La Corte Penal Internacional criminal, una entidad fundada el año 2002, emitió, el pasado viernes 17 de marzo, una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Vladimirovich Putin. La pregunta que surgió de inmediato fue: ¿Bajo qué fundamento esta corte definió esta medida, que afianza, indudablemente, la brecha entre el occidente pronorteamericano y Rusia?
A mi entender y a pesar de la enorme campaña mediática, política y diplomática que lleva a cabo el occidente pronorteamericano, no existe fundamento plausible, ninguna causa que podamos definir como seria, verídica, más allá de una narrativa conocida por la descomunal campaña de manipulación y desinformación que se viene tejiendo contra Rusia desde el fin de la URSS e intensificada tras la decisión rusa de llevar a cabo la operación militar para desnazificar y desmilitarizar una Ucrania convertida en punta de lanza de las políticas rusofóbicas de Washington y a la cual los países europeos, agrupados en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN–, se suman con irresponsable entusiasmo.
La acusación contra Putin refiere a que el presidente ruso es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población -niños en este caso- y del de traslado ilegal de esa población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional del tribunal. Se le asigna una responsabilidad individual, que se enmarca, según la CPI, a su papel como jefe de Estado, por “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros” o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva”. Junto a la orden emitida contra Putin, también se presentó una similar contra María Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.
¿Qué pretende Washington y los suyos con esta nueva medida de provocación contra Rusia y en especial contra su máximo dirigente y funcionarios de su gobierno?
Primero, utilizar un organismo internacional y con ello darle un cariz de seriedad jurídica a la acusación contra Putin. Esto, en el marco del actual enfrentamiento bélico en Ucrania, donde los participantes exceden a Rusia y Ucrania, cuando detrás de las fuerzas de Kiev se encuentra la OTAN, que utiliza a Ucrania como punta de lanza y carne de cañón. Una CPI constituida en 2002, al amparo del llamado Estatuto de Roma (1) para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Recordemos que el Estatuto de Roma de 1998, ha sido ratificado por 123 países, que no incluyen a Rusia, como tampoco a Ucrania, Estados Unidos, China, Israel, entre otros.
En segundo lugar, demonizar a Putin y su gobierno, ya que el principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse. ¿Ante eso, es Estados Unidos quien va a promover la detención de Putin? ¿Se pretende crear una opinión mundial que exija el arresto de Putin? Es evidente que la intención es generar un impacto mediático, inclinar a una comunidad internacional bombardeada por los medios de desinformación y manipulación a las posturas de Occidente. El apelar a la CPI y darle todo el aval de Washington y sus socios europeos resulta desvergonzado. Por un gobierno estadounidense que aparece impulsando esta resolución de la CPI cuando el mismo Washington adoptó una ley que autoriza el uso de «todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación» de un militar o funcionario detenido por solicitud de la CPI cuando este país combatió la decisión de la CPI para juzgar los crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán durante sus dos décadas de invasión. Es la falsedad, la hipocresía, la política irresponsable sin medir consecuencia alguna para el conjunto del planeta. Lo único que interesa es llevar adelante la defensa de un mundo unipolar que ya no da el ancho, que requiere ser modificado estructuralmente.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitri Medvedev, ha comparado la orden con “papel higiénico” en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter. “La Corte Penal Internacional Criminal emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin. No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel”, ha tuiteado junto a una imagen de papel higiénico. Por su parte, Aleksandar Vucic, líder serbio solicitó a su jefe de gabinete que ordene al viceprimer ministro y ministro de Exteriores Ivica Dacic programar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. La autorización de arresto del presidente ruso podría ser un paso hacia el mayor conflicto en la historia del mundo, ha declarado este viernes el presidente serbio Aleksandar Vucic. Me pregunto si alguien tiene el cerebro para poner fin a esta locura. ¿Alguien entiende las consecuencias a las que nos enfrentamos?» (2).
El empresario y activista alemán Kim Dotcom, perseguido en Alemania en materia de libertad al ser clausurado su sitio web de descargas Megaupload, nos argumenta sobre el fondo hipócrita de esta orden dada por un organismo carente de credibilidad, sujeto a las presiones permanentes de Washington y los suyos. Dotcom nos da más luces respecto al doble rasero de la Corte Penal Internacional (CPI) por su orden de detención emitida contra Putin, señalando que esta CPI ha perdido toda credibilidad. “La Corte Penal Internacional, que no reconocemos, emitió una orden de arresto contra Putin por evacuar a niños de una zona de guerra que está siendo bombardeada con nuestras propias armas -de la OTAN-. Y nosotros –Occidente- somos los que matamos a más de 20 millones de personas en 37 países, víctimas desde la Segunda Guerra Mundial» (3).
Los niños y niñas de los cuales habla la CPI, son niños de las zonas de población ruso parlante de la región del Donbás, sometida a bombardeos de las fuerzas ucranianas. Las autoridades rusas afirmaron en su oportunidad que “evacuamos hogares de niños hacia zonas seguras, les organizamos una reeducación y prótesis y les entregamos ayuda humanitaria”, y ello es lo que se oculta ominosamente cuando se da a conocer la información. Los niños son habitantes del Donbás, sujetos hace nueve años a la más execrable campaña de exterminio por parte del régimen nazi ucraniano, y, en este ataque, iniciado en febrero del año 2014, la CPI, así como la ONU, los gobiernos europeos, lógicamente Washington, no han emitido condena alguna, no han llamado a castigar a los responsables, civiles y miliares, del régimen ucraniano.
La CPI es una organización al servicio de Occidente, de los intereses hegemónicos de Washington y los suyos, un instrumento para intentar seguir con un mundo que exige a gritos cambios. Una organización que se ha dedicado a emitir órdenes de aprehensión de lideres africanos, pero ninguna contra aquellos líderes políticos y militares occidentales que son responsables de agresiones, invasiones, ocupación y colonización de territorios. Responsables de la muerte, por ejemplo, de 600 mil seres humanos en Siria, en una guerra de agresión llevada a cabo por tropas extranjeras y grupos terroristas desde el 2011 a la fecha. Un occidente que ha avalado los crímenes cometidos por el gobierno ucraniano desde febrero del año 2014 a la fecha contra la población ruso parlamento del Donbás. Quién juzga al régimen cívico-militar sionista por 75 años de ocupación y colonización que ha significado el asesinato de la menos 100 mil palestinos, al deportación forzosa de su habitantes, la detención, tortura, asesinato, secuestros, entre otros crímenes de guerra y lesa humanidad, donde no hemos visto que esta CPI haya emitido una orden de detención contra los criminales Benjamín Netanyahu, Avigdor Liberman, Benny Gantz, Ayelet Shaked, Itamar Ben Givir, entre otros miles de criminales israelíes. «¿Qué credibilidad puede tener la CPI si han callado con el sufrimiento del pueblo iraquí tras 20 años de agresiones por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, o el pueblo afgano?
Igualmente, resulta interesante dar cuenta de quién presentó la acusación. Mostrando con ello, la escasísima credibilidad que puede tener la orden emanada contra Putin por el fiscal general de la CPI, el abogado británico Karim Akmad Khan. El mismo que hace unas pocas semanas influyó para que su hermano Imran Khan, condenado en el Reino Unido por pedofilia, fuera liberado de prisión con una conmutación de la pena. Efectivamente, en febrero de este año 2023, Imran Khan, exparlamentario del gobernante Partido Conservador británico, salió de la cárcel tras cumplir la mitad de su condena. El político fue declarado culpable de agresión sexual contra un menor, por lo que en mayo del año 2022 fue condenado a 18 meses de prisión (4). A pesar de que este abogado británico se desempeñó en Irak como Asesor Especial y jefe del Equipo de Investigación para la Promoción de la Responsabilidad por los Crímenes Cometidos por Daesh en Irak, su trabajo jamás transitó por las líneas de responsabilizar a Estados Unidos y sus lideres políticos y militares, como responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, por la invasión del país de Asia Occidental y la muerte de un millón de sus habitantes entre 2003 y el año 2021.
UNA VANA DETERMINACIÓN
El presidente de la CPI, el polaco Piotr Józef Hofmański, declaró que las órdenes de arresto contra Putin fueron emitidas tras una demanda del fiscal de la CPI, Karim Khan, y que representaban un “momento importante en el proceso de justicia” de la Corte. Aunque la CPI no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta Rusia no es miembro de ese tribunal, el magistrado señaló que la ejecución de estas órdenes depende “de la cooperación internacional”. Hofmanski recordó que la Convención de Ginebra prohíbe a las potencias de ocupación trasladar a civiles. Claro está que este juez polaco –país miembro de la OTAN en cuyo territorio existen una decena de bases militares, declarado enemigo de Rusia– sólo trae a colación el tema de traslados de niños y niñas, cuando se trata de llevar a política de presión contra Rusia por parte de los líderes occidentales, pero ha callado cuando se trata de los miles y miles de niños saharauis ocupado y colonizado su territorio y forzados a ser trasladados por el régimen monárquico marroquí. O los miles y miles de niños y niñas palestinos deportados, detenidos, desaparecidos, asesinados por la ocupación y colonización nacionalsionista. Ahí Khan calla ominosamente.
Hofmansky también calló cuando Estados Unidos impuso sanciones contra una fiscal de la CPI por su investigación de crímenes de guerra cometidos en Afganistán por parte de militares estadounidenses. Washington también amenazó con arrestar y sancionar a los magistrados y otros funcionarios del tribunal por el mismo caso. Dicha acción concretó una orden ejecutiva emitida el 11 de junio del 2020 por el presidente Donald Trump, que declaró una surrealista emergencia nacional y autorizó el congelamiento de activos y prohibiciones de entrada de familias que podrían imponerse contra ciertos funcionarios de la CPI. “La administración Trump había amenazado repetidamente con tomar medidas para frustrar las investigaciones del alto tribunal en Afganistán y Palestina sobre la conducta de ciudadanos estadounidenses e israelíes, y revocó la visa estadounidense del fiscal de la CPI en el 2019 (5).
El ex presidente estadounidense Trump calificó en su momento a la CPI de «irresponsable» y «peligrosa» para el país, además de instar a «limitar los amplios poderes» de la CPI. En este 2023 el actual presidente estadounidense Joe Biden apoya la decisión del tribunal contra Vladímir Putin. Washington, en su momento, adoptó una ley que autoriza el uso de «todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación» de un militar o funcionario detenido por solicitud del tribunal de La Haya. El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, bajo el gobierno de Trump, sostuvo el año 2018: «Permitiremos que la CPI muera por sí sola. Al fin y al cabo, la CPI está muerta en todos los sentidos». A confesión de parte, relevo de pruebas.
Rusia, al igual que Estados Unidos, Ucrania, Israel y otros países, no forma parte del Estatuto de Roma —el documento constitutivo de la CPI—, por lo que no considera las decisiones del órgano judicial como legales y las califica de «insignificantes». El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró el mismo viernes 17 de marzo, durante una reunión del Consejo de Seguridad que la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya demuestra que este tribunal «va camino de su autodestrucción».
Coincido plenamente con las palabras de Nebenzia al sostener que esta institución llamada CPI, politizada desequilibradamente e incompetente, ha vuelto a demostrar su inferioridad. “La CPI es una marioneta en manos del Occidente colectivo que siempre está lista para ejercer pseudojusticia por encargo» (6). Rusia, que no forma parte del Estatuto de Roma, documento constitutivo de la CPI, considera cualquier decisión que provenga del órgano judicial como «ilegal e insignificante». Qué harán los gobiernos sujetos a las presiones de Washington. De Europa ya sabemos, como un coro de borregos se han sumado al plauso colectivo por la decisión de la CPI, sin emitir palabra alguna sobre aquello que han callado desvergonzadamente con relación a Palestina, el Sahara Occidental, Siria, Yemen, Afganistán, Irak. Espero que Latinoamérica esté a la altura de esta tendencia de dejar de ser patio trasero y sopesar que ese grupo de países occidentales liderados por Washington nos está llevando a la hecatombe. Mientras ello sucede, Rusia y China estrechan lazos, con la visita de Xi Jinping a Moscú en el mismo momento que la orden de la CPI se disemina por el mundo. El encuentro ha generado la alarma en Washington y sus filiales europeas, pues es evidente que el mundo marcha, inexorablemente, a la multilateralidad y el imperio agonizante nada puede hacer, más que dar manotazos de ahogado.
Por Pablo Jofré Leal
Artículo para SegundoPaso ConoSur
Permitida su reproducción citando la fuente
1.-https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
2.-https://actualidad.rt.com/actualidad/461189-vucic-orden-arresto-putin-poner-fin-locura
3.-https://esrt.press/actualidad/461241-kim-dotcom-condena-orden-arresto-cpi-putin
La imposición sin precedentes de congelamientos de activos por parte del gobierno de Trump a altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) pone en evidencia un notorio desprecio por las víctimas de los peores crímenes del mundo, dijo hoy Human Rights Watch. El 2 de septiembre de 2020, la administración anunció que Estados Unidos había impuesto sanciones contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochoko.
6.-https://es.irna.ir/news/85060498/La-respuesta-de-Rusia-a-la-orden-de-CPI-contra-Putin
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