144 carabineros han sido formalizados entre el 2019 y 2022 por delitos como apremios ilegítimos, torturas u homicidio frustrado

Sin embargo, mientras sigue en discusión las indicaciones de este proyecto, El Ciudadano tuvo acceso al registro de funcionarios de Carabineros de Chile formalizados entre los años 2019 y 2022, el que revela la existencia 144 formalizaciones, en donde 112 funcionarios siguen activos en la institución, pese a estar denunciados por diversos delitos como apremios ilegítimos, torturas u homicidio frustrado. 

Por Josefa Barraza Díaz

Tras la aprobación en general y discusión de la Ley “Naín-Retamal” en el Congreso (aumento de penas por delitos cometidos contra funcionarios policiales, y legítima defensa privilegiada), diversas organizaciones de Derechos Humanos la han cuestionado, puesto que, “tendría graves consecuencias para los DDHH” -como señaló Amnistía Internacional-. Pero, una nueva duda surge relacionado al tema: ¿Cuántos funcionarios de Carabineros de Chile han sido formalizados hasta la fecha?

Un registro del Departamento de Defensoría Jurídica de la Dirección de Justicia de Carabineros -del 16 de marzo de 2023 y al que este medio tuvo acceso vía Transparencia-, revela que actualmente 144 funcionarios de la institución, han sido formalizados entre los años 2019 y 2022; contabilizando 101 formalizaciones en el 2019, 27 en el 2020, 5 en el 2021 y 11 en el 2022. 

En dicho listado, también se desglosa que el delito más cometido por Carabineros es el apremio ilegítimo (72), seguido por torturas (32), falsificación de instrumento público (27) y homicidio frustrado (10). Sin embargo, otros delitos mencionados en este registro son obstrucción a la investigación y a la justicia, lesiones graves, vejamen, abuso contra particulares, cohecho, lavado de activos, posesión ilegal de munición, y tráfico de pequeñas cantidades. Incluso, la mayoría de los casos agrupa más de un delito cometido por el funcionario. 

Respecto al grado de los policías en cuestión, 27 corresponde a cabo primero, 22 a cabo segundo, 17 a capitán, 14 a carabinero, 14 a sargento segundo, 10 a teniente coronel, 8 a teniente, 6 subteniente, y 4 suboficial mayor. En el documento también se mencionan funcionarios de alto mando como un general y 4 coroneles. 

En cuanto a la condición actual del funcionario en la institución, es decir, si figura en los registros como “activo o en retiro”, según el Departamento de Beneficios Económicos y Registros de Datos del Personal, 112 policías uniformados siguen activos, mientras que 32 están “en retiro”

Según la Circular N°1.859 de la Dirección Nacional de Personal -del 21 de abril de 2021-, “respecto del personal de nombramiento supremo; personal de nombramiento institucional, contratado por resolución y contratado a honorarios, que sea notificado de una resolución judicial que lo formaliza, absuelve, sobresee o condena, tiene la obligación de informar por escrito a su jefatura directa (jefe de la alta repartición, repartición, unidad, o destacamento de la cual dependa), en el plazo máximo de 48 horas”. 

Sobre lo anterior, también se especifica que los funcionarios sujetos a procesos judiciales, deben mantenerse en sus actuales dotaciones, mientras siga en tramitación la causa. 

Además, el Departamento de Control de Gestión de Fiscalías Administrativas agregó a este registro la aclaración de la existencia de sumarios administrativos por los delitos, en los que se contabilizaron 75 investigaciones internas, en tanto 69 casos no registran sumarios -según el Sistema de Registro y Control de Sumarios-. 

-Lo que llama la atención de estos datos es que no son conclusivos porque mayormente se consiguen con la información que los propios encausados proporcionan. Entonces, no muestra un panorama completo. Por otra parte, tampoco sabemos si esta información tiene correspondencia con sumarios administrativos instruidos por los mismos hechos. La forma de solucionar estas discrepancias y de utilizar la información para prevenir y detectar problemas, es que Asuntos Internos tenga una oficina destinada a cruzar la información que exista en diversos estamentos institucionales, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Registro Civil-, explica Daniel Soto, coronel en retiro, abogado, y quien realizó clases al interior de la institución hasta el 2020. 

Respecto a la condición “activos” de los funcionarios formalizados al interior de Carabineros, Soto comenta que para determinar si se justifica o no su permanencia en la institución a pesar de estar formalizados, se requiere saber cuáles fueron los resultados de los sumarios administrativos, los que debieran ser rápidos, exhaustivos e imparciales, algo que no ocurre en esta policía. 

Sobre la existencia de formalizaciones en años anteriores, se enumera un caso en el 2016, y 5 en el 2018, en los que todos sus funcionarios siguen activos, pese a estar formalizados por abusos contra particulares, apremio ilegítimo, y falsificación de instrumento público; procesos judiciales que continúan en “tramitación”.

Los casos que se revelan al registro

Una de las causas contabilizada en este listado, es la formalización al ex carabinero Sebastián Zamora por el delito de homicidio frustrado en contra de Anthony Araya (caso Pío Nono), y en la que se encuentra actualmente en su etapa de preparación a juicio oral, en donde la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte solicita 8 años de cárcel. 

El abogado querellante del caso y reconocido por participar en causas de DDHH, Fernando Leal, explica que ha llevado 5 casos en donde carabineros han sido formalizados por tribunales, los que en su mayoría fueron por apremios ilegítimos y lesiones graves. Sin embargo, critica el bajo número de formalizaciones en comparación con el número de denuncias en contra de funcionarios de la institución. 

-El Ministerio Público ha formalizado en muy pocos casos, si se observan las estadísticas de denuncias por violencia institucional entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, nos encontramos con 10.938 denuncias y de ese número el porcentaje de formalizados es ínfimo; y peor aún, de ese número de casos sólo existían 17 sentencias condenatorias de las cuales no superan los 5 casos con prisión efectiva-, afirma Leal en conversación con El Ciudadano.

No obstante, el abogado al revisar el archivo enviado por Transparencia a este medio, alertó que algunos de sus casos no estaban contabilizados en el listado, específicamente, los que poseen sentencia condenatoria en contra de carabineros -pese a estar enumerados los condenados del Caso Gruas-. 

-Llama la atención que Carabineros dentro de sus propias estadísticas no mantenga información fidedigna, y que se ajuste con celo lo que ocurrió en la realidad (…) incluso tengo un caso con sentencia ya ejecutoriada, pero Carabineros en su estadística no entrega esa información, lo que da cuenta que falta coherencia en la información. Cuesta entender que una institución del Estado, que trabaja con recursos del Fisco no tenga esta información clara-, dice Leal. 

Pero, la ausencia de casos en este registro no es algo que solo le ocurrió al abogado Fernando Leal. 

En mayo de 2016, la actriz María Paz Cajas fue detenida y golpeada en la 3era Comisaría de Santiago, por la carabinera Tiare Vergara, quien le propinó una patada en su vagina. Sin embargo, luego de su constatación de lesiones se enteró que estaba embarazada, y en proceso de aborto. Dos años después, Tiare Vergara, carabinera de la dotación de Control de Orden Público, fue formalizada por el delito de apremios ilegítimos en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quedando con arraigo nacional y prohibición de acercarse a Cajas.

Sin embargo, al revisar el registro de formalización enviado por Carabineros de Chile, se confirma que el caso de Cajas no está mencionado en dicho listado -a pesar de estar incluidas causas desde el 2016 al 2022-, lo que fue confirmado por su abogado, Lorenzo Morales.

-El caso de María Paz es muy grave, porque Carabineros ha protegido a la persona que cometió (delito) en contra de María Paz, incluso le ha prestado asesoría jurídica y eso ha provocado que quieran ocultar este juicio. Este juicio comienza en días, y es lamentable que ocurra esto-, sostiene Morales. 

Morales al igual que Leal, lleva aproximadamente 10 causas en donde funcionarios de Carabineros han sido formalizados, 7 de ellos acusados y una funcionaria en espera de juicio (Tiare Vergara), por delitos de abusos contra particulares, apremios ilegítimos y detenciones ilegales.

Para Daniel Soto, en momentos en que existe consenso que tanto la función policial, como las policías requieren apoyo, se develan problemas importantes relacionados a la forma en que el alto mando, aborda los problemas derivados de imputaciones penales por excesos en el empleo de la fuerza, que es lo que se ha discutido con ocasión de la ley “Nain-Retamal”. Incluso, Soto cree que sería esperable que se adoptarán varias medidas tanto a favor de Carabineros como de la ciudadanía. 

-(Para Carabineros) mejorar el equipamiento y el entrenamiento, implementar un tipo de supervisión que permita que los oficiales puedan medir el desempeño del personal, y respetar el debido proceso administrativo del personal imputado de faltas disciplinarias; y en favor de la sociedad: instruir investigaciones administrativas rápidas, exhaustivas e imparciales, no suspender las indagaciones administrativas cuando hay investigaciones penales, y rendir cuenta de las obligaciones individuales e institucionales involucradas en hechos ilícitos-, explica Soto. 

Además, el coronel en retiro y experto en temas de seguridad, comenta que el alto mando debe ser coherente con su llamado a legislar, arbitrando medidas internas para la protección de los carabineros y para la rendición de cuentas, puesto que, las  leyes no mejoran las competencias profesionales, ni refuerzan la legitimidad social, eso depende de la conducción que lleva el alto mando.

Violencia de Carabineros durante el estallido social

Según Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Chile, este proyecto parte de la base equivocada de que los carabineros no pueden hacer uso legítimo de la fuerza sin que resulten castigados penalmente, puesto que, esto se contradice con los resultados en las investigaciones por la violencia policial ocurrida durante el estallido social, ya que de las 10.938 denuncias de violaciones de DDHH hasta el momento solo hay 17 condenatorias, equivalentes a un 0,1%, siendo un escenario de mucha impunidad que podría empeorar con esta nueva normativa.

-(Sobre el listado) lo preocupante es que, si se llega a aplicar en esas investigaciones esta causal exculpatoria, el análisis del uso de la fuerza se basará en la opinión subjetiva del oficial al momento de usar la fuerza. Eso puede dificultar que se cumpla con el deber de sancionar violaciones a los DDHH, pues bastaría con que un oficial alegue que, a su entender, la fuerza era necesaria, independientemente de si objetivamente lo era. Esta presunción de licitud contraviene el deber estatal de determinar las responsabilidades individuales e institucionales frente a violaciones a los derechos humanos derivadas del uso de la fuerza-, enfatiza Bustos. 

El Ciudadano consultó al Departamento de Comunicaciones de Carabineros respecto al registro de 144 funcionarios formalizados y la permanencia de 119 en la institución, pero hasta el cierre de esta investigación siguen sin emitir respuesta. 

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