Por El Ciudadano
Tantas veces se ha aplazado el anuncio de la Empresa Nacional del Litio, que todo indica que lo que existe son dudas más que certezas. La idea de una empresa 100% estatal y sin privados va quedando en el olvido, si ponemos atención a las declaraciones del subsecretario de minería Willy Kracht, quien en repetidas oportunidades ha señalado que el negocio se hará de la mano de privados.
El anuncio de la Empresa Nacional del Litio por parte del gobierno de Chile, se ha retrasado ya en varias oportunidades. Supimos que inicialmente en el mes de octubre de 2022, luego se aplazó para enero de 2023, acto seguido el ministro de Hacienda dijo a El Ciudadano que sería en marzo, pero ahora todo indica que se volverá a aplazar.
A solo semanas que se anuncie la Empresa Nacional del Litio, surgen preguntas de para quién se está creando esta entidad y para quién se diseña la política nacional del litio, donde las posibles alternativas pueden ser:
-Una política nacional del litio 100% estatal.
-Una política del litio que sigue privilegiando a los privados como hasta ahora.
-O una política del litio mixta Estado-Privados. Pero si es así ¿Quién tiene la mayoría?
Lo cierto es que en el estado actual de las cosas quienes explotan la principal reserva de Litio son dos compañías: SQM y Abermarle.
Ambas operan en el salar ‘estrella’ del mundo: El Salar de Atacama. Ubicado en una posición estratégica, tiene millonaria reservas y mayor cantidad de partículas de litio.
En este sentido, cualquier política nacional del litio que no considere al Salar de Atacama en su diseño, sería una acción de perjuicio para todos los chilenos y un beneficio principalmente para SQM, la empresa del ex yerno del dictador Pinochet (Otros salares son insignificantes en relación al de Atacama).
Y es cierto que SQM tiene un contrato vigente de arriendo del Salar hasta el 2030. Y que tras la modificación de dicho arriendo, ello ha significado al Fisco percibir el 2022, más de 5.000 millones de dólares dado el precio del litio.
Pero ello no debe ser condicionante de un trato preferencial para la empresa que antes poco pagaba, e incluso hay evidencia de que ha impugnado en tribunales el pago del impuesto específico a la minería que le corresponde pagar y que además el Servicio de Impuestos Internos no le ha cursado los cobros del mismo impuesto para los años 2019, 2020 y 2021, lo que suma 700 millones de dólares en perjuicio de las arcas fiscales.
En El Ciudadano hemos denunciado que aquí hay un gato encerrado. La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados ha solicitado al subsecretario de minería asista a informar de la política nacional del litio que se está trabajando, pero este se excusó de ir.
Luego se citó a la Ministra de Minería y sucedió lo mismo, canceló su asistencia a última hora. Ahora está citado para éste miércoles el ministro de Hacienda, hombre clave de la economía del país a quien vemos se le está exponiendo innecesariamente.
Como bien gráfica el diputado integrante de la Comisión de Minería, Jaime Mulet, lo que aquí sucede es más bien a una pugna interna que estaría ocurriendo al interior del Gobierno y que aún no se resuelve del todo:
«Yo creo que hay dos cosas: el gobierno tiene una propuesta más o menos elaborada de la cual han salido algunas luces a través de una entrevista que dio el subsecretario de Minería y que generó cierta polémica, y hay cierta tensión dentro del Gobierno para ver y tomar las decisiones finales respecto a la estrategia nacional del litio», afirmó Mulet a El Ciudadano.
Una vez perdida la posibilidad de una reforma tributaria en el Congreso, el Estado de Chile tiene una posibilidad real de poder recaudar el dinero necesario para las arcas fiscales y eso se traduce en llamar a una licitación en el marco del anuncio de la Empresa Nacional del Litio, para un nuevo contrato de arriendo del 2030 en adelante para el Salar de Atacama, en que los actores privados que quieran participar solo por acto de “derecho a llave” debiesen cancelar sobre los 10 mil millones de dólares.
Si se llama a esa licitación para este año o para el 2024, significaría recibir en el acto esa suma, más seguir recibiendo el 40 % de las ventas productos de los contratos de arriendo vigentes con SQM y Abermarle.
Una licitación transparente donde los distintos interesados puedan participar asociados con el Estado, es el mínimo esperable.
Ya ha quedado demostrado que SQM no es la única empresa con capacidad de explotar el litio, tampoco lo explota de manera sustentable pues su sistema de extracción es mediante piscinas que evaporan el agua perjudicando el equilibrio hídrico del salar.
Nadie está expulsando a SQM del salar ni quitándole su contrato en vigencia -aunque hay quienes piensan que ya fue suficiente-, lo que decimos desde esta casa editorial es que si existe un acuerdo en privado con esta cuestionada empresa, será tanto un error político que puede sepultar la credibilidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric, como un error de cálculo económico.
Esta es una gran oportunidad para el gobierno de Chile, pero ahora está por verse si el anuncio de la Empresa Nacional del Litio y política nacional del litio, tiene como objetivo aumentar las arcas fiscales en el presente y para las futuras generaciones o heredar el litio a los nietos de Pinochet y seguir llenando de dinero los bolsillos de una empresa que ha venido corrompiendo a casi el espectro completo de los partidos políticos del país.
El Ciudadano