo más pronto posible a comisiones, afirmó.
La primera busca penas de hasta 10 años de cárcel para quien filme, fotografíe o filtre material audiovisual de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos a terceras personas.
Con la ley Montse se sancionará penalmente a los familiares y amigos cercanos de los presuntos feminicidas que desvíen las investigaciones en su contra, o los ayuden a encubrir el delito.
Merino Escamilla también negó que con el cambio de gobierno, derivado del fallecimiento del exmandatario Miguel Barbosa Huerta se le vaya a dar preferencia o celeridad a algún tema en particular, pues «los temas del Legislativo son del Legislativo».
Recalcó que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina trabajará con los diputados del Congreso local de manera coordinada, pero hay asuntos que sólo podrán resolverse en el pleno, mediante cabildeo y consensos.
¿En qué consisten estas propuestas?
La diputada Mónica Silva Ruiz (PT) propuso suspender o revocar la patria potestad de un menor cuando su padre enfrente un juicio por el feminicidio de la madre, y nombró «Ley Monzón» a su iniciativa.
Esto, tras el asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez y la pugna legal que emprendió su familia para obtener la custodia de su hijo, quien en un inicio quedó bajo el resguardado de su padre biológico y presunto autor intelectual del crimen, Javier N.
Hasta el momento hay cinco iniciativas en el Congreso local para sancionar la violencia ácida, que consiste en agredir a una mujer con ácido, o cualquier otra sustancia corrosiva, pero la mayoría solo buscan aumentar las penas existentes para el delirio de lesiones.
Según su orden de presentación, las reformas de ley han sido presentadas por Néstor Camarillo Medina (PRI), Aurora Sierra Rodríguez (PAN), Tonantzin Fernández Díaz (Morena), Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN) y Azucena Rosas Tapia (Morena).
Sin embargo, de acuerdo con las víctimas, como la saxofonista María Elena Ríos, este tipo de agresiones deben ser tipificadas como un delito autónomo, al ser una tentativa de feminicidio.
En el caso de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y a solicitud de la legisladora proponente Silva Ruíz, la socialización sobre el aborto quedó a cargo de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
Pero a pesar de la exigencia de los colectivos feministas, activistas y colectivos, el tema no ha alcanzado el consenso necesario para llegar al pleno, a pesar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la penalización del aborto el 7 de septiembre de 2021.
Foto: Agencia Enfoque
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