Después de 43 días de protestas de los campesinos de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, el Gobierno colombiano ha llegado este domingo a un acuerdo con los representantes del gremio para poner fin a la crisis. Los enfrentamientos dejaron un policía y un civil muertos, además de provocar la retención de 79 uniformados a los que luego se logró liberar.
«Termina el diálogo entre el campesinado del Caguán y el Gobierno. Varios días en el lugar», anunció en su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro.
Estos son los puntos clave que ambas partes lograron pactar:
- Creación de una comisión mixta de derechos humanos
La comisión estará compuesta por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, las direcciones de derechos humanos del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, y representantes de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas). Los campesinos podrán recibir dicha asistencia en los procesos en su contra por la protesta social en Los Pozos del 2 de marzo.
- Contacto directo con Esmerald Energy
El Gobierno estará en contacto directo con la empresa Esmerald Energy y se creará una mesa técnica «para revisar las condiciones de cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión y las solicitudes realizadas por los delegados de la comunidad que versan sobre la compensación ambiental y social del proyecto Capela».
También comenzarán las obras de pavimentación de la vía San Vicente del Caguán – Los Pozos – Delicias.
- Integración de los acuerdos del 14 de octubre de 2022
Los acuerdos de Altamira (mesa técnica de Campesinos y de Indígenas), Villavicencio, Lejanías, Solano y el Acta del 14 de octubre de 2022 serán integrados en uno solo para que «se visibilice y organice su cumplimiento».
Una comisión conjunta con representantes del Gobierno y las comunidades será la encargada de «revisar y ajustar el contenido, la metodología de ejecución y contratación del equipo técnico de las organizaciones sociales».
- Coscopaas como «interlocutor válido»
La Coordinadora Coscopaas será reconocida por el Gobierno colombiano «como interlocutor válido de un conjunto de organizaciones sociales de Caquetá, Meta y Guaviare».
Las partes promoverán una economía para la biodiversidad, el ecoturismo, etnoturismo, agroturismo y la extensión forestal permanente. También se revisarán «los modelos para la transición y reconversión de la actividad ganadera y la industrialización de la producción campesina, con apoyo y financiación por parte del Estado».
- Fin del plan Artemisa
Las autoridades dejaron constancia de que el plan Artemisa de la Administración anterior, enfocado en la prevención de la deforestación y criticado por la participación de militares, «dejó de ser implementado debido a los cambios de política en materia de defensa, seguridad y medioambiente» impulsada desde el Ministerio de Defensa. El Gobierno se encuentra «en el proceso de revisión, modificación y derogatoria de las políticas que considere contrarias a sus nuevos lineamientos estratégicos».
«Con las comunidades, se trabajará en el marco de acuerdos sociales de reconversión productiva y detención de la deforestación, y se articulará con la Fiscalía General de la Nación para la investigación de los capitales y determinadores de las grandes operaciones de deforestación y acaparamientos de tierras en la Amazonía», se destaca en el documento.
- Término de la movilización social
Por último, en el marco de los compromisos de cierre de la mesa de diálogo, Coscopaas se comprometió a «dar por terminada la movilización social pacífica que venía adelantando» y las comunidades empezarán a regresar «a sus lugares de origen» durante las 24 horas siguientes a la firma del acuerdo.
Fuente RT
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