Comisiones unidas del Congreso de Puebla avalaron una iniciativa para que la Junta de Gobierno pueda imponer medidas de apremio o multas de hasta 155 mil 610 pesos a las autoridades que no respondan peticiones de información a legisladores, en un plazo de 15 días.
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Esta reforma busca modificar la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los entes que ejerzan dinero público estén obligados a dar información a los congresistas, que sea «necesaria para sus actividades».
El proyecto busca adicionar el capítulo 7 a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Puebla, donde establece a los sujetos obligados de responder y las sanciones.
Los legisladores podrán solicitar información oficial a «Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad»
En caso de que la autoridad no responda o sin justificación evite informar al diputado solicitante, recibirá amonestaciones públicas, medidas de apremio o multas de 150 hasta mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), igual a infracciones de 15 mil 561 hasta 155 mil 610 pesos.
La iniciativa presentada por la panista Guadalupe Leal Rodríguez fue avalada con unanimidad de votos, por los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con la de Transparencia.
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, declaró que esta reforma es necesaria para la función legislativa, pues consideró la información que obtengan logrará a plantar mejores iniciativas.
Foto: Agencia Enfoque
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