Empresarios turísticos reclaman ayudas al Gobierno de Perú y piden que «se brinden garantías» para que los turistas puedan visitar el parque arqueológico, dijo a Sputnik Maycol Ugarte, de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu. El parque reabre sus puertas el 15 de febrero tras meses cerrado por las protestas y la pandemia de COVID-19.
El sector turístico no ha estado ajeno al clima de tensión e inestabilidad política que se vive en Perú desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que se destituyó al expresidente Pedro Castillo y se desató una severa crisis institucional en el país sudamericano.
Desde la salida de Castillo y la asunción de la actual mandataria Dina Boluarte, diversas protestas ciudadanas se han sucedido en el Perú, en especial en la zona sur del país. Al menos 60 civiles han fallecido producto de la represión a las protestas sociales por parte de las fuerzas del orden, y alrededor de 1.300 civiles y 580 efectivos policiales han resultado heridos desde el inicio de la crisis, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Uno de los daños colaterales de la crisis política y social peruana ha sido la industria turística y en especial para el principal destino del país: la ciudad de Cusco, el Valle Sagrado del Cusco y Machu Picchu, sitio arqueológico que por las protestas debió cerrar el ingreso de turistas desde el 21 de diciembre de 2022.
En conversación con Sputnik, Maycol Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, lamentó la conmoción social y política que atraviesa el país y advirtió que el turismo «es una actividad muy sensible» a este escenario. En ese sentido, señaló que la reapertura de Machu Picchu «se ha frustrado nuevamente producto de este conflicto» tras 18 meses de clausura a la actividad tras la pandemia por COVID-19.
La imposibilidad de abrir el destino provocó, apuntó Ugarte, «cancelaciones del 85% de los paquetes que ya se tenían acordados», perjudicando a todos los operadores turísticos de la zona.
«Si no tenemos turistas no podemos continuar de forma sostenible la cadena de pagos, porque no hay quien sostenga», reclamó Ugarte, recordando que el distrito Machu Picchu vive casi exclusivamente de la actividad turística.
Para Perú, el turismo no es una industria menor: el sector aporta alrededor de 4.500 millones de dólares al año, es decir, un 2,5% del PIB peruano, según datos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.
Reapertura de Machu Picchu
El representante de los empresarios turísticos de Machu Picchu calificó como algo «muy positivo» que el destino vuelva a recibir turistas desde el 15 de febrero, pero advirtió que es clave que «se brinden las garantías para que se desarrolle la actividad turística con plena normalidad».
«Todos tienen que participar en reactivar la imagen de Perú como destino turístico. Se tienen que retomar los estándares de confianza para que nuevamente podamos vender el destino Machu Picchu y Perú», destacó.
Ugarte reconoció que existen compromisos por parte de entidades gubernamentales para poder garantizar que la operación turística desde Cusco al Valle Sagrado de Machu Picchu pueda darse con normalidad.
En esa tarea aparece la Policía de Turismo, un cuerpo policial especializado en los destinos turísticos, que se ha comprometido para garantizar la seguridad en «un corredor turístico» que comprende el trayecto desde y hacia Ollantaytambo, una localidad que suele usarse como punto de partida hacia las ruinas.
Subvenciones o ayudas
Ugarte confirmó «acercamientos» con el Gobierno de Dina Boluarte y «a nivel de las diferentes cámaras y gremios a nivel nacional» en la búsqueda de canalizar algún tipo de apoyo o subvención económica tras el cierre de Machu Picchu.
«Hemos tocado las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que podamos canalizar un apoyo porque no ha sido solo la coyuntura política peruana actual, venimos paralizados 18 meses por la pandemia [por el virus SARS-CoV-2], donde no hemos podido generar un centavo por el confinamiento», destacó.
Por ahora, el Ejecutivo ha respondido proponiendo el plan Reactiva III, un programa económico «que tiene como objetivo dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto del COVID-19», pero orientado al sector turismo que, reafirman los operadores, «lo estaba pasando muy mal».
«Vemos que pronto se puedan dar estas coordinaciones y aterrizar en cuestiones concretas a través de la cámaras de comercio y los ministerios. Que se canalice a través de entes supervisores para poder ser beneficiados por esos fondos», subraya Ugarte.
Mesas de diálogo con comunidades campesinas
Ugarte destacó, a su vez, la necesidad, como sector privado, de fortalecer las brecha de comunicación con las comunidades campesinas del sector junto a una mejor «redistribución de los márgenes de utilidades» en lo que se refiere a productos y servicios turísticos.
«Hay un trabajo coordinado que tiene que haber con los operadores de turismo para que los que participamos de la cadena productiva del sector turístico podamos tener tarifas para que todas las comunidades vean porcentajes de utilidad», puntualizó.
Ugarte aseguró que la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu está comprometido con que «el sector turístico se vuelva inclusivo y que podamos replantear el tema de costos y beneficios para pequeños y medianos empresarios de las comunidades». En ese sentido, indicó que existe un «frente de defensa de las comunidades», con la intención de pensar en los habitantes de la zona y no solo en las utilidades de los operadores turísticos.
Ugarte hizo un llamado «a todos los hermanos de Latinoamérica para que puedan visitar Machu Picchu. Es un destino seguro, que tiene muy buenos hoteles, restaurantes, guías, artesanía y gente muy amable», concluyó
Fuente Sputnik