Las declaraciones de la ministra Carolina Tohá en torno a los migrantes venezolanos obligan a una visión más amplia y propositiva.
La actual situación de la migración en Chile no aguanta más. Este fenómeno no es propio de Chile y más allá de responsabilizar a Bachelet y/o Piñera, lo claro para una mayoría de los ciudadanos es que el Presidente Boric debe enfrentarlo y solucionarlo.
Así es la política, tal como Vox Populi es Vox Dei. Ello es lo que expresa nítidamente ‘la calle’ que se torna importante solo antes de las elecciones.
Como nunca en la historia de Chile, la migración es percibida como un problema y no una solución, como ocurrió con la acciones organizadas por el Estado en la búsqueda y traslado de migrantes desde Europa en el siglo pasado.
Creo conocer bastante de Venezuela, como también del efecto de esta migración en el Biobío y el país. Por ello, consciente de que el problema es ‘heredado’, digo que esto no disminuye la responsabilidad de trabajar duro para enfrentarlo. Y como la mayor presencia y ‘residencia’ de extranjeros es de nacionalidad venezolana, es que solo cabe una acción decidida luego de cualquier reflexión sobre las causas de esta migración o las propuestas para intentar su regulación.
Es del todo claro que las expulsiones administrativas es asunto que compete al Gobierno chileno. Las expulsiones judiciales se efectúan rutinariamente en coordinación entre ambos gobiernos de acuerdo a la nacionalidad de aquellos a quienes se les ha decretado su salida del país.
Las expulsiones judiciales prácticamente se ejecutan a diario en vuelos comerciales que ciertamente son onerosos, pero estas, si no son debidamente transparentes, no son percibidas como parte de una política pública, sino simplemente como un fallo judicial que es independiente de lo que el Gobierno debe hacer desde el Ejecutivo, que es una acción mucho más global a lo ejecutado por el Poder Judicial.
Estas expulsiones, el Gobierno chileno ha propuesto efectuarlas en aviones militares, opción que Venezuela ha rechazado por dos razones. Una es que esos aviones transportaron carga a Cúcuta en 2019 cuando Piñera apoyó el intento de invadir Venezuela, sin que hasta hoy se sepa qué tipo de carga y cuánta transportaron, y a quienes se le entregaron, teniendo presente que salieron de Chile con supuesto destino a Venezuela donde nunca llegaron.
La otra razón que Venezuela ha expresado es que luce incoherente que aviones del Gobierno chileno sean autorizados para operar en Venezuela cuando Conviasa (Línea Aérea del Estado de Venezuela) no puede operar en Chile. Es evidente lo incoherente de una diplomacia sin el principio de la reciprocidad. Así, cuando Chile exigió visa a los ciudadanos venezolanos, Venezuela comenzó a exigirla a los chilenos.
Miles de venezolanos quieren regresar a su patria. Y recién este sábado 11 de marzo pudo una aerolínea venezolana comenzar sus vuelos directos desde Caracas a Santiago.
COPA, línea aérea de Panamá, resulta muy costosa para una familia de 4 miembros que debe pagar no menos de 6 mil dólares si quiere regresar, y con escalas y largos tiempos de espera en el aeropuerto, pudiendo hacerlo directamente. Pero, Conviasa tiene impedidas las operaciones hacia Chile en circunstancias que es la que ofrecía la mejor tarifa.
Así mismo, están impedidos los vuelos humanitarios gratuitos que ofrecía el Gobierno de Venezuela para este efecto, por la amenaza de embargo de los aviones, tal como arbitraria e ilegalmente ocurrió en Argentina, ante lo cual el Gobierno debe y puede ofrecer condiciones necesarias para que estos vuelos se realicen.
La Ministra Tohá debe aclarar si las 20 mil expulsiones son solo venezolanos. Su declaración expresa la idea de que todos los casos son venezolanos; sabemos que no es así, pero estimula esa idea cuando allí hay ciudadanos de distintas nacionalidades y particularmente también de Colombia.
Los gobiernos de Perú y Ecuador colaboraron junto al pasado Gobierno de Chile que se prestó para las agresiones contra Venezuela a través del autodenominado y en buena hora fenecido ‘Grupo de Lima’.
El debate sobre la migración, cualquiera sea su causa o si fue por invitación, nos lleva al debate de qué fue primero, el huevo o la gallina. Mientras lo que tenemos son cientos de miles de migrantes que ya están en Chile y que miles y miles de ellos quieren o deben regresar por obligación o por decepción.
Los gobiernos señalados dejaron pasar miles y miles de venezolanos hacia Chile y repentinamente les impusieron visa obligatoria. Así, hoy no pueden retornar por tierra a Venezuela a menos que paguen a coyotes que los llevan a Colombia sin mayores problemas atravesando esos países, o bien que gasten sus esforzados ahorros retornando por vía aérea.
Es decir, esos gobiernos le dan injusto tratamiento de territorio de retención a Chile y hasta hoy no se sabe si esto se ha tratado con Perú y Ecuador, socios del «Proceso de Quito» y si este será o no un tema que Chile pondrá en la CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe) dado que el denominado Grupo de Lima nada hizo al respecto.
Tal parece que no se ha percibido esta grave situación como un riesgo país, tal vez porque ahí está y yo no la provoqué. Pero las herencias generan también responsabilidad y consecuencia políticas, y la migración es el Frente Norte de Boric, como lo es el Frente Sur con el conflicto Mapuche.
De no mediar una pronta activación de acciones no sólo policiales o administrativas, sino necesariamente políticas y geopolíticas, esto puede generar inestabilidad política y social que puede dañar la convivencia nacional y la estabilidad del propio Gobierno del Presidente Boric.
Cualquiera sea la política migratoria a aplicar, requiere de la participación de todos los países involucrados, sin exclusión alguna. Debe entenderse como una política de cooperación internacional para un problema común, especialmente en el área de enfrentar la creciente consolidación del crimen organizado en Chile, con bandas internacionales que han sufrido duro tratamiento en sus países de origen y que se han refugiado acá.
Lo sorprendente: no estábamos preparados para este tipo de importación delincuencial, como el secuestro, sicariato, extorsión, robo organizado y violento, los cuales han sido asumidos por delincuentes criollos rápidamente, sumándose u organizando su quehacer bajo estas prácticas.
Es decir, no solo la expulsión es necesaria de aquellos que vinieron a Chile a delinquir y no a trabajar, sino una comprensión global del fenómeno que requerirá menos preocupación por la ideología y más trabajo de cooperación internacional de nuestra policías nacionales.
Por Alejandro Navarro Brain, Ex Senador
Sigue leyendo:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
Relacionados
Alejandro Armenta promete fortalecer el vínculo con migrantes en su gestión como gobernador
Hace 2 meses
