Los aportes fiscales para el negocio transnacional de “Hidrógeno Verde” en Chile

Resuena en los medios de comunicación la alternativa del Hidrógeno Verde como una oportunidad para Chile, pero poco y nada se plantea que es una oportunidad para profundizar el modelo extractivista que ha empujado a la crisis climática y la serie de vulneraciones que comunidades han enfrentado por años.

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Hidrógeno Verde: Aportes fiscales a una política impuesta, sin participación y con ausencia de transparencia

Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Imagen: Gigantescas turbinas de un parque eólico rodeando casas en la región del Bío Bío. Captura de pantalla de Google Maps

Anteriormente, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales ya hemos alertado acerca de las redes de negocio que benefician a las mismas transnacionales que se han hecho con cuantiosas ganancias a costas de la contaminación y destrucción de ecosistemas, como también de profundas deficiencias en el proceso de consolidación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde junto al rol de la agencia encargada de su línea base, además de las expectativas de transnacionales para poder, mediante el beneplácito del Estado chileno, mantenerse en el modelo de exportación de energía en el marco de la transición energética.

Pese a sus antecedentes, la Estrategia Nacional impuesta bajo el gobierno encabezado por Sebastián Piñera continúa su curso en el mandato de Gabriel Boric. Y es más, no solo es recepcionada, sino incentivada y propulsada por la gestión del actual gobierno de Chile. Ejemplo de aquello es lo que ocurre con el Plan Nacional de Fomento a la Producción de Hidrógeno Verde en Territorio Fiscal, el cual busca “establecer lineamientos que constituyan un marco referencial para la toma de decisiones en la administración del patrimonio fiscal”.

En términos concretos, dicho plan deja el camino llano al otorgamiento de terrenos fiscales para que sean explotados por privados, proceso viabilizado mediante el Ministerio de Bienes Nacionales liderado por Javiera Toro Cáceres. Ante esto, debido a la falta de elementos para realizar un análisis de tal política, OLCA solicitó en octubre de 2o22 vía transparencia conocer parte de la información que deberían manejar organismos estatales. Concretamente: la lista de solicitantes de terrenos fiscales del Plan de Fomento a la Producción de Hidrógeno Verde en Territorio Fiscal, la lista de adjudicación de concesión onerosa de los terrenos, su localización y extensión, contratos y decretos aprobatorios de contratos de cada terreno.

Tras la tramitación de la solicitud, la Subsecretaría de Bienes Nacionales señaló que se recibieron 33 solicitudes con proyectos que pretenden desarrollarse en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la de Magallanes y la Antártica Chilena, las cuales fueron revisadas por un equipo representado por el Ministerio de Energía y de Bienes Nacionales, acogiéndose a trámite un total de 15. Sin embargo, en su respuesta el organismo afirmó que «no es posible entregar la información solicitada» en relación a la consulta ingresada, basándose en que sus «expedientes administrativos se encuentran actualmente en proceso en las regiones respectivas».

Ante tal respuesta, OLCA ingresó un reclamo al Consejo para la Transparencia a inicios de noviembre de 2022, el cual aún se encuentra en tramitación y denuncia una ilegalidad por parte de Bienes Nacionales al no facilitar la entrega de los antecedentes solicitados, señalando que «la información solicitada es de carácter público y que se presume relevante en los términos de la ley, fue denegada sin existir causal para aquello».
Este hecho da paso a cuestionar la transparencia que cuenta el procedimiento de materialización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde iniciada por Piñera y continuada por Boric, además de tener en cuenta la utilización de terrenos fiscales para cuestionados proyectos energéticos por sobre dar solución concreta a las familias que se ven empujadas a ocupar terrenos de propiedad estatal para vivir ante la crisis habitacional que nos azota, a quienes se las ha respondido con criminalización y desalojos.

Así, nos encontramos ante una política pública que, utilizando recursos fiscales, vuelve a contribuir a los bolsillos del empresariado nacional y transnacional por sobre dar siquiera una revisión y auditoría a la gestación de la Estrategia Nacional, la cual no contó con participación de la población y menos con una Evaluación Ambiental Estratégica.

En otras palabras, este negocio del “Hidrógeno Verde”, aparte de provocar enormes daños al patrimonio natural del país, perjudicar gravemente a las comunidades y no significar beneficios para la población, tiene como mayor objetivo incrementar el lucro de corporaciones y sus accionistas, que especulan en bolsas de valores y esconden sus ganancias y transacciones en la opacidad de los paraísos fiscales.

Al operar en los llamados paraísos, refugios o guaridas fiscales, estas corporaciones se acogen a regulaciones fiscales y legales muy ventajosas por medio de las empresas que constituyen en esos lugares. Ventajas que les permiten ocultar información y obtener una variedad de exenciones tributarias que no tienen en los países de origen y/o donde desarrollan sus proyectos.

Un ejemplo de como se desarrollan estas oscuras operaciones se puede ver en el caso de Engie, que fue beneficiada por el gobierno chileno con un co-financiamiento de US$9.533.668 para su proyecto “HyEx – Producción Hidrógeno Verde” mientras estaba sometida en Europa a un juicio por evasión de impuestos. Una investigación de la Comisión Europea descubrió que Luxemburgo había permitido a empresas del grupo Engie evitar el pago de impuestos de casi todas sus ganancias durante varios años.

Según la revista jurídica European Papers, “varias resoluciones fiscales concedidas por las autoridades luxemburguesas entre 2008 y 2014 avalaron un complejo esquema de transacciones financieras entre cuatro empresas del grupo Engie, todas ellas constituidas en Luxemburgo con arreglo a la legislación luxemburguesa. Más concretamente, las operaciones dieron lugar a un híbrido financiero que provocó una no imposición doble, ya que los mismos ingresos se trataron simultáneamente como deuda -un préstamo cuyos intereses eran deducibles- y como fondos propios -una inversión exenta de impuestos según la legislación fiscal luxemburguesa-. Según la Comisión, el esquema permitió a Engie evitar la tributación del 99% de las ganancias”.

Al concluir su investigación, la Comisión Europea emitió una orden de recuperación por unos 120 millones de euros adeudados por Engie. Luxemburgo y Engie interpusieron recursos para anular la sentencia, pero el Tribunal General de la Unión Europea desestimó las impugnaciones y confirmó la decisión de la Comisión.

Por otra parte, Engie mantuvo también negocios con la financiera constituida en Islas Caiman, TPG Pace Beneficial Finance Corp, a través de su filial EVBox.

Lo más preocupante es que esta forma de operar es una práctica corriente en varias corporaciones que se aprovechan de las condiciones favorables que encuentran actualmente en las políticas del Estado chileno.

Con mayor preocupación se observa cómo estas grandes empresas, con el soporte estatal servil e incluso ahora con un gobierno que se dice ecologista, continúan impulsando la masiva instalación y desarrollo de proyectos de energía para la exportación y la minería, agudizando la actual crisis hídrica y la inutilización de amplios territorios.

No hay que olvidar que el hidrógeno se extrae del agua y su producción requiere agua, electricidad y la ocupación de extensos campos para los parques termo-solares, fotovoltaicos y eólicos, de instalaciones termoeléctricas a biomasa e hidroeléctricas de pasada, mas largas franjas de terreno para las líneas de transmisión eléctrica. Una producción que depende, por su definición de “verde”, del uso de energía cuya calidad de “renovable” y “limpia” es altamente cuestionable.

La propaganda corporativa presenta todo este negocio de manera aparatosamente “verde”, como si fuera una pintura milagrosa con la que tratan de maquillar cuanta actividad altamente contaminante y destructora del ambiente terráqueo o atmosférico les sea necesario: economía verde, minería verde, amoniaco verde, fundiciones metaleras verdes, aviación verde, etc. No por casualidad, las principales gestoras de fondos de inversión mundial que promueven esta explotación en Chile, tales como BlackRock, Capital Group y Vanguard Group son las mayores inversoras en las más grandes corporaciones globales de comunicación, las cuales a su vez tienen como cajas de resonancia local a las empresas corporativas criollas de comunicación masiva.

Todo esto ocurre básicamente porque en lugar de diseñar una política nacional de energía con participación ciudadana y orientada a satisfacer las necesidades de la población con el empleo racional de recursos, la clase política optó por poner el patrimonio natural energético del país al uso y usufructo del capital financiero internacional.

De este modo, para los hogares de todo el país siguen subiendo los precios de la electricidad y los demás insumos de energía y numerosas comunidades se enfrentan además al deterioro en sus condiciones de vida por los impactos de los mencionados proyectos.

<sub>Un tramo de parte de la destrucción que deja una pequeña central hidroeléctrica de pasada
(Central Dongo), considerada de energía renovable y aprobada con simple Declaración de Impacto
Ambiental, en la comuna de Chonchi, Chiloé. Foto: o-tek.com.

Aerogeneradores cerca de las viviendas del Comité Campos del Sur, Renaico, Región del Bío Bío. Proyecto de ENEL (Italia) de 2 parques con 32 de
estas torres de 130 metros de altura. Foto: OLCA

Torres eólicas cerca de viviendas en Negrete, Región del Bío Bío.. Parque de WPD (Alemania), con 10 de estos aerogeneradores
Foto: OLCA

Torres eólicas cerca de viviendas en El Ciruelo, Región del Bío Bío. Parques eólicos de AES Corporation (Estados Unidos), con 44
de tales aerogeneradores en el proyecto Campo Lindo. Foto: OLCA.</sub>

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