¿En qué va la tramitación del proyecto de reforma a las pensiones?

Proyecto de ley que “Crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica”

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A continuación, te compartimos detalles de su tramitación en el Congreso de la República y enseguida, informe emitido desde la  Corte Suprema

 Reforma a las pensiones: ¿En qué va la tramitación del proyecto?

De acuerdo con el cronograma, que tiene en mente el presidente de la Comisión de Trabajo, la primera votación de la iniciativa, relativa a la idea de legislar, se debería realizar en la Comisión de Trabajo en el primer trimestre de 2023. El segundo trimestre será de intenso debate para la votación en particular.

El lunes 7 de noviembre de 2022 el gobierno de Gabriel Boric ingresó el proyecto de reforma previsional (boletín 15480) al Congreso. Al día siguiente, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados escuchó la primera audiencia. Se trató de los ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, Mario Marcel y Jeanette Jara, respectivamente, quienes explicaron los lineamientos de la propuesta.

Actualmente, la instancia legislativa está realizando tres sesiones por semana para escuchar a expositores, antes de votar la idea de legislar. Hasta la fecha, se cuentan 15 invitados y 50 sesiones de trabajo destinadas a esta materia.

La reforma contiene en sí 321 páginas. A ellas se suman los informes financiero, de impacto regulatorio y sobre sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones. En total se contabilizan más de 400 páginas.

El proyecto no ha sufrido cambios, pues se encuentra en la etapa de la discusión en general y aún no hay votaciones. De acuerdo con el cronograma que tiene en mente el presidente de la comisión, diputado Alberto Undurraga (DC), la idea es votarlo en su idea de legislar en enero o marzo del año en curso. Luego se continuará con la discusión en particular durante el primer semestre, con la idea de despacharlo en junio.

Importancia del consenso

Undurraga estimó que es sumamente importante que se apruebe la iniciativa sobre la base de un acuerdo. “Es el tercer intento que nos damos como país. Esta va a ser aprobada en la medida que logremos un acuerdo (…). Este tipo de reformas requiere apoyo, pues es un tema que no puede resolverse por un voto. Requiere sostenibilidad en el tiempo, porque el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras”, remarcó.

Señaló que en la etapa de la discusión en particular se abrirá, nuevamente, la posibilidad de invitar a expertos. También, a actores de la realidad económica, política y social, con el objeto de analizar en profundidad algunos temas que requieran mayor discusión.

El diputado Undurraga señaló que, en general, todos los/as invitados/as han señalado que es necesario hacer una reforma de pensiones. Subrayó, en todo caso, que existen dos nudos muy grandes que se han vislumbrado durante esta etapa de discusión.

“Uno es sobre el tamaño del seguro social; si debiera ser el 6 % completo de la nueva cotización o menos de eso. El segundo punto, tiene que ver con la separación del rol que hoy día hacen las AFP de quienes ocupen los roles. No hay tanta claridad que será le IPS u otro tipo de organismo”, explicó.

Opiniones de invitados

En las audiencias, una de las participantes fue la exministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. Señaló en su presentación que el principio de la solidaridad tiene que estar super equilibrado con los de los incentivos. “No puedo esperar que haya solidaridad a costa del otro”, recalcó.

“Yo estoy super interesada en que este proyecto salga. Las pensiones en nuestro país son muy malas. No podemos hacer que todo se le cargue a la clase media con mayor cantidad de impuestos, sin tener lo suficientes subsidios. Es una deuda enorme que tenemos como país”, enfatizó.

También participó Cecilia Cifuentes, economista y directora de ESE Business School de la Universidad de Los Andes. Planteó que el mundo político debe ser capaz de romper el inmovilismo frente a reformas que pueden tener costos en el corto a plazo.

Agregó que la reforma propuesta cambia la estructura frente el aumento del ahorro y mercados capitales en forma muy radical. “El Estado pasa a tener un rol excesivo, mientras desaparecen instancias que tienen un rol relevante, lo que genera un riesgo importante”, evaluó.

Cifuentes interrogó si la reforma genera incentivos a la formalidad. Además, sostuvo que se avanza hacia un sistema en que el derecho a pensión supera el deber de cotizar, “lo que lleva a preguntarse por su sostenibilidad”.

Alza de cotización individual

La reforma crea un nuevo componente del pilar contributivo de naturaleza colectiva, denominado “Seguro Social”. Su objetivo es mejorar pensiones del Componente de Capitalización Individual. Se financiará con un 6% de aporte de las y los empleadores. Su construcción incorpora mecanismos propios de la seguridad social, entregando beneficios que permiten aumentar las pensiones de forma sostenible.

Sobre el punto, Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, propuso reevaluar el alza de 6 % de cotizaciones a la luz del impacto de la PGU.

“Una alternativa es avanzar en un equivalente de cotización adicional destinado a capitalización individual y un pilar colectivo solidario para financiar las compensaciones entre cotizantes”, planteó.

En tanto, María Carolina Simpson, del Movimiento Ciudadano “Con Mi Plata No”, llamó a que “el 6% vaya a nuestras cuentas de capitalización individual, porque nos garantiza que las pensiones van subir hasta un 60%”.

Además, estimó que los fondos van a existir en las respectivas cuentas a la hora de que la persona se jubile, cosa que no ocurre en el Fondo Estatal. “Con la Cuenta individual, toda la rentabilidad es del cotizante, en cambio con el Fondo Estatal es la mitad o menos”, enfatizó.

Bases de la iniciativa

La reforma se fundamenta en la necesidad de contar con un sistema de pensiones que permita garantizar seguridad económica y pensiones dignas a las y los pensionados por vejez, invalidez o sus sobrevivientes.

Respecto del pilar solidario, propone aumentar el monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Mientras, que en el pilar contributivo, se define una nueva institucionalidad, la reorganización del componente de capitalización individual y crea el citado Seguro Social Previsional.

La nueva institucionalidad, a su vez, contempla a los administradores previsionales autónomos (responsable de las actividades de soporte del sistema). Además, está el inversor de pensiones público y autónomo (gestionará las inversiones de las cuentas individuales) y los inversores de pensiones privados (también gestionarán inversiones de capitalización individual)

Adicionalmente, existe un cambio en la modalidad de cobro de comisiones y hay un reemplazo de los multifondos por fondos generacionales. También contempla la eliminación del retiro programado y la creación de la renta vitalicia con herencia.

Por otra parte, incrementa el límite máximo imponible y propone complementos o compensaciones para enfrentar brechas de género, entre otros puntos.

Corte Suprema evacua informe sobre proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones

 “Que en síntesis el proyecto persigue reconfigurar parte importante de la institucionalidad en materia de seguridad social, asignando al efecto roles definidos y específicos a los tribunales de justicia, dentro de los cuales se encuentran aquellos previstos en las disposiciones consultadas y en otros preceptos, sin perjuicio de la modificación de regulaciones sustantivas que inciden en los ámbitos civil, comercial, penal y administrativo”.

Ver de la Corte Suprema informe (PDF)

Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el 19 de diciembre pasado– analizó el articulado del proyecto de ley que “Crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica”. Informe que fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados ayer, miércoles 11 de enero.

“Que en síntesis el proyecto persigue reconfigurar parte importante de la institucionalidad en materia de seguridad social, asignando al efecto roles definidos y específicos a los tribunales de justicia, dentro de los cuales se encuentran aquellos previstos en las disposiciones consultadas y en otros preceptos, sin perjuicio de la modificación de regulaciones sustantivas que inciden en los ámbitos civil, comercial, penal y administrativo”, plantea el pleno de ministros.

El informe agrega que: “Ahora bien, en cuanto a las conclusiones del análisis, se han desarrollado observaciones referidas a los procedimientos de remoción, destacando dentro de ellas la idea que no se le debiese asignar a la Corte Suprema el conocimiento de las remociones de miembros de órganos que no tengan origen y autonomía de rango constitucional”.

“Respecto de las autorizaciones judiciales para actuaciones de la Superintendencia, se plantean variados conceptos que permiten mejorar su regulación”, añade.

“En cuanto a las reclamaciones de actos administrativos, se analizan las disposiciones respectivas de acuerdo a si se ajustan o no a los lineamientos que ha entregado la Corte Suprema en la materia, en aras de uniformar los procedimientos contencioso administrativo”, releva.

“Finalmente, en cuanto las disposiciones no consultadas, se esbozan variados puntos de mejora que pueden robustecer las mismas”, concluye.
Ver informe (PDF)