El Gobierno de Brasil comunicó este martes que destituyó a más de 50 funcionarios públicos involucrados en violaciones de los derechos de las comunidades indígenas durante la predecesora administración del ex presidente Jair Bolsonaro.
Entre los 54 dirigentes cesados se encuentran 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (SESAI), así como 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).
La decisión fue tomada luego de que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciara los delitos de genocidio y delitos ambientales contra los pueblos originarios, en especial la reserva indígena yanomami.
En este sentido, el jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter que «más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño».
A partir de ello, los organismos, antes dirigidas incluso por militares, serán encabezadas por representantes de las comunidades originarias mientras que la FUNAI formará parte del ministerio de Pueblos Indígenas.
En consonancia, diputados de varias bancadas denunciaron a través de un comunicado que el pueblo indígena yanomami “fue víctima de acciones y omisiones criminales, en una política de Estado orquestada y conducida para conducir a la aniquilación de esa comunidad”.
De acuerdo con la cartera de los Pueblos Indígenas, 99 niños del pueblo yanomami de entre uno y cuatro años murieron el año pasado por desnutrición, neumonía y diarrea causadas por el avance de la minería ilegal en la región.
Fuente teleSUR
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