Amnistía Internacional (AI) publicó este martes su informe anual 2022-2023, donde dedicó tres páginas para la situación de Chile y las deudas que aún se mantiene en materia de derechos humanos (DDHH), especialmente con las víctimas que se registraron durante la dictadura militar y el estallido social de 2019.
En el informe, además, cuestiona los procedimientos para expulsar a migrantes y destaca el fallo contra Carabineros que fueron condenados por desnudar niños mapuche en La Araucanía; refiere El Desconcierto.
En concreto, serían 10 puntos donde Amnistía Internacional realizó una serie de observaciones de cuentas pendientes por el Estado chileno.
Uno de los puntos donde más se extiende AI es el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas que se reportaron durante el estallido social.
Amnistía Internacional registra que durante el período se reportaron protestas principalmente en Santiago, donde la policía respondió, en algunas casos, haciendo «uso excesivo de la fuerza».
En este punto, el organismo destaca que, al finalizar el año, la Fiscalía Nacional presentó cargos solamente en 140 de las 10.938 denuncias de violaciones a los DDHH cometidas por funcionarios del Estado.
Las causas dieron lugar a 17 sentencias condenatorias y dos absolutorias.
En el listado, destacan al tribunal que declaró culpable al excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, por apremios ilegítimos contra la actual senadora Fabiola Campillai, así como T la acusación contra el excapitán Claudio Crespo, por el caso de Gustavo Gatica.
Otro de los casos que destaca Amnistía en materia de DDHH, es el juicio contra el militar Cristián Care, declarado culpable en el homicidio de Kevin Gómez en Coquimbo.
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En el informe de AI, también se refiere a las detenciones arbitrarias cometidas durante el estallido social, y la absolución de varios casos por falta de prueba.
No obstante, se advierte que en muchos casos, los ciudadanos permanecieron largos periodos detenidos, pese a la falta de pruebas o esperando un juicio.
«En algunos casos se determinó que las pruebas eran falsas», agrega el documento.
El organismo también señala que las protestas que exigían la libertad de estos presos se extendieron a lo largo de todo el año, mientras que la ley de amnistía seguía debatiéndose en el Congreso.
No obstante, destaca el indulto concedido por el Gobierno a 13 personas, casi todos detenidas durante la crisis.
De igual forma se abordó la situación de los pueblos indígenas y de los juicios que se están realizando en contra de los funcionarios de seguridad que arremetieron contra la comunidad mapuche.
Al respecto, el informe releva que tres carabineros fueron declarados culpables por vejaciones injustas y apremios ilegítimos, tras haber obligado a niños del pueblo mapuche a desnudarse durante un control de identidad efectuado en Ercilla en 2018.
Asimismo, resalta el juicio contra los funcionarios de carabineros que asesinaron a Alex Lemún.
No obstante, manifestaron que este juicio se realizó tras un fallo de la Comisión Interamericana de DDHH que responsabilizó al Estado de Chile por el crimen.
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Amnistía: DDHH en materia sexual, salud y LGBTIQ+
En el informe – que consta de 146 páginas, donde se habla de la situación en las Américas -; el organismo cuestiona que aún no se cuente con un proyecto de ley para educación sexual integral.
Esto – detalla el texto -, pese a que el Ministerio de Educación anunciara la creación de un texto legal para este tema.
No obstante, el proyecto aún no se ha presentado al Congreso.
El informe destaca la derogación del artículo que establecía una edad superior de libre consentimiento para mantener relaciones homosexuales, pero, cuestiona su revisión a la Ley Antidiscriminación para abordar los derechos de las personas LGBTIQ+.
Alerta por la situación ambiental en Chile
Otro de los puntos a destacar es el llamado de atención por los «elevados niveles de contaminación» que afectaron a las ciudades de Quintero y Puchuncaví y provocaron graves riesgos para la salud pública.
El último se presentó hace una semana, la cual afectó a 20 niños y seis adultos, por lo que se tuvo que comenzar una nueva fiscalización a la planta de la Empresa Nacional de Petróleo.
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No obstante, destaca el cierre progresivo de la fundición Ventanas, planta responsable de algunas de las mayores emisiones de dióxido de azufre de la región.
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La situación migratoria y los ataques a los medios de comunicación también abordaron el informe del organismo.
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