El ministro del Tribunal Supremo de Brasil, Luís Roberto Barroso, ha ordenado este lunes investigar la posible involucración de funcionarios del Gobierno de Jair Bolsonaro en crímenes de genocidio y crímenes ambientales relacionados con la vida, la salud y la seguridad de comunidades indígenas, así como la posible desobediencia y violación del secreto de sumario.
Los encargados de realizar las debidas pesquisas serán el fiscal general de la república, Augusto Aras, el Ministerio Público Militar, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la superintendencia regional de la Policía Federal en Roraima.
Los documentos que serán remitidos a dichas entidades en el marco de la investigación «sugieren un cuadro de inseguridad absoluta de los pueblos indígenas involucrados», además de las acciones ilegales u omisiones de parte de las autoridades federales de Brasil que agravaron la situación.
Como algunos ejemplos, Barroso citó la publicación en el Diario Oficial, por el entonces ministro de Justicia Anderson Torres, de la fecha y lugar de una operación secreta de intervención en tierras indígenas, además de la evidencia de alteración de la planificación en plena operación en curso en el municipio de Jacareacanga contra personas que extraían oro ilegalmente. Esto resultó en una alerta a los mineros ilegales, lo que comprometió la eficacia de la medida realizada por la Fuerza Aérea Brasileña.
El ministro del Tribunal Supremo también reiteró la orden de retirar todas las minas ilegales en las tierras indígenas Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Arariboia, Mundurucu y Trincheira Bacajá, priorizando las zonas donde la situación está más grave.
Tan solo en Yanomami se denunció una grave crisis humanitaria en el pueblo indígena, que sufrió desnutrición, contagios de malaria y registró una elevada tasa de mortalidad. Además, el mercurio utilizado en la minería ilegal contaminó en gran medida los ríos de la región.
Fuente RT
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