Indígenas cholultecas exigen consulta sobre plan urbano para evitar abusos

Pobladores indígenas del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, exigieron al Ayuntamiento cumplir con la consulta para hacer, con sus propuestas, un nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), pues consideran que el proyecto actual abre la puerta a la imposición de proyectos inmobiliarios.

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Desde 2018, los siete pueblos originarios cholultecas mantienen una lucha legal y burocrática para lograr un programa que permita el crecimiento «natural» de la zona, ante los cambios de uso de suelo que el gobierno municipal han permitido para la construcción de fraccionamientos y corredores comerciales.

Pese a lo anterior, denunciaron que la actual administración del panista Edmundo Tlatehui Percino insiste en proponer un plan que «favorece la invasión inmobiliaria», sin importar que la especulación del precio de la tierra ha desplazado a los pobladores.

En conferencia desde la plancha del zócalo de la capital de Puebla, la agrupación Cholultecas Unidos en Resistencia demandó que se realice un programa «construido por los pueblos, para los pueblos y que proteja su identidad».

Con pancartas en las que se leía «No queremos inmobiliarias», «No a los pozos profundos» y «Tlatehui, nuestro territorio es nuestro», los pobladores refirieron las afectaciones que causó la expropiación de tierras en lo que hoy es la exclusiva zona de Angelópolis, con el gobernador priista, Mariano Piña Playa.

Piden conservar tierras ejidales

Los cholultecas denunciaron que el proyecto de PMDU planteado por el actual Ayuntamiento pretende cambiar el uso de suelo de tierras ejidales en Camino Real a Santa Clara, para permitir la construcción de hasta 300 casas.

El argumento de la Comuna es que estas tierras son «terrenos baldíos» por lo que «urge» su urbanización, pero para los pobladores son de siembra.

De concretarse en el plan municipal, se podrían construir hasta 300 casas por hectárea, lo que alerta a los pobladores porque la construcción de un proyecto de vivienda causaría la especulación del valor de las tierras.

También advirtieron que se planea delimitar lotes en la carretera federal a Atlixco y en otras avenidas principales, por lo que temen la construcción de corredores comerciales.

Consulta indígena, pendiente desde hace 4 años

En 2019, los pobladores consiguieron de un juzgado federal un amparo para frenar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que la administración del entonces alcalde Leoncio Paisano Arias pretendía imponer.

Lo anterior porque no realizó una consulta indígena previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada con los siete pueblos originarios, como lo estipula la Constitución.

Los representantes de los pueblos de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla, San Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac y San Andrés Cholula, refirieron que llevan cuatro años en asambleas, talleres y mesas de trabajo para lograr un proyecto que proteja el territorio.

Remarcaron que para la aprobación del PMDU es necesario concretar las asambleas indígenas y no sólo una consulta general, en respuesta a las declaraciones del secretario de Desarrollo Urbano municipal, Eduardo Martinez González, quien afirmó que hay respaldo de la comunidad al proyecto de Tlatehui Percino.

La consulta se encuentra en etapa «informativa», luego de que se acordó con el gobierno municipal el protocolo, por lo que está pendiente la deliberación.

Anuncian acciones informativas contra gentrificación

El frente de Cholultecas Unidos en Resistencia anunciaron que a partir del 24 al 26 de febrero habtá una campaña informativa para la consulta del PMDU y la defensa del territorio llamada «Nican ticate cholulteca altepeme».

En las viviendas de Cholula se exhibirán murales de artistas de Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Tlaxcala y Chiapas, quienes «plasmarán el pensar de los pueblos a través del arte» y de manera solidaria en defensa del territorio.

Tambien habrá campañas de concientización para plantear propuestas de desarrollo que privilegien el crecimiento «natural de los pueblos», así como un ordenamiento «comunitario y participativo» de la tierra en Cholula.

Señalaron que su territorio ha sido «atacado» por la invasión inmobiliaria, pues la construcción de fraccionamientos de lujo, clústers, edificios, grandes avenidas y centros comerciales los ha desplazado y causado un crecimiento urbano desordenado.

Denunciaron que hay falta de regularización de predios y la escrituración es costosa, pues conseguir certeza legal de un predio en la cabecera municipal puede costar hasta 400 mil pesos, lo cual es imposible pagar.

Consulta, derecho de los pueblos originarios

El Estado mexicano tiene la obligación de considerar la participación de los pueblos originarios, ante los distintos acuerdos firmados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la legislación federal vigente.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas estipula que los gobiernos tienen en la responsabilidad de «desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos».

El acuerdo también refiere en su artículo 6 que el Estado debe consultar a los pueblos interesados «mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente».

Asimismo, el aparato B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indicó a la letra que «La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos».

En tanto, la fracción IX de dicho apartado indica que se deberá «consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen».

Ilustración: Iván Rojas

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