¿Una derecha política liberal a 50 años del Golpe de Estado en Chile?

Por Andrés Kogan Valderrama, Sociólogo

Este 2023 será un año bastante especial para Chile, no solo porque nuevamente se votará una propuesta constitucional por el pueblo chileno el próximo 17 de diciembre, sino que será también dentro del marco de los 50 años del Golpe de Estado de 1973.

De ahí que será un año sumamente simbólico para el país y pueda ser visto como una oportunidad histórica para que la derecha en Chile se sitúe desde el liberalismo político, dejando atrás fanatismos ideológicos anti-democráticos y un fundamentalismo económico de mercado, que solo la ha llevado a ser un sector incapaz de tener un proyecto político amplio y plural.

Eso es lo que ha ocurrido durante los últimos 50 años, en donde la derecha poco y nada ha aportado a la reflexión política del país, al estar encapsulada por completo en la doctrina neoliberal, como bien ha planteado el académico de centroderecha Hugo Herrera, quien ha cuestionado la profunda estrechez ideológica y el economicismo de su sector, negando su propia historia, la cual ha sido mucho más amplia (liberal-clásica, nacional-popular, liberal- cristiana y socialcristiana).

En consecuencia, Herrera ha planteado que la derecha, heredera del pensamiento gremialista de Jaime Guzmán y de los llamados Chicago Boys, ha reducido a la política a la mera gestión, despolitizando así su uso desde una ortodoxia neoliberal, que desde un atomismo social individualista, no ha sido capaz de pensar en expresiones colectivas como bien común, nación, solidaridad nacional, destino histórico (1).

Es cosa de ver a todos los partidos políticos de derecha existentes, desde el Partido Republicano, pasando por la UDI, Renovación Nacional y Evopoli, los cuales si bien podrán mostrar ciertas diferencias en términos de mayor o menor conservadurismo valórico, todos son fervientes seguidores del dogma neoliberal.

Un buen ejemplo de ello fue la reacción de la derecha en Chile durante el estallido social en el país y lo ocurrido durante toda la redacción de la nueva Constitución, en donde no fue capaz de instalar un discurso político democrático y dialogante, mostrando por el contrario, una brutal represión al pueblo de Chile y una resistencia a cualquier intento de transformación institucional.

Se podrá decir que la derecha chilena ha mostrado ciertos avances democráticos, al firmar dos acuerdos por una nueva Constitución, tanto en el año 2019 como el pasado 2022, pero parecen responder más a cierto pragmatismo ideológico, y a la voluntad de ciertos líderes puntuales (Mario Desbordes y Javier Macaya), que a una mirada de país a largo plazo que rompa con los pilares del neoliberalismo.

Asimismo, habrá quienes señalen que hubo sectores de la derecha que estuvieron por el apruebo del plebiscito de entrada el 2020 y que estuvieron abiertos a construir puentes dentro de la Convención Constitucional, pero rápidamente esos sectores fueron completamente cooptados por la ultraderecha reaccionaria y negacionista.

Es cierto, desde las fuerzas de izquierda y transformadoras al interior de la Convención Constitucional, desde un primer momento se cerraron a un mínimo diálogo con cualquier sector identificado con la derecha, sea cual fuere, pero de ahí a pasar a una campaña del rechazo a base de mentiras e interpretaciones apocalípticas del nuevo texto constitucional, sólo reafirmó su mirada doctrinaria.

Ante esto, la derecha tiene este año una nueva oportunidad histórica, no sólo para condenar con fuerza el Golpe de Estado y la dictadura cívico militar sangrienta posterior de 17 años, sino también el poder romper con su legado económico extremo y la profunda injusticia que generó, que nos llevó a lo ocurrido el 2019.

Para ello, tendrá que no subordinarse nuevamente a la ultraderecha reaccionaria y negacionista, que verá este año seguramente como una oportunidad para revindicar la figura de Augusto Pinochet, como un referente anticomunista y contra la corrección política, y que también se dedicará a denostar la revuelta social, usando la expresión estallido delictual, negando así el profundo malestar que existe aún en la sociedad chilena.

Por lo mismo, una derecha en Chile que se posicione desde un liberalismo político, debe construir un relato que deje de ver al Estado como una mera carga y que se le debe limitar el poder lo más posible, y pasar a verlo, por el contrario, como un espacio que contribuya a la convivencia democrática del país, la cual sigue fracturada.

A su vez, debe dejar de reducir los derechos de manera minimalista a la mera vida, libertad y propiedad privada, ampliándolo a derechos sociales también, cuestionando así la subsidiariedad impuesta en la Constitución actual y entendiendo que más Estado es más poder a los ciudadanos, no a los operadores políticos, como ha caricaturizado siempre el pensamiento neoliberal.

De no hacer ese giro liberal, la derecha solo beneficiará a los extremos y a quienes no les interesa en lo más mínimo colaborar para construir un país más justo y en paz, farreándose nuevamente la posibilidad de dejar de vernos como enemigos y votar a favor de una nueva Constitución democráticamente, que deje atrás décadas de desconfianza y de miedos.

Esperemos por tanto, que la derecha esté a la altura esta vez y ponga a Chile por sobre sus intereses particulares mezquinos y esté dispuesta a conversar con quien piense distinto, dejando atrás una doctrina económica que se impuso a la fuerza y se naturalizó con el tiempo, como si fuera una verdad revelada e inobjetable.

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