Surgen nuevas aristas en el caso de la cuestionada licitación de cámaras corporales (GoPro) para Carabineros, realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2021, cuando Katherine Martorell ejercía como titular en el cargo.
Pegasus, firma que perdió la adjudicación frente a Motorola Solutions, presentó una ampliación de querella contra la abogada Patricia Sepúlveda Rogel, exjefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito por fraude al fisco, falsificación de documento público, falta de cooperación pública, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Según reveló la unidad de investigación de Bío Bío Chile, Sepúlveda ejerció el cargo entre septiembre de 2020 y hasta el cierre del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en marzo de 2022.
En concreto, el recurso judicial -ingresado el pasado martes 21 de febrero ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la abogada de Pegasus, Montserrat Rodríguez Ferrer- plantea que Sepúlveda, mediante informes emanados en su condición de jefa jurídica, buscó ocultar que las cámaras no cumplían la función de “post recording”.
Asimismo, acusa que -junto a la entonces Subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell- internamente y en público realizaron un “cierre de filas” para mantener a firme la adjudicación. Esto a pesar de los cuestionamientos de la Contraloría General de la República, la Dirección de Compras Públicas y el Tribunal de Compras Públicas, que detectaron un conjunto de irregularidades existentes en el proceso y la posterior ejecución de su contrato.
La querella establece que Motorola no presentó información clave para la evaluación de la licitación, lo que generalmente genera que la propuesta sea declarada inadmisible. Sin embargo, en este caso el organismo dirigido entonces por Martorell justificó la adjudicación con el análisis de información disponible en la web oficial de la empresa, cuyo chequeo habría sido realizado en su momento por la comisión encargada de revisar las postulaciones, señala Bío Bío Chile.
Según Pegasus, durante la revisión de los metadatos de los documentos ingresados en la licitación reveló que éstos fueron creados con posterioridad a cualquier análisis efectuado por la comisión evaluadora y la adjudicación. Por lo que acusan que es imposible que hayan revisado dicha información a la hora de determinar un ganador.
“Pareciera ser que buscan encubrir el actuar tratando de ocultarlo bajo el manto de que se trataría de una cuestión administrativa, sin mayor relevancia jurídica, incluso señalando que mi representada estaba ‘picada’ por no haber sido adjudicada”, plantea el libelo, citado por el referido medio.
La empresa señala que Sepúlveda informó que nunca existieron irregularidades en la licitación, «a sabiendas de que no correspondía la adjudicación, en pleno conocimiento de que el post recording fue incorporado con posterioridad a la evaluación, a la adjudicación, a la resolución del recurso de reposición administrativo y a la entrega de los bienes».
Al ser consultada por la Unidad de Investigación de BioBioChile sobre la ampliación de querella, Patricia Sepúlveda indicó: “Me sorprende su presentación considerando que asumí el cargo de jefa de división en septiembre de 2020, a más de 6 meses de concluido el proceso de licitación”, aseguró.
Según la abogada que desde su salida del Gobierno se desempeña en el ámbito privado en el estudio jurídico Herrera Merino, su “participación se limitó a comunicar a la empresa que desarrollaba el proyecto las instrucciones del fiscal de la causa, así como a proveer de información a este último, cuestión que era inherente al cargo que desempeñaba”.
Tribunal declaró ilegal licitación de cámaras
Cabe recordar que en enero de 2022 el Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró este jueves como ilegal la licitación de cámaras corporales (GoPro) para Carabineros, realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2021, cuando Katherine Martorell ejercía como titular en el cargo.
La licitación favoreció a la empresa Motorola, por un monto de 378 millones de pesos, a pesar de que el equipamiento no cumplía con la función de pre y post grabado de 120 segundos respectivamente. Es decir, una vez que fuera activada al inicio de un procedimiento policial registrara los dos minutos precedentes y, una vez apagada, lo hiciera por la misma cantidad de tiempo, permitiendo de esta manera contar con un registro posible de ser utilizado como prueba ante la Justicia.
Así, la resolución estableció que Motorola ni siquiera debió participar en la evaluación por parte de la Comisión Revisora, lo que demuestra un incumplimiento de las bases. Sin embargo, el tribunal reconoció que la empresa ganadora corrigió la deficiencia que presentaba su equipamiento, lo que evitó un perjuicio para las arcas fiscales pese a que la acción tendiente a subsanar tal deficiencia técnica retrasó la implementación del recurso.
Cabe destacar que Martorell, asumirá a partir del próximo lunes 6 de marzo- su rol como uno de los 24 expertos designados para el nuevo proceso constituyente.
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