A través de una declaración pública, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile, manifestó su «profunda preocupación» por la militarización de las fronteras en el norte del país y por el posible uso de armas letales en contra de personas migrantes.
«En los últimos meses, hemos visto con consternación cómo el gobierno ha intensificado su política migratoria, con el fin de limitar la entrada de ciudadanos extranjeros en el país», señalaron desde la agrupación en su comunicado.
«Hace pocos días, el Presidente Gabriel Boric firmó un decreto con fuerza de ley, sobre el cual tomó razón Contraloría, para posibilitar el despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera Norte del país, con el fin de frenar la migración irregular. En dicho Decreto también expresa los pasos previos al uso de armas letales», añadieron desde la Red.
«Este despliegue militar, junto con la presencia de armamento, han generado un clima de temor y violencia, que afecta gravemente a los Derechos Humanos de las personas migrantes», agrega el comunicado.
¿Ayuda humanitaria?
Para la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes, resulta «alarmante que estas medidas sean aplicadas en su mayoría a ciudadanos/as, que migran producto de crisis humanitarias sin precedentes en sus países de origen».
«Estas personas, en lugar de recibir protección y ayuda humanitaria, se enfrentan a un sistema racista que los estigmatiza, discrimina y criminaliza», manifestaron en su declaración.
«No podemos permanecer en silencio ante estas prácticas inhumanas e injustas. Exigimos al gobierno de Chile que deje de utilizar la militarización como método para controlar la migración, y que en su lugar implemente políticas migratorias que garanticen el respeto a los derechos humanos de todas las personas», puntualiza el texto.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado «a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de Derechos Humanos, a que se pronuncien en contra de estas prácticas, y que insten al gobierno de Chile a tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes».
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