Las medidas del gobierno para enfrentar la crisis financiera este 2023

En medio de la crisis financiera global que azota a Chile, se han adoptado una serie de medidas desde el gobierno y que han sido señaladas desde las carteras de Hacienda y Trabajo.

Ver también: Crisis del capitalismo: El balance de un 2022 nefasto y las alertas de una recesión mundial en 2023

Ver a continuación, reporte con paquete de medidas que van con el propósito de contribuir a las familias frente a la inflación y los costos de vida.

En enero Ingreso Mínimo Mensual subirá a $410.000 y se reajustarán la Asignación Familiar y subsidios Único Familiar y para MiPymes

A contar de enero de 2023, el ingreso mínimo mensual subirá desde $400 mil a $410 mil debido a que la variación del IPC a diciembre de 2022 superará el 7%. Esta inédita medida que fue establecida en la Ley aprobada en mayo del año pasado, afectará a las remuneraciones que se devenguen desde el primer mes del año, beneficiando a cerca de 1 millón de personas que reciben estos ingresos.

Cabe recordar que la Ley N° 21.456 determinó un reajuste histórico del salario mínimo en dos fases: desde $350 mil hasta $380 mil en mayo, y luego a $400 mil en agosto pasado, fijando un alza adicional si es que la inflación superaba el umbral mencionado anteriormente, lo que también aplica para los otros ingresos mínimos mensuales existentes (personas menores de 18 o mayores de 65 años y para fines no remuneraciones).

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la existencia de este mecanismo de protección para los trabajadores, diseñado como fruto de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), asociaciones de MiPymes y que fue apoyado por parlamentarios de todas las fuerzas políticas. “En una sola negociación se acordaron aumentos inmediatos en mayo, otro diferido en agosto y un último condicional a la inflación que ocurrirá ahora en enero a $410 mil”, explicó.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, relevó las conversaciones con la CUT. En ese sentido, sostuvo que “es necesario relevar la disposición al diálogo, que fue, en definitiva, lo que nos permitió llegar a este acuerdo entre el Gobierno y la CUT. Luego de varios años en que no hubo conversaciones, tanto el espacio de conversación como el acuerdo mismo, adquieren un carácter de alta relevancia. Además, ese acuerdo estuvo acompañado con una serie de medidas en paralelo, como el aumento de la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar por la variación de la canasta básica de alimentos”.

Las autoridades informaron también que esta misma ley estipuló que, si el IPC superara el 7% en doce meses, se reajustarán, en la misma proporción, los montos y los tramos de la Asignación Familiar (AF) y el Subsidio Único Familiar (SUF), beneficiando a 2,1 millones y 1,2 millones de causantes respectivamente (datos al primer semestre 2022).

Subsidio Mipyme y aporte canasta de alimentos

Adicionalmente, la Ley N° 21.456 estableció dos nuevos subsidios. Uno relacionado con el aumento del costo de la vida, denominado aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos; y otro consistente en un subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que busca apoyar a estas firmas por el alza en el costo de remuneraciones.

Con respecto a este último subsidio, se modificarán los montos dado que se cumple el aumento de IPC sobre 7% en doce meses. Los nuevos valores regirán a partir de enero y seguirán hasta abril de 2023, cuando el monto por trabajador se incrementará de $26.000 a $32.000 por empleado y se considerará a los trabajadores que registren ingresos imponibles entre $409.000 y $411.000 y entre $511.500 y $513.500.

Por último, el aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos se pagará hasta el 30 de abril de 2023 cuyos valores se modifican de manera mensual conforme se publican los nuevos valores de la Canasta Básica de Alimentos. El último informado corresponde al 20 de diciembre pasado y estipula un Aporte en enero de 2023 de $13.516 por carga.

Programa Fogape Chile Apoya

El crédito Fogape Chile Apoya a través de Banco Estado, quien se adjudicó la licitación, permitirá el financiamiento para capital de trabajo e inversión, y adicionalmente, tal como se realizó con el programa Reactiva el año 2021, facilitará el refinanciamiento de deudas existentes. El programa tendrá vigencia para cursar créditos entre el 26 de diciembre de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Podrán optar las personas, naturales o jurídicas, que sean empresarios o empresas, y cuyas ventas netas anuales no excedan de UF 100.000. Cabe consignar, que las entidades con ventas netas anuales que excedan de UF 2.400 (pequeñas y medianas empresas) podrán optar a financiamientos con Garantía Chile Apoya en la medida que cumplan con criterios especiales de elegibilidad. Dichos requisitos son los siguientes:

• Que al menos uno de los giros registrados ante el SII al 31 de octubre de 2022, corresponda a alguno de los giros de actividades económicas priorizadas.
• Que no haya recibido financiamientos con garantías COVID-19, ni con garantías de Reactivación.
• Que haya sido beneficiaria de alguno de los programas PAR Chile Recupera de Corfo, o Levantemos tu Pyme (I y/o II), Programas de emergencia productiva Zonas Cero, Recuperemos tu Barrio, Recupera tu Barrio Zona Cero o Recupera tu Pyme de Sercotec.
• Que forme parte del catastro de afectados por eventos de violencia rural gestionado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La tasa de interés máxima contemplada para este financiamiento es de TPM + 5%, es decir del 16,25% anual (aproximadamente 1,35% mensual). Se podrán cursar créditos en Pesos, UF, USD y Euros, todos con tasas máximas definidas por el reglamento.

En tanto, el plazo del crédito deberá incluir al menos 12 meses de gracia para el pago del capital, pudiendo pagar durante ese periodo de gracia solo intereses. Los clientes que deseen renunciar al plazo de gracia deben hacerlo expresamente.

Por otra parte, las tasas de cobertura de garantía son las más altas que haya otorgado Fogape, siendo de 95%, 90% y 85% respectivamente para micro, pequeñas y medianas empresas. Las comisiones por estas garantías son pagadas por las instituciones participantes.

Ley de reajuste sector público

La ley impulsada por el gobierno y recientemente aprobada por el Congreso, establece un aumento de 12% a los sueldos de hasta $2.200.000 y, para las rentas superiores, un monto fijo de $264.000 brutos mensuales.

Adicionalmente, la iniciativa define aguinaldos y bono de invierno para pensionados y regula otras materias para facilitar la entrega de un buen servicio a la ciudadanía.

Se faculta a los jefes de servicio y rectores de universidades estatales a eximir del control horario presencial a un porcentaje máximo de la dotación de su personal, para desempeñar trabajo remoto, entre otras medidas.

Proyecto ley busca ampliar universo de beneficiarios PGU

De manera unánime los parlamentarios de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, por su parte, de Hacienda, respectivamente, aprobaron este martes 3 de enero el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca corregir universo de referencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

De este modo, la iniciativa, que una vez aprobada aumentará en alrededor de 70 mil el número de beneficiarios fue despachada a la Sala de la Cámara.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró en punto de prensa el apoyo de los parlamentarios de ambas instancias legislativas y señaló que la iniciativa “busca es corregir y devolver a la forma de cálculo de los beneficiarios de este pilar tradicional que ha habido en nuestro país, y que fue modificado en la ley que creó la PGU, con lo cual se va a poder producir la incorporación de 70.000 beneficiarios más”.

“En particular, lo que se hace es cambiar la forma de determinar el universo del 90% de los beneficiarios que hoy día está establecido en la PGU, como el 90% de las personas mayores de 65 años, y pasar al universo tradicional en materia de pilar no contributivo para el 90% de la población”, explicó la secretaria de Estado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en la Comisión de Hacienda que el costo fiscal de esta iniciativa, calculando que permitiría incorporar a alrededor de 70 mil beneficiarios a la PGU, tendría un mayor gasto anual del orden de los $ 140 mil millones, con una cifra algo menor para el primer año, dado la incorporación, que puede ser más gradual, de los beneficiarios. Con esto, más todos los casos que se han ido incorporando dentro de las facultades que hoy día existen, ya estaríamos llegando a una cobertura de la PGU muy similar a la que se aspiraba cuando se discutió el proyecto el año pasado».

En las comisiones, además de los ministros Jara y Marcel, también asistieron el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.

De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo en las mencionadas comisiones, bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió el umbral para definir el 90% que califica para recibir el beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más vulnerable que la población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la población total del país no acceden al beneficio por el parámetro definido en la mencionada ley.

Lo anterior significó un cambio de criterio respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que beneficiaban al 60% de la población de menores recursos del país.

Así, por ejemplo, y de acuerdo con datos de noviembre del Instituto de Previsión Social (IPS), y con el criterio de cálculo del anterior Pilar Solidario, el número de rechazos de PGU de dicho mes se reduciría de 46.213 a 22.027, lo que hubiera significado una disminución de más de 50%.

El proyecto

En concreto, el proyecto de ley introduce modificaciones a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo de focalización de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la población del país.

Además, se regula que el IPS verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos de las personas que, habiendo postulado, no accedieron a la PGU.

Informe Financiero

El Informe Financiero que viene aparejado con el proyecto indica que por la modificación en la forma de cálculo del universo de beneficiarios y la consecuente ampliación se estos, existirá un gasto adicional por parte del Estado.

Señala que, en el primer año de aplicación de esta fórmula, habrá 73.220 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 107 mil millones, mientras que para el segundo año habrá 71.380 beneficiarios adicionales, lo que implicará un mayor gasto de $ 140 mil millones.

Para el tercer año, en tanto, se contempla un total de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto de $ 136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén 68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor gasto, lo que se incrementará a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120 beneficiarios adicionales.

Por último, en régimen, se contempla 76.070 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 168 mil millones.