Un nuevo escándalo de corrupción escandaliza a Ecuador y esta vez tiene como a uno de sus principales protagonistas al expresidente Lenín Moreno, el mismo que traicionó a la población que lo eligió como un supuesto líder de izquierda, que abogó por el cierre de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) y que permitió el arresto del asilado y perseguido político, el periodista australiano Julian Assange. Se trata del caso ‘Sinohydro’.
Hace una semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador acusó al expresidente Moreno (2017-2021) y a otras 36 personas, del presunto delito de cohecho por el caso ‘Sinohydro’.
Se trata de una trama, conocida en los medios como ‘Ina Papers’, en la que se investiga una supuesta red de corrupción en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en la que los 37 involucrados habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en coimas provenientes de la empresa Sinohydro, la constructora de esa obra.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador celebró la audiencia de formulación de cargos en contra Moreno y el resto de los imputados en la supuesta red, que habría operado entre 2009 y 2018, reseña RT.
En esa época, Moreno tuvo los cargos de vicepresidente de Ecuador (2007-2013), enviado especial del secretario general de la Naciones Unidas para la discapacidad y accesibilidad (2013-2016), y mandatario de su país.
Durante su ejercicio como vicepresidente, Moreno supuestamente habría facilitado la concesión a Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica.
Además de Moreno, en la causa están siendo investigados su esposa, Rocío González; su hija Ina Moreno; sus hermanos, Edwin y Guillermo; sus cuñadas, Jaquelina V. y Martha G.; sus amigos, Conto Patiño y Xavier Macías; así como Cai Runguo, exembajador chino en Ecuador, quien además se desempeñaba como gerente de la empresa Sinohydro.
Decisiones por Sinohydro
En la audiencia, la FGE pidió prisión preventiva para 23 de los involucrados. Para los 14 restantes, incluyendo a Moreno, el ente acusador solicitó arresto domiciliario, ya que tienen más de 65 años, según lo que contempla la Constitución ecuatoriana.
La petición de la fiscal de prisión preventiva y arresto domiciliario tenía como objetivo garantizar la presencia de las 37 personas investigadas en las siguientes etapas del proceso penal.
El conjuez nacional Luis Adrián Rojas acogió parcialmente la solicitud de la Fiscalía y dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva a los procesados.
El juez ordenó a Moreno y a su esposa la presentación cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, debido a que el exmandatario reside actualmente en Asunción, Paraguay, donde se desempeña como comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad. La misma medida se dictó para Xavier M., otro de los involucrados.
Tras conocer la decisión, Moreno desestimó las medidas presentadas por la Fiscalía, a las que calificó de «arbitrarias e inhumanas», por falta de argumentos. «El pedido de prisión preventiva apostaba por un titular de prensa, antes que por la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales», comentó.
Posteriormente, el exmandatario confirmó que solicitará asilo político en Paraguay. Asimismo, hizo referencia al «maltrato» que le ocasionarían los viajes a Ecuador para cumplir con la presentación periódica ante la Justicia.
«Yo he estado hospitalizado dos veces (en Paraguay), algo que en el Ecuador no se conoce», dijo el expresidente, al tiempo que detalló que en una de esas ocasiones su internación se debió a «un sangrado intenso de la vejiga».
El resto de los procesados, señaló la Fiscalía, deberán presentarse cada ocho días en la misma institución. Estos, además, tienen prohibición de salir del país y deberán usar el grillete electrónico como dispositivo de vigilancia.
A la única persona a la que Rojas dictó prisión preventiva fue a Wu Y., uno de los representantes de la empresa Sinohydro en Ecuador, detalló la FGE.
El juez también ordenó medidas de inmovilizaciones y prohibiciones de enajenar bienes por 154 millones de dólares a nivel nacional, poco más del doble del monto que habrían recibido los procesados en coimas.
Aunado a ello, dispuso a la FGE que curse asistencia penal internacional a Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, EE.UU. y Belice para inmovilizar las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas de acumulación e inversiones que mantengan los procesados en los bancos de los sistemas financieros de estos países.
Asimismo, el juez ordenó el inicio de la instrucción fiscal, que se extenderá por un lapso de 90 días.
Los 76 millones repartidos
Los cerca de 76 millones de dólares que la FGE dice que se repartieron en coimas, equivalen al 4 % del total del valor del contrato.
Estos valores, detalló Salazar, se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa ‘offshore’ Recorsa, cuyo representante legal sería Conto Patiño, quien figura como lobista y contratista de Sinohydro en Ecuador.
De ese monto, 660.000 dólares habrían parado en manos de Moreno y su círculo familiar cercano: 220.000 dólares para él y su esposa; 50.000 para su hija Irina; 350.000 dólares para Edwin Moreno, hermano del exmandatario; 10.000 para su otro hermano Guillermo; 25.000 para sus cuñadas Jacqueline V. y Martha G.; y 5.000 para su suegra Aída Graciela.
El grupo familiar de Conto Patiño y colaboradores habrían recibido alrededor de 44 millones de dólares, de los cuales 20 millones pararon en manos de su hija María Auxiliadora.
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