Fuertes críticas a Ley Naín-Retamal: De populismo penal a impunidad a las violaciones de DDHH

En medio del auge mediático y la presión política por parte de sectores de derecha del país para agilizar la tramitación de la Ley Sargento Retamal y Ley Naín 2.0, a través de un discurso que se aprovecha de los recientes asesinatos de funcionarios de Carabineros, como son los casos hace dos semanas de Alex Salazar y este domingo de Rita Olivares.

De hecho, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro cuando la detención o encierro se prolongue por más de 48 horas, además de la iniciativa que busca endurecer la regulación de armas en Chile (Ley 17.798), y que aumenta la pena por el delito de porte de armamento en lugares altamente concurridos. En ambos proyectos, no hubo discusión, planteamiento de mejoras ni reflexión. Se aprobaron por unanimidad y sin abstenciones, reseña El Mostrador.

Sin embargo, surgen fuertes advertencias por parte de expertos, con relación al “peligroso populismo punitivo”, la impunidad y hasta violaciones de Derechos Humanos (DD. HH.), haciendo un llamado a evitar medidas más bien “efectistas” y tener la precaución de cuidar los derechos individuales básicos y esenciales.

Sacrificio de las libertades individuales

Los abogados penalistas Cristián Riego y Mauricio Duce coinciden en que esta batería de proyectos es más de lo mismo y que se está volviendo a legislar en leyes destinadas a aumentar las penas por delitos contra Carabineros, restringir las penas alternativas o que se retipifiquen penas en algunas categorías delictuales.

Para Riego, en lugar de insistir nuevamente en el aumento de penas, sería más importante apoyar a uniformados procesados, porque “hoy no cuentan con apoyo institucional”, además de fortalecer su entrenamiento y seguridad. Y Duce advierte que “lo que estamos viendo es que hay una presión por ir hacia cuestiones que exceden los márgenes de racionalidad”.

Mientras que, para la experta en seguridad ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, alerta sobre la confirmación de que el populismo punitivo se ha instalado, ya que las medidas planteadas no han demostrado ser efectivas en la reducción de las tasas de criminalidad y puntualiza que, por razones políticas, “estamos dispuestos a sacrificar las libertades individuales bajo la falsa premisa de que esto va a venir a disminuir la criminalidad”.

En declaraciones al diario El Mostrador, Duce -académico de la Universidad Diego Portales-, asegura que “la probabilidad que tienen estas leyes de efectivamente resolver los problemas de seguridad es bajísima o muy marginal, porque no se está haciendo cargo de los problemas de fondo”.

Riego, también profesor de la Universidad Diego Portales, enfatiza que “lo lógico sería hacer un estudio con los propios policías, en que les preguntes a ellos cuáles son las dificultades que encaran y sobre esa base realizar una propuesta de cambios destinada a resolver las falencias”

Entretanto, Alejandra Mohor manifiesta su profunda preocupación por “la legítima defensa privilegiada (…). Puede ser una garantía procesal respecto del uso de la fuerza letal. Lo que vemos en la experiencia de Estados Unidos es que este tipo de medidas solo han redundado en una mayor letalidad, sin que con eso se reduzca para nada la criminalidad (…). Creo que el tenor de la discusión que tenemos hoy día esta lejísimo de acercarnos a los verdaderos caminos para mitigar los problemas de violencia y delito a los que hoy día nos enfrentamos”.

Policía al margen de la ley

Sumado a estas advertencias, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, sostiene que “si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley. independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho”.

“En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya ha habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país”, sentenció.

Doctrina del shock

Un análisis publicado por el diario Resumen, subraya que lo que está ocurriendo actualmente con la también llamada “Ley gatillo fácil”, se trata de la denominada “doctrina del shock”, un término que propone políticas impuestas a través de impactos en la psicología social en contextos de desastres o conmoción pública, provocando que se puedan hacer reformas impopulares o contra la población.

En este sentido, señala el artículo que el oportunismo político se está aprovechando de la conmoción pública para imponer la reforma que agrava las penas para delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, aplicado a personas civiles y sin estar en guerra, estableciendo diferencias y desigualdades ante la ley, y, establece automáticamente la presunción de legítima defensa de los funcionarios de las policías cuando utilicen sus armas.