La UDI: El historial delictual del partido político «top one» en corrupción nacional

Por Jorge Molina Araneda 

El caso que se abrió tras la denuncia hecha en contra del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, marcó un nuevo episodio de corrupción que golpea a la clase política chilena. Una recopilación de 35 condenas a políticos y militantes de partidos, desde el año 2017 hasta el 2022, deja a la UDI como la colectividad que lidera el ranking de casos de corrupción en los últimos cinco años, seguida de cerca por Renovación Nacional (RN). Casi todas las condenas o salidas alternativas que obtuvieron los militantes de la UDI, ocurrieron a raíz del caso SQM por emisión de boletas ideológicamente falsas.

A mayor abundamiento podemos mencionar: doce personas fueron condenadas u obtuvieron una salida alternativa por emitir boletas ideológicamente falsas o por financiamiento irregular de campañas políticas. Seis personas fueron electas a un cargo por votación popular y las otras seis corresponden a militantes del partido. Entre personajes que destacan, se encuentran el actual senador Iván Moreira por financiamiento irregular de la política, al igual que la exdiputada Marta Isasi y el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett. El exsenador Jaime Orpis fue condenado por fraude al Fisco al igual que Pablo Wagner, quien fue subsecretario de Minería en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Además de ser una organización adherente al terrorismo de Estado dictatorial perpetrado a partir del 11 de septiembre de 1973, podemos colegir que esta colectividad tiene un historial de perfecta sinonimia con los conceptos de delito, crimen y corrupción… Para muestra un botón:

COLONIA DIGNIDAD

“Yo sé que Jaime Guzmán le dio clases a Pablo Longueira, Luis Cordero y Andrés Chadwick en el interior de la Colonia Dignidad. [Ellos] eran adoctrinados en ese lugar, ahí se les formó políticamente, les hacían clases. Jaime Guzmán los instruía y les daba charlas, lo hacía al estilo platónico, se paseaba por los campos dictando clases. Todos ellos sacaron un gran provecho de Colonia Dignidad. Ahora no dicen nada”.

Mónica Madariaga, en entrevista a La Tercera (1997)

Desde la dictadura militar y los primeros años de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán junto con otros futuros políticos como Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Hernán Larraín, entre otros, realizaron constantes visitas en la controvertida Colonia Dignidad, organización donde se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, había posesión de armas ilegales, se cometían torturas y desapariciones de opositores hacia el régimen de Augusto Pinochet, junto con el hecho de que Paul Schäfer, era un enfermero de las Wehrmacht quién en juicios posteriores, sería culpable de numerosos abusos sexuales de menores y de ser una figura casi mesiánica en el asentamiento.

Tras el retorno a la democracia, el Presidente Patricio Aylwin presentó un decreto en marzo de 1991 para eliminar la personalidad jurídica que Colonia Dignidad poseía, en calidad de »Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad». Ante esta iniciativa, un total de 17 senadores (todos vinculados con la dictadura militar), entre ellos los UDI Jaime Guzmán y Beltrán Urenda, decidieron recurrir ante el Tribunal Constitucional dado a que consideraban el decreto como inconstitucional; Urenda declaró: »Temo que en este momento no estemos perdiendo la Colonia Dignidad, sino que nuestra dignidad como país”. El recurso presentado por los senadores fue criticado por la Concertación, en la que los diputados Sergio Aguiló y Jaime Naranjo, manifestaron que a la luz de las conclusiones del Informe Rettig, los senadores no podían ocultar las vinculaciones de Colonia Dignidad con las violaciones a los derechos humanos. Aun así, tres meses después, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por estos senadores. Durante ese período, se dio paso a la creación de un »grupo de amigos» a favor de la escuela y el hospital de Villa Baviera, entre los que se encontraban políticos como Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma Correa, Evelyn Matthei, Jaime Orpis, Carlos Bombal, entre otros, quienes evitaron el cierre de ambos edificios en 1994 por parte del gobierno.

En 1996, los senadores Hernán Larraín y Sergio Fernández reaccionaron de forma negativa ante los allanamientos policiales hacia Colonia Dignidad que buscaban arrestar Schäfer; la oposición de los senadores hacia el operativo policial se debía ante una supuesta inconstitucionalidad (la cual fue rechazada por el Tribunal Constitucional) y por los recursos que se gastaban en la persecución del jerarca alemán.

En 1997 Schäfer huyó del país, por lo que se realizaron nuevos operativos policiales en el asentamiento, donde no solo se detuvieron a los colaboradores de este criminal, sino que también se reveló la presencia de numerosas armas de fuego. En cuanto a los colonos alemanes, quienes muchos fueron víctimas de maltratos y violaciones, fueron convencidos de abandonar el enclave, por lo que muchos de ellos se radicaron tanto en diversas partes de Chile como en Alemania. En 1998, y a pesar de todos los allanamientos y descubrimientos de otros crímenes realizados en el lugar, el senador Hernán Larraín junto con numerosos políticos de derecha siguieron negando tales crímenes, acusando los operativos policiales como un »montaje» que buscaba desprestigiar la imagen de Colonia Dignidad.

Sin embargo, cuando finalmente Paul Schäfer fue detenido en 2005 en Argentina, y posteriormente extraditado y encarcelado en Chile, Larraín manifestó su alegría ante la detención del líder de Colonia Dignidad, bajo el argumento de que era necesario detener a un sujeto que había cometido delitos gravísimos, que no era su amigo, y que el hecho de defender la mantención del hospital del enclave era porque en el edificio atendía a mucha gente de la región. En el mismo período en que Schäfer fue detenido, el exSubsecretario del Interior Belisario Velasco, declaró en una entrevista en The Clinic, que había una inmensa red de protección elucubrada tanto por la derecha chilena como parte de la Iglesia Católica, para evitar que la investigación no llegase a la opinión pública o develara más delitos de los cometidos en Colonia Dignidad. Junto con ello, Velasco sostuvo que esa red de protección continuaba vigente, y que quizás ocultara un enorme anillo de pedofilia, negocios ilícitos y otras violaciones de derechos humanos que aun no se han resuelto en la actualidad.

CASO PENTA

A fines de 2014 se hizo público este escándalo por el cual se investigaron financiamientos irregulares a varios políticos de la UDI por parte de Empresas Penta, cuyo dinero de origen dudoso era utilizado especialmente para financiar campañas parlamentarias en las elecciones de 2013. Entre los miembros acusados estaban: Jovino Novoa, Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne, José Antonio Kast, Pablo Zalaquett y Ernesto Silva Méndez. Se dictó sentencia sobre Jovino Novoa, quien ya condenado por delitos tributarios a una pena de tres años de pena remitida y suspensión legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, tuvo que pagar además una multa equivalente al 50% de los impuestos defraudados, y el pago de 5 Unidades Tributarias Anuales.

CORPESCA

La empresa fue investigada por el financiamiento ilícito que realizó a varios parlamentarios, mediante boletas ideológicamente falsas gestionadas por su gerente general, Francisco Mujica, entre 2009 y 2013, para que los intereses de la empresa se reflejaran en la Ley de Pesca que se estaba tramitando en el Congreso Nacional. Luego del estallido del escándalo, a mediados de 2013, Mujica renunció a su cargo en la empresa. En mayo de 2016, Mujica fue formalizado por la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ana Emilia Ethit, por los delitos de soborno y delitos tributarios reiterados.

La primera de las políticas que fue públicamente acusada de recibir pagos de Corpesca, fue la entonces diputada por Iquique Marta Isasi, quien recibió 25 millones de pesos antes de que la Cámara de Diputados votara la actual Ley de Pesca. En noviembre de 2015, se filtró un intercambio de correos electrónicos entre Mujica e Isasi que confirmó la relación entre la exdiputada —ya que finalizó su mandato en marzo de 2014— y la empresa. En marzo de 2016 Isasi fue citada a declarar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y posteriormente se fijó audiencia para formalizarla por cohecho y delitos tributarios para el 24 de mayo del año en cuestión, aunque ésta fue suspendida para el 2 de junio por supuesta enfermedad de la acusada. El 2 de diciembre de 2020 fue declarada culpable junto al exsenador Jaime Orpis por el delito de cohecho, siendo este el resultado del primer juicio oral realizado en Chile por financiamiento ilegal de la política. Fue condenada a 50 días de prisión- que ya había cumplido, debido al tiempo que pasó con arresto domiciliario- y el pago de una multa de $20 millones. Además, quedó impedida de ejercer cargos públicos durante un año y cinco meses.

El por entonces senador Jaime Orpis, por su parte, emitió boletas ideológicamente falsas por un monto total de $233 millones. El parlamentario fue desaforado en primera instancia el 14 de enero de 2016, acusado de cuatro delitos: cohecho, fraude al fisco, delitos tributarios y lavado de activos; días antes había renunciado a la UDI, junto con reconocer el financiamiento irregular de sus campañas políticas. El 29 de abril de 2016, el pleno de la Corte Suprema ratificó el desafuero tras confirmar tres de los cuatro delitos antes mencionados: cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios; fue formalizado el 25 de mayo. En mayo de 2017, la Corte de Apelaciones decidió ampliar su desafuero parlamentario, y continuar con su arresto domiciliario. Tres años más tarde, el 2 de diciembre de 2020, fue declarado culpable junto a la exdiputada Marta Isasi por seis delitos de fraude al Fisco y cohecho. Finalmente, el 16 de abril de 2021, Orpis fue condenado a 5 años y un día de prisión efectiva.

CANCHAS

En 2015, cuando la PDI hacía pesquisas por el «caso basura» se toparon con una red de corrupción que involucraba al partido de calle Suecia. El entonces alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, habría pedido $10 millones por otorgarle la licitación por unas canchas deportivas a un imputado en la causa anteriormente mencionada.

El polémico diputado UDI, Gustavo Hasbún, fue el encargado esta vez de poner en problemas a su partido ya que el parlamentario se habría visto envuelto en una red de corrupción, cohecho y soborno.

La PDI intervino una serie de conversaciones telefónicas entre la jefa de prensa de la UDI, Claudia Vera, quien intervino en 2014 a favor del empresario Lorenzo Pérez (imputado en el «caso basura»), para obtener la licitación para la construcción de canchas deportivas en Estación Central. La mujer de confianza de la presidencia gremialista las hacía de nexo entre el hombre de negocios con el diputado Hasbún, para que él lograra que el alcalde le diera el contrato de construcción. En las grabaciones Hasbún accedió a reunirse con Pérez para concretar la obtención del contrato municipal. Vera, en paralelo, le aseguró al empresario que el alcalde Delgado estaba dispuesto a darle la licitación, a cambio de $10 millones. Los «pinchazos» telefónicos no acreditan que se concretara la reunión, pero lo que sí es real es que, finalmente, la licitación quedó desierta.

CASO SQM

A comienzos de 2015, mientras se estaba llevando a cabo la investigación sobre el Caso Penta, se descubrió una serie de boletas ideológicamente falsas por $7.5 millones de pesos emitidas por la cuñada del exSubsecretario de Minería Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, cuyo destino era supuestamente SQM, pero terminaron siendo utilizadas para financiar la campaña senatorial de 2009 de Joaquín Lavín. En medio de la investigación se revelaron más financiamientos ilegales a campañas parlamentarias de los años 2009 y 2013, tanto para políticos de la Nueva Mayoría como de la Alianza por Chile. En la Fiscalía de Alta Complejidad, de la Cerda declaró que todo comenzó a comienzos de 2009, cuando Wagner comenzó a solicitarle boletas de honorarios para campañas electorales de la Unión Demócrata Independiente, siendo uno de los paraderos de estas boletas una empresa dirigida por el economista William Díaz, el actor Vasco Moulian, y los UDI Ernesto Silva y Pablo Wagner.

En enero de 2016, la UDI bajo la presidencia del senador Hernán Larraín, se negó a dar declaraciones ante un informe estadounidense contratado por SQM, en el que se constató que el 45% de los pagos investigados en el caso fueron recibidos por el partido. Larraín solo declaró que todo quedará en manos de los tribunales de justicia y que no hay que sacar conclusiones apresuradas, mientras que por otro lado, culpó a la entonces Presidenta Michelle Bachelet por lo que ellos consideraron su falta de gestión en la solución de estos escándalos en la clase política y otros asuntos.

En marzo de 2016 los fiscales Pablo Gómez y Eduardo Fajardo ordenaron la formalización de la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres, bajo los cargos de delitos tributarios por facilitación y emisión de boletas ideológicamente falsas. En el juicio se reveló que entre 2009 y 2013, Cavieres emitió 65 boletas falsas a SQM, bajo un monto total de $271 millones, bajo la solicitud de trece personas ligadas a la UDI. Ese mismo mes, se hicieron públicos unos correos electrónicos donde el entonces senador Pablo Longueira gestionaba una ley redactada por los directivos de la empresa Minera SQM, por la cual le habrían pagado la cifra de $730 millones.

El 23 de septiembre de 2016 un informe realizado por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) logró revelar 42 emisores de boletas ideológicamente falsas de SQM vinculadas con la Unión Demócrata Independiente, las cuales estuvieron ligadas con la secretaria de diversas directivas del partido, Marisol Cavieres, a quien, durante su procesamiento judicial, se demostró que en su agenda habían registros de encuentros y correos electrónicos entre los expresidentes de la UDI Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma Correa, con el exgerente general de SQM Patricio Contesse entre los años 2009 y 2013, y en la que el informe señala »existen registros en la carpeta investigativa de declaraciones de imputados que afirmaron que Marisol Cavieres les solicitó emitir boletas falsas de honorarios de Soquimich. Lo anterior se verificó con los imputados Daniela Cabrera, Marcelo Rivera, Maximiliano Bellolio y Katherine González.» Entre las figuras de la UDI vinculadas en este informe por emisión de boletas falsas y complicidad con los fraudes, además de Novoa y Coloma, se encuentra los exdiputados Felipe Salaberry y Manuel Rojas, los militantes históricos del partido Gonzalo Molina y Andrés Serrano, el exalcalde de Colina Mario Olavarría y el exconcejal de Antofagasta Robert Araya Alquinta.

En octubre de 2016, la exjefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, autodenunciante por el caso SQM, lanzó el libro Imputada, la historia de la negra tatuada en la UDI, en el que denuncia malas prácticas del partido, así como frecuentes casos de abuso de poder, racismo, clasismo y acoso sexual.

ASIPES

El 23 de enero de 2017, una investigación publicada en CIPER hizo pública una conversación vía correo electrónico entablada en 2014 entre Jacqueline Van Rysselberghe y Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), mientras la primera dirigía la Comisión de Pesca y se discutía una ley que beneficiaba al sector de la pesca artesanal, rechazada por Asipes. En estos correos, Moncada le daba indicaciones a la entonces senadora sobre la manera de desenvolverse en dicha Comisión. El antiguo asesor de la senadora, Joel Chávez, en una declaración ante la fiscalía el 4 de agosto de 2016, mientras se investigaba el financiamiento político ilegal facilitado por pesqueras, afirmó además que Van Rysselberghe había estado recibiendo dinero de Asipes desde las elecciones municipales de 2000, en las que salió elegida por primera vez alcaldesa de Concepción. Al día siguiente de la publicación de CIPER, la senadora confirmó la correspondencia con Asipes y Moncada, pero declaró que ésta “no influyó en la labor legislativa”. El 9 de septiembre de 2020 se notificó la decisión de no perseverar respecto de Van Rysselberghe en el Caso Asipes, denunciada por los delitos de cohecho y soborno, la investigación se cerró después de cuatro años sin formalizaciones.

SEDE FANTASMA

En 2020, Bulnes 80 fue el epicentro de la polémica, luego que el ultraderechista Sebastián Izquierdo publicara un video en donde elabora, en el lugar, escudos y otros elementos violentistas para usar en la marcha del “Rechazo”.

Desde un inicio, la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe ha buscó desmarcarse definitivamente del lugar y de la polémica. “Nunca hubo un contrato de arriendo, nunca hemos pagado un contrato de arriendo nosotros, desconozco quién es el propietario (…). No tenemos ninguna vinculación con la administración de ese lugar”, fueron sus primeras declaraciones.

Sin embargo, el lugar sí era usado por la UDI como sede y oficina comunal. De hecho, la oficina 21 de Bulnes 80 es propiedad de Jaime Gallegos Costa, ingeniero eléctrico y exprofesor del Inacap. El hombre heredó la propiedad en 1992 de parte de Ramón Gallegos Muñoz, su padre. A su vez, la propiedad había sido comprada a Carabineros de Chile en 1962.

Gallegos indicó que comenzó a arrendar el inmueble a Jovino Novoa, alrededor del año 2013, cuando este era senador. Novoa hizo de Bulnes 80 su sede parlamentaria, por lo que el arriendo era pagado por el Congreso Nacional. Una vez finalizado el período de Novoa, el pago y la situación se irregularizó.

Sin contrato y solo con acuerdos verbales, Gallegos le arrendó la oficina a la directiva comunal de la UDI en Santiago. Ellos tenían que pagar $280.000 mensuales. El problema es que, según Gallegos, pidió posteriormente un contrato para formalizar el arriendo, pero eso no ocurrió. Es más, a veces solo le pagaban una parte del arriendo o los atrasos en los pagos constantemente superaban el mes.

Los pagos y el contacto directo de Gallegos con la UDI eran a través de Juan Arce, secretario del comunal de la UDI en Santiago; y Julio Salinas, abogado de la Universidad de Las Américas, exseremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana. Los pagos eran muy irregulares, pues rara vez se repetían, y no siempre correspondían a la cifra acordada. “Son unos pésimos arrendatarios. Pagan cuando quieren, lo que se les antoja y no siempre el canon de arriendo”, expresaba Gallegos.

El mismo año 2020 parecía cambiar la suerte de Gallegos, ya que la misma Jacqueline Van Rysselberghe se contactó para regularizar el arriendo. En rigor, lo hizo una mujer a nombre suyo, según contó Gallegos, quien le dijo que “quería regularizar el asunto de la oficina. Me dijo que me iba a contactar con un abogado que tenía listo un contrato de arrendamiento. Yo le dije que no tenía ningún problema con eso, pero que se supone que el arrendador es el que pone los términos del contrato, no el arrendatario. Finalmente, no pasó nada”, reconoció.

A esta altura, y con la cantidad de fechorías traídas a colación, no es tan curioso que “la inspiración” de este  gansteril  partido político obedezca, solo de fachada, a “un orden moral objetivo inscrito por Dios en la naturaleza humana, que es fundamento de toda civilización cristiana”.

Autor: Jorge Molina Araneda

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