El 5 de marzo de 2021, el abogado de la Defensoría Policial, Esteban Infante, interpuso una denuncia al interior de Carabineros, confirmando la existencia de un grupo de 15 oficiales, quienes realizaban fiestas con fines sexuales, y que se autodenominaban «La Manada». Tras la publicación de un primer reportaje sobre este tema, El Ciudadano tuvo acceso a nuevos antecedentes, los que confirmarían una fiesta en el Jardín Botánico de Peñalolén, transferencias entre funcionarios de la Prefectura Oriente, y la posible inexistencia de un sumario administrativo en contra de «La Manada». Además, este medio confirmó que el cabecilla de este grupo, actualmente se desempeña como director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Vitacura.
Por Josefa Barraza Díaz
El pasado 28 de febrero, El Ciudadano publicó el reportaje “General Yáñez es imputado e investigado por la Fiscalía y las implicancias de «La Manada» el club de fiestas con fines sexuales de Carabineros”, el que trataba el caso del cabo segundo Francisco Monroy, quien fue acusado de amenazar de muerte al capitán José Saavedra, en la 26° Comisaría de Pudahuel, en mayo de 2019.
En la investigación criminal en contra de Monroy y en los informes realizados por la Policía de Investigaciones, se reveló falsificación de documentos -específicamente en las declaraciones de funcionarios policiales-, y que el fiscal militar de la causa, Felipe Arías Stange -nieto de Rodolfo Stange, ex general de Carabineros y miembro de la Junta Militar-, fue abogado de Saavedra en la misma causa, siendo posteriormente inhabilitado por la Corte Marcial.
A pesar de que estas irregularidades fueron denunciadas a Ricardo Yáñez, el General Director omitió la información a los tribunales de justicia, por lo que el 14 de noviembre de 2022, el Segundo Juzgado Militar de Santiago, determinó iniciar una investigación criminal en contra de Ricardo Yáñez por los delitos de incumplimiento de deberes militares y desacato -encontrándose en calidad de imputado-, siendo designado como fiscal militar, el coronel de Carabineros Alberto Veloso.
Además, el jueves 2 de marzo de 2023, el general de la Zona Metropolitana de Santiago Oeste, Marcelo Lepín, resolvió invalidar los actos del sumario administrativo en contra de Francisco Monroy; información confirmada por su abogado, Marcos Herrera.
-En este caso tenemos dos causas distintas: Una administrativa y otra penal. Efectivamente, la causa administrativa contra el cabo Monroy fue invalidada y empieza todo desde cero, y la causa penal en contra del General Director, Ricardo Yáñez, está en tramitación, es decir, sigue vigente, con diligencias que se han pedido hace un mes, y que no se han resuelto-, explica Marcos Herrera.
A pesar de lo ocurrido entre el cabo Monroy y el capitán José Saavedra, este último fue ascendido a mayor -quien solo fue amonestado por el maltrato verbal a Monroy, además de ser alumno en la Academia de Ciencias Policiales, con el objetivo de ejercer el alto mando institucional-. Sin embargo, su nombre se encuentra involucrado en otra causa: La Manada de Carabineros.
El 5 de marzo de 2021, el abogado de la Defensoría Policial, Esteban Infante, presentó una denuncia ante la unidad de Asuntos Internos de Carabineros de Chile de la 24° Comisaría de Melipilla, revelando la existencia de un grupo de oficiales de Carabineros de la Prefectura Oriente, quienes durante la pandemia realizaron fiestas con fines sexuales.
“(Un capitán llamó) señalandome que en la Prefectura Oriente, en la cual trabaja, había un grupo de alrededor de 15 oficiales de Carabineros, liderados por su Prefecto el coronel Sólis, quien frecuentemente realizaban concentraciones (reuniones) de Oficiales de sexo masculino, en donde obligaban a asistir a estas reuniones a personal femenino de la institución, tanto del grado de subteniente como carabinero. En caso de que estas mujeres no quisieran acudir, eran acosadas laboralmente (…) (un ejemplo) el caso de la carabinero N.A, quien habría denunciado al mayor Casas-Cordero, y que debido a este hecho fue trasladada a la 18° Comisaría, en circunstancias que ella era víctima de delito”, relató Infante a Asuntos Internos.
En los antecedentes expuestos en la denuncia, se especifica que el cabecilla de este grupo formado en el año 2020, era el Prefecto Raúl Sólis -ex director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros-, junto al comisario de la 43° Comisaría de Peñalolén, mayor Christian Bichett; en tanto otros integrantes son el comisario de la 46° Comisaría de Macul, mayor Hernán Casas-Cordero, el comandante Rodrigo Soto Troncoco, capitán Pérez de la 46° Comisaría de Macul, capitán Sánchez de la 43° Comisaría de Peñalolén, y el capitán de la 43° Comisaría de Peñalolén -y ahora mayor-, José Saavedra Carrasco.
El modus operandi de este grupo consistía en invitar a carabineras y subtenientes a fiestas, para luego “emborracharlas, agredirlas sexualmente, a cambio de beneficios institucionales” -se detalla en los documentos del caso-. Incluso, las funcionarias de menor antigüedad eran obligadas a asistir, o de lo contrario serían trasladadas o tendrían recarga de servicio.
No obstante, El Ciudadano recabó nuevos antecedentes expuestos en esta investigación.
“No se ha instruido sumario”
En la continuación de la denuncia interpuesta por el abogado Infante ante Asuntos Internos, se revela que “La Manada” no estaría compuesta solo por hombres, sino que también por funcionarias policiales, las que fueron identificadas como la capitán Odette Parejo, la capitán Sánchez Arcangely (ambas de la 43° Comisaría de Peñalolén), y la subteniente Díaz de la 19° Comisaría de Providencia.
Al consultar a fuentes internas de la Prefectura Oriente -quienes solicitaron resguardar su identidad por temor a represalias laborales-, respecto a la presencia de mujeres en este grupo de oficiales y su rol en los hechos, comentaron que existe una relación de amistad (o cercanía) entre estos funcionarios, con quienes también compartían, participaban y ayudaban en la realización de estas fiestas.
Sin embargo, distinta realidad enfrentaron las funcionarias que denunciaron el actuar de “La Manada” a sus superiores.
“A quienes se oponían a este grupo, eran duramente cuestionados y castigados por el mandamás Prefecto Solís, como el caso de las comandantes Jaramillo Vivero y Pascual Nogales; el prefecto les propuso drástica sanción administrativa a ambas, igual suerte corrieron otras capitanes femeninas que se oponían a estas prácticas de la denominada “Manada”, especifica un escrito acompañado de la denuncia.
Respecto a esto, fuentes de la Prefectura Oriente, relatan que las funcionarias que desaprobaban el actuar de este grupo de oficiales, eran cuestionadas en sus funciones, ignoradas durante sus servicios laborales -incluso en las comunicaciones radiales vía CENCO-, vigiladas en sus actividades en terreno y acosadas laboralmente. Por lo anterior, la coronel Jaramillo Vivero, realizó una denuncia por acoso laboral y equidad de género en contra de Raúl Solís.
En cuanto a hechos perpetrados por “La Manada” -y mencionados en los documentos del caso-, se relata que uno de los integrantes de este grupo, el comisario de la 43° Comisaría de Peñalolén, mayor Christian Bichett Ponce, posee antecedentes y sanciones en su hoja de vida, puesto que, mientras era subteniente, ingresó borracho durante una noche al dormitorio de una subteniente (C.R), por lo que fue sacado del curso Labocar, y sancionado; lo que consta en su hoja de vida.
“Otro integrante es el comisario de la 46° Comisaría de Macul, mayor Hernán Casas-Cordero, quien el año pasado (2020) acosó sexualmente a la carabinero N.A, bajo su mando, donde aún no hay resultados de la investigación. La carabinera fue trasladada a la 18°Comisaría de Ñuñoa (…) se hace presente que la carabinera entregó declaración a la comandante Natalia Gutiérrez, quien la trató de forma hostil a modo de amedrentar. Ella mantiene pruebas como WhatsApp, donde este acosador le enviaba mensajes a las 2 de la madrugada, acosándola”, detalla el escrito anexo a la denuncia de Esteban Infante, y a la que este medio tuvo acceso.
Sin embargo, en la denuncia de Infante, se explica que el sumario administrativo en contra de Hernán Casas-Cordero por el caso de N.A, fue liderado por el comandante Rodrigo Soto Troncoso, quien también es sindicado como miembro de “La Manada”, por ende debería declararse incompetente en dicha investigación. Incluso, Soto Troncoso fue investigado internamente mientras se desempeñaba como comisario de la 49° Comisaría de Lampa, a raíz de una denuncia por abuso sexual y laboral en el año 2017 -tal como lo confirmó una respuesta vía Transparencia del 17 de octubre 2022-.
También, en esa misma respuesta, se detalla que “respecto al sumario o investigación, relacionado con la denuncia que se realizó en contra de un determinado personal de oficiales entre ellos este mismo coronel (Soto Troncoso), a raíz de una denuncia por abuso sexual, caso conocido como el caso Manada (…) la Jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros informa que no se ha instruido, (es decir) no se instruye una investigación que involucra directamente al oficial superior que indica, a raíz de una denuncia por abuso sexual, conocido como el caso Manada”.
Sobre lo anterior, es importante precisar, que el 25 de febrero de 2023, y vía correo electrónico, el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, informó a El Ciudadano que el sumario administrativo por el caso “La Manada”, seguía vigente.
Incluso, la diputada Ana María Gazmuri, en conversación con este medio, afirmó que “desde nuestro rol parlamentario, realizaremos todas las acciones fiscalizadoras que sean necesarias, toda vez que el sumario interno sigue abierto, como corroboró la propia ministra de la Mujer y Equidad de Género (Antonia Orellana), tras haber consultado a la institución”.
Debido a estas dudas, el viernes 3 de marzo, la diputada Ana María Gazmuri, y el diputado Hernán Palma, presentaron dos oficios solicitando a la ministra del Interior, Carolina Toha, y al General Director, Ricardo Yáñez, informar sobre los sumarios administrativos en contra de los oficiales denunciados en el contexto del caso “La Manada”; lo anterior, tras sostener una reunión con la ministra Orellana, y el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán.
-Nunca he sido citado a declarar en el sumario administrativo por el caso “La Manada”, solamente se basaron en la denuncia que hice, y nunca me pidieron nuevos antecedentes-, confiesa el director de la Defensoría Policial, Esteban Infante, quien insiste que el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pese a tener conocimiento de la existencia de “La Manada”, no ha hecho nada para sancionar o investigar a estos oficiales, lo que confirmaría un encubrimiento por parte del alto mando institucional.
Para demostrar su versión, Infante entregó a este medio, un audio de WhatsApp dirigido al General Yáñez:
Infante: Mi general, quién le va a tomar declaración a la comandante Jaramillo, a la comandante Pascual, a las dos capitanes que quieren declarar, y querían que usted las citara para contarle sobre el tema de La Manada, ya que, se supone que las iban a citar de Asuntos Internos (…) entonces, ¿a quién le entregamos la información, y por la parte administrativa tampoco sabemos quién va a llevar el caso.
Una fuente ligada al caso -y quien decidió hablar desde el anonimato-, también reveló que nunca ha sido llamada para prestar su declaración, a pesar de poseer antecedentes de las acciones de este grupo.
Debido a las inconsistencias de la existencia o no de un sumario administrativo, nuevamente este medio se dirigió al Departamento de Comunicaciones de Carabineros. No obstante, pese a insistir en diversas oportunidades, siguen sin emitir respuesta.
“Una cuota de $30.000”
Según otro extracto de la denuncia de Infante, en diciembre de 2020, se realizó una fiesta de despedida por el ascenso del coronel Raúl Sólis a la dirección de la Escuela de Suboficiales de Carabineros; por lo que todos los oficiales de la Prefectura Oriente fueron citados a este evento, el que se llevó a cabo en las dependencias del Jardín Botánico de Peñalolén.
“Participaron más de 40 oficiales, tanto jefes como subalternos, y por otra parte se debió cancelar la suma de $30.000, en la cuenta personal del carabinero Matías Rojas Valenzuela, dinero que fue administrado por la comandante Natalia Gutiérrez, con el cual compraron una chaqueta marca BMW, por un costo de $450.000”, especifica el documento, el que agrega que en dicha fiesta se transgredieron las medidas sanitarias del Covid-19, puesto que, no hubo distanciamiento social y tampoco se utilizaron mascarillas, siendo que Carabineros está para cumplir y fiscalizar estas medidas.
Fuentes internas de la Prefectura Oriente -y quienes han participado de esta investigación con resguardo de identidad-, explican que se les obligó pagar la cifra desde el grado de subteniente “para arriba”, en tanto, la comandante Gutiérrez fue la encargada de recaudar el dinero (misma funcionaria que tomó la declaración en el caso de N.A), pidiendo que el dinero se pagara por transferencia, a la cuenta personal del carabinero Rojas.
Incluso, según estas fuentes anónimas, se efectuó un llamado telefónico a la línea anónima del DAICAR (Departamento de Asuntos Internos), cuando la fiesta estaba comenzando (13 horas), pero a pesar de que la llamada fue contestada, nadie del departamento concurrió al lugar a verificar los hechos en flagrancia, en donde estaban todos los oficiales, quienes dejaron las unidades policiales sin contingencia.
-El general Camus (jefe Zona Santiago Este) le mandé los antecedentes, pero nunca tuve respuesta de él, por lo que ocultó el tema. Ese día cuando se hizo la fiesta grande (Jardín Botánico), parece que lo dejaron de guardia, porque fue el único que no fue-, dice Infante.
Para Daniel Soto, abogado y coronel en retiro, cuando un superior impone su autoridad para conseguir que un subalterno haga un desembolso de dinero para favorecer a alguien, estamos frente a un acto de corrupción, ya que, una jefatura abusa de su autoridad para beneficiar a otro invocando un supuesto “compañerismo” o la “lealtad hacia el mando”.
-De este modo, el financiamiento de “pagos de favores” o de “regalos comprometedores” a costa de los funcionarios menos antiguos, configuraría en Carabineros los delitos de “robo” o de una “exacción ilegal” del Código Penal, con una agravante especial que es “cometerlo en perjuicio de sus compañeros de armas”, como establece el Código de Justicia Militar-, explica Soto.
Los zarpazos de “La Manada” en la Municipalidad de Vitacura
Luego de estar un año en el cargo de director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros (ESUCAR), Raúl Solís Rozas se retiró voluntariamente de la institución en abril de 2022. Pero, tras dejar la institución, arribó a la Municipalidad de Vitacura como director de Seguridad Pública de la comuna (mismo municipio en donde su ex alcalde Raúl Torrealba, es investigado por delitos asociados a corrupción y fraude).
Lo anterior, fue confirmado vía Transparencia Activa, en el organigrama de la Municipalidad, en donde además mencionan sus funciones como “ser el colaborador directo del Alcalde(sa) en la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Comunal de Seguridad Pública”, entre otras.
El Ciudadano contactó al equipo de Comunicaciones del municipio, para conocer su versión respecto a la relación entre Raúl Solís y “La Manada”.
“Podemos indicar que la Municipalidad de Vitacura fue informada por el Sr. Raúl Solís Rozas que, durante el año 2021, se instruyó en Carabineros una investigación administrativa, con el propósito de establecer posibles responsabilidades relacionadas con la probidad y disciplina institucional, en el contexto de una actividad de camaradería donde él participó. En esa investigación, según señaló el Sr. Solís, se desestimaron los hechos denunciados”, sostuvieron.
Sin embargo, según lo informado por la ministra Orellana a la senadora Fabiola Campillai, la diputada Ana María Gazmuri, y el diputado Hernán Palma, el sumario sigue vigente; por lo que existiría una contradicción entre lo expuesto por la Municipalidad de Vitacura y la versión que tendría el gobierno de Gabriel Boric, sobre esta misma investigación.
Desde la Fiscalía Regional Oriente confirmaron la existencia de una causa judicial por “La Manada” (2021), asignada al Fiscal Carlos Ramírez, fiscal de Alta Complejidad, quien archivó la causa ese mismo año, mientras Manuel Guerra se desempeñaba como jefe de dicha Fiscalía (ex fiscal reconocido por sobreseer a Sebastián Piñera por el caso Exalmar, y quien realizó las indagatorias en el caso Penta).
“(El viernes 3 de marzo de 2023) la Fiscalía Regional decidió reabrir todas las causas vinculadas a esta investigación y se la asignó (esta investigación) a la fiscal de la Fiscalía de Género, Maria Jose Bowen (caso Ámbar), a raíz del reportaje y de los nuevos antecedentes señalados en el mismo”, explican desde Comunicaciones del Ministerio Público.
En cuanto al fiscal que archivó la causa, Carlos Ramírez, renunció a la Fiscalía Oriente, por lo que hasta el cierre de este reportaje se desconocen las razones para archivar esta investigación.
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