2023: Asumir el fracaso para superar la derrota y retomar la iniciativa política 

Por Aland Castro, presidente de la Fundación FEMAN.

Décadas de pacto social neoliberal se pusieron en serio cuestionamiento en octubre de 2019. La revuelta social politizó a amplios segmentos de la sociedad. Sin embargo, la ausencia de organización política y programa transformador hizo que la enorme energía social liberada en las jornadas de protesta no se tradujera en cambios que beneficiara al pueblo de forma concreta. Los partidos, desacreditados e impugnados, acordaron una salida institucional a la crisis: la posibilidad de un cambio constitucional. Un proceso constituyente de poder derivado que permitiera abrir un proceso democratizador. Posibilidad que se jugó –en medio de la pandemia y la crisis económica- en un proceso abierto del cual salimos profundamente derrotados. Nuestro fracaso político aceleró la restauración neoliberal con sus consecuencias des-politizadoras.

Entender las causas del fracaso y asumir nuestros errores es fundamental para superar este estado y retomar la iniciativa política. Este texto busca contribuir en dicha tarea. No se trata, por tanto, de un ejercicio intelectual que mira los hechos como “objeto de estudio” sino de una reflexión política que busca orientar la acción militante de hoy.

La derrota

En octubre de 2019, amplios sectores de la sociedad chilena se volcaron a las calles para manifestar su descontento. El agotamiento del modelo neoliberal había hecho constate y más agudo los abusos, las injusticias y las desigualdades sociales. El sueldo no alcanzaba a llegar a fin de mes, las jubilaciones te empujaban a la pobreza, los precios no paraban de subir y el gobierno parecía solo interesado en perseguir de manera desproporcionada a estudiantes secundarios.

El cierre del metro, el colapso del sistema de transporte público y la imagen de jóvenes heridos, gatilló una gran concentración de trabajadores en el centro de la capital. La estrategia autoritaria del gobierno profundizó y amplificó la revuelta. El desconocimiento de las legítimas causas, la represión policial y sobretodo la intervención militar abrió una fractura entre el gobierno y la mayor parte de la sociedad. Las protestas se extendieron a regiones, pueblos, barrios, grupos sociales… todos tenían una razón concreta para protestar a pesar de no existir un petitorio unificado.

Esta irrupción del pueblo en el espacio público tuvo múltiples expresiones, pero en su base estaba la demanda por el mejoramiento en las condiciones de vida. La consigna “no son 30 pesos, son 30 años” enfatizaba en la crítica a la elite política de la transición que no solo se había alejado de la sociedad sino también de su tarea de resolver los problemas sociales, pero ocultaba que, en cierto sentido, la protesta también era por los “30 pesos”. Los bajos sueldos y jubilaciones eran también un motivo evidente de la manifestación.

La profunda derrota de 1973 y la salida pactada a la dictadura, en el marco del derrumbe de los socialismos reales a fines de los años 80, golpeó seriamente a los partidos de izquierda en los años 90. Se debilitaron notablemente en su ámbito ideológico, cuya expresión más grave es la usencia o débil militancia existente en la sociedad (antes llamados frentes de masas). La crítica legitima a las desviaciones autoritarias de la izquierda del siglo XX se transformó rápidamente en una caricatura al pasado que se utiliza para justificar el abandono del proyecto político – colectivo y la necesaria y fundamental tarea militante en las bases de la sociedad.

Otras expresiones de esta debilidad ideológica es el vanguardismo, idealismo y ultra izquierdismo que no son posiciones más radicales o avanzadas, como se pudiera o quisiera creer, sino otras formas ideológicas de evitar la militancia en la sociedad (fuera de las zonas de confort).

De esta forma, cuando el pueblo se volcó a las calles no lo hizo organizado y dirigido por la izquierda u otro sector político. Más bien parece haber respondido a sus memorias colectivas. Por ejemplo, en octubre desde los movimientos convocamos a “marchas” y la gente realizó “concentraciones”. Con todo, la izquierda y sectores progresistas, movimientos sociales y gremios, logramos dotar de cierto contenido a la protesta. Esto permitió a los partidos con representación parlamentaria acordar una salida institucional a la crisis: la posibilidad de un cambio de Constitución. Se habló de una agenda corta que abordara la urgencia de la necesidad económico-social pero finalmente nunca se materializó. La nueva Constitución de algún modo debía abordar y resolver también las demandas inmediatas (un contra sentido o absurdo).

Aquí se puede observar las primeras separaciones entre la demanda social y la respuesta política. La negativa a una inmediata redistribución material obligó a la gente a exigir posteriormente retiros de sus fondos previsionales (Los 10%).

En octubre de 2020 todavía la sociedad se identificaba con el proceso constituyente (80% de apruebo), sin embargo, las señales de separación continuaron: Muchos constituyentes ya en ejercicio centraron sus prácticas y relatos en sus causas particulares desconectándose se la enorme crisis sanitariaeconómica y político-social que sufría la mayoría fuera del Palacio Pereira.

El abrumador respaldo en el plebiscito de entrada, el supuesto éxito alcanzado en asegurar derechos sociales en el borrador y el triunfo en la elección presidencial nos hizo perder de vista que ni el estallido ni el 80% eran “absolutamente nuestros”, (como no es de la derecha el 62% del rechazo). Subestimamos a nuestro adversario, nos descuidamos, y ocurrió lo predecible. La derecha económica y política emprendió una campaña con todos sus medios y sin límite moral contra la Convención y el borrador desde el día uno, lo que le permitió conseguir avances prácticamente irreversibles hacia julio de 2022, momento en que nosotros recién nos planteamos iniciar una campaña por el apruebo de salida. Prueba de esto es que nos tuvimos que centrar en desmentir las ideas instaladas por la oligarquía en la población. Esto ha generado algo de “confusión” en algunos o ha servido de excusas para otros que han transferido la responsabilidad de la derrota en la supuesta negligencia o ignorancia del pueblo (“perdimos porque el borrador no se leyó o no se entendió”, han llegado a decir).

En la Convención desapareció del discurso la división de clases y sobre todo la división entre pueblo y oligarquía. Hubo un desvío desde las razones que dieron origen al estallido (demanda de bienestar material principalmente) y lo que se terminó planteando en la Convención. La retórica idealista y vanguardista contra la violencia simbólica opacó la demanda social concreta. Por ejemplo, la idea de una “vivienda eco-feminista” garantizada en la nuevas Constitución predominaba en la Convención hasta que los movimientos de pobladores se hicieron parte de la elaboración del artículo.

Otro ejemplo ilustrador y pertinente fue el menosprecio hacia instituciones como la nación chilena y la familia. Una cosa es oponerse en un debate conceptual al nacionalismo o al tradicionalismo (fundamentos teóricos de la derecha) y otra muy distinta es proponer a una sociedad real, concreta, un orden constitucional que relativiza los fundamentos sobre los cuales ha construido sus pocos espacios de seguridad. En los 70 o 100 años de lucha del movimiento de pobladores la bandera chilena y la familia popular ha jugado un papel fundamental, fueron estos componentes, más una virtuosa alianza con la izquierda política, la que le permitió conquistar la ciudadanía. Esto explica que las mentiras de la derecha -que también estuvieron en el plebiscito de entrada- hicieran sentido a la población en 2022 y no en 2020.

Las capas medias conducidas por sus partidos, sienten que ellos son el sujeto transformador (vanguardismo y mesianismo). Tienen la percepción de que el sujeto trabajador y popular perdió su potencial político. Muchas de estas ideas fueron instaladas en los años 90 en las facultades universitarias por docentes (ex militantes) que anunciaron el fin de la historia, la izquierda y el pueblo. Lo que sí había de organización en el mundo popular lo percibieron solo como correa transmisora de sus propias ideas políticas, por lo tanto, no se dieron a la tarea de fortalecerlo. Se perciben erróneamente como sistematizadores de las necesidades y reivindicaciones populares. Creyeron que el sujeto popular los seguiría y aceptaría lo que ellos postularan de manera a-crítica. Al igual que la oligarquía percibe al pueblo como un objeto (beneficiario) de la política y no como un sujeto político (en potencia).

No se consideró que el trabajo era articular, favorecer la constitución de ese sujeto, dotarlo de contenido, darles coherencia a sus luchas, es decir, desarrollar su potencial (como si lo hacía la estigmatizada izquierda del siglo XX). La tarea prioritaria no estaba dentro de los muros del viejo congreso sino en las bases de la sociedad. Si bien reconocemos que algunas constituyentes realizaron consultas y despliegues territoriales, por las razones antes señaladas, en la Convención predominó una cultura política que la alejó de las personas “comunes y corrientes”.

El texto y cuerpo constituyente terminó pareciéndose demasiado a aquello que desde la calle se impugnó. Un ejercicio de elaboración constitucional de una elite progresista (ya no oligarca) que, de todas formas, puso en el centro sus agendas propias por sobre la de las clases trabajadoras y populares. Sobre este error concreto operó la derecha instalando sus mentiras. En esta derrota política se perdió el enorme trabajo realizado por algunas y algunos constituyentes y el proceso de elaboración participativa del artículo de vivienda por ejemplo.

¿Qué hacer?

La tarea prioritaria es construir el sujeto popular. No podemos seguir encapsulados en los nichos propios, hay que ir a trabajar con la gente, como históricamente lo hizo la izquierda. El voto obligatorio reintegró a amplios sectores marginados que ahora pueden definir una elección.

No se organiza al pueblo de la nada, la historia deja enseñanzas que debemos recoger. El sujeto popular, al igual que la clase trabajadora, debe construirse y formarse en sus luchas reivindicativas, aquellas batallas que le permiten conquistar derechos y mejores condiciones de vida, en las que aprende la importancia de la organización y lucha, en la que se moraliza y toma conciencia de sus capacidades, en las que se conecta con la política y el sistema económico.

Durante el estallido pudimos ver cómo la lucha concreta permite elevar los niveles de conciencia en el pueblo. La actual sociedad chilena conoce del poder de los patrones, pero también sabe de su capacidad destituyente, impugnadora. Lo que falta desarrollar es el elemento político, proyectual, y para eso la organización política y el programa es fundamental. Pero sin suplantación ni atajos.

Debemos avanzar en la constitución de una idea de mundo posible, un programa que guie las luchas y permita alcanzar triunfos concretos que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos y que, en el mediano plazo, nos permita revertir las derrotas electorales, mantener, multiplicar y fortalecer los espacios organizativos que le den soporte y posibilidades reales al gobierno en su tarea de abrir el proceso democratizador. Ese programa no surge de un ejercicio de expertos ni de las encuestas sino de las prácticas reivindicativas concretas.

No se trata de idear consignas y solo convocar a través de redes virtuales. Tampoco de suplantar al pueblo en sus tareas, por muy convencidos que estemos de la bondad de nuestros planteamientos. Debemos cambiar la manera de trabajar los procesos formativos y entender la importancia de abrir la participación a los espacios de gestión a parte del pueblo (politización en la lucha reivindicativa sin suplantación del protagonismo popular).

Creemos que la clave está en estos procesos de formación política de la sociedad. En un día de lucha el pueblo aprende más que en mil días de pasividad. La lucha concreta por los derechos, como la vivienda, las pensiones o la educación, produce un aprendizaje en el pueblo. Se aprende a pelear y que la pelea permite conquistar derechos y mejoras concretas a las condiciones de vida.

Debemos dar impulso al proceso transformador. El malestar social y las reivindicaciones materiales siguen vigentes. Las bajas pensiones, las condiciones laborales, los problemas asociados a los salarios y la inflación, la crisis habitacional, así como la crisis de seguridad, son problemas sociales abiertos por los cuales debemos luchar. Tenemos por un lado las “urgencias ciudadanas” y por otro las “reformas estructurales”, ubicando del lado de las primeras la seguridad, el costo de la vida y el sistema de salud, mientras entre las segundas están la reforma tributaria, la reforma de pensiones, las 40 horas y una “agenda antiabusos”. Conectar ambas agendas es una tarea política de primer orden para el gobierno.

Ya sea que se esté en la institucionalidad o en el movimiento social lo que corresponde hacer es actuar con responsabilidad ante nuestro pueblo. Con responsabilidad histórica ante la crisis que nos ha tocado enfrentar. La militancia debe ser responsable y rigurosa. Hemos sufrido en carne propia los costos de los errores, la búsqueda de atajos y la comodidad. El naufragio de esta posibilidad lo pagaremos con una Constitución y un gobierno abiertamente autoritario.

Ante la ausencia de proyecto político, es decir, de los y las trabajadoras, requerimos con urgencia dotarnos de una mínima fuerza social que enfrente a la política de los dueños del poder y la riqueza. Partir constituyendo la fuerza propia para este escenario.

Del mismo modo debemos generar una instancia aglutinadora y unitaria que permita retomar la movilización social tras las demandas sociales y políticas expresadas en la revuelta del 2019 y en el sentir del pueblo en 2023. Pasar de la fuerza propia a una política de masas.

Levantar el protagonismo de los actores sociales, populares y trabajadores. Es urgente que el gobierno se vincule políticamente con los actores sociales, a los que podría recurrir para acrecentar su propia capacidad de negociación, invitándolos a construir en conjunto y defender el programa actualizado. La sola disputa por los votos en la esfera legislativa no garantiza la concreción del programa. Además, nuestra representación parlamentaria es minoría y en algunos casos con una dinámica personalista e identitaria entre sus integrantes, la misma de la que se acusó en su momento a la Convención.

La necesidad de considerar e implicar en forma gravitante a los actores sociales y populares, abre la posibilidad de avanzar en la conformación de un articulado social y político que le de soporte a la agenda transformadora y permita avanzar en revertir la derrota.

Si no corregimos rápidamente el rumbo y de verdad damos un golpe de timón, se profundizará la desafección de la política, fortaleciendo posiciones individualistas de mercadeo: lo peor de la mirada de mundo instalada durante los decenios del neoliberalismo.

Por Aland Castro, presidente de la Fundación FEMAN.