¿Boluarte se aísla? Los conflictos que dañan las relaciones diplomáticas de Perú

El régimen de Dina Boluarte en Perú carga con la sombra de la ilegitimidad desde el mismo momento que el Congreso de ese país concretó la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, privado de libertad desde entonces, y la juramentó como mandataria el 7 de diciembre de 2022.

Su designación frente al Ejecutivo ha sido cuestionada ampliamente. Una de las razones es que su juramentación se produjo en medio de hechos que varios gobiernos de la región han calificado como un golpe de Estado parlamentario, una acción que habría sido promovida por la oligarquía peruana y el fujimorismo, que se encargó dentro del Congreso de no dejar gobernar a Castillo tras asumir la Presidencia en 2021.

Otro aspecto es que el nombramiento de Boluarte vino precisamente del Congreso, una institución que la apoya pero que carece de credibilidad, confianza y respeto de la población, que considera sus acciones legislativas como poco fiables y de perpetrar una dictadura parlamentaria.

Ese manto de ilegitimidad que deja una sensación de falta de legalidad y de una democracia ausente, además de permear a todo el Legislativo, fue el origen de las masivas protestas que se extendieron en Perú durante tres meses y que dejaron a más de 60 personas fallecidas en medio de la represión contra las manifestaciones que exigían la renuncia de Boluarte.

Todo ese clima de tensión se ha convertido también en el principal estigma de Boluarte, al punto que varios gobiernos latinoamericanos observan su administración como un régimen de facto, que usurpó el poder dado vía electoral al presidente Castillo y que además ha violado los derechos fundamentales de la población.

Así, las críticas desde distintos flancos de Latinoamérica contra la mandataria interina han provocado el enojo de Boluarte, quien ha calificado los señalamientos en su contra como actos de injerencia y de irrespeto a la soberanía peruana.

Boluarte no sale de Perú

En medio de esas tensiones, la presidenta se ha mantenido dentro de su país y ha preferido que la Cancillería se encargue de asuntos que ella misma estaba llamada a atender en el extranjero, como fueron las cumbres de la Celac en Argentina, la Iberoamericana en República Dominicana, entre otros asuntos.

Boluarte ha suspendido su agenda internacional. A finales de diciembre, por ejemplo, decidió no viajar a Brasil para participar en la toma de poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ese momento se argumentó que la mandataria no tendría quien la sustituyera en el cargo mientras se ausentaba.

Tal situación llevó al Ejecutivo de Boluarte a proponer que fuese el presidente del cuestionado Congreso de su país, José Williams, quien la sustituyera cuando ella saliera al extranjero. La iniciativa causó suspicacia porque una vez más se entregaría al cónclave parlamentario el control gubernamental de Perú.

Bajo la mirada internacional

Desde el mismo día que asumió Boluarte el poder, la población salió a las calles para exigir su renuncia, el cierre del Parlamento, la liberación y restitución de Castillo en la Presidencia, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para refundar en su totalidad al Estado y la democracia peruana.

Las masivas protestas se sintieron con más fuerza en el sur del país, donde murieron la gran mayoría de manifestantes, en medio de la brutal represión armada de las fuerzas policiales y militares enviadas por Boluarte.

Los excesos de los uniformados prendieron las alarmas de la comunidad internacional y comenzaron a escucharse voces desde distintos países, incluyendo mandatarios, que cuestionaron la legitimidad de la mandataria y sobre todo las acciones represivas para intentar frenar la ola de manifestaciones.

Conflictos con la región

La crisis política e institucional peruana ha llevado a Boluarte a enfrentarse directamente contra Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México. La mandataria ha tenido altercados con otros jefes de Gobierno y se ha puesto en riesgo las relaciones diplomáticas con todos estos países.

Los roces más fuertes han sido con México y su presidente Andrés Manuel López Obrador, quien considera que Pedro Castillo sigue siendo el jefe de Estado de Perú, porque fue electo democráticamente por la mayoría de los peruanos, y fue víctima de un golpe de Estado.

Las discusiones de Boluarte con México incluyen la declaración de persona no grata y expulsión de Perú del embajador mexicano Pablo Monroy en diciembre pasado. Esa decisión se tomó luego que el Gobierno de López Obrador otorgara asilo a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores de edad.

Las tensiones con México llegaron a tal punto que Lopéz Obrador se negó a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, porque no quiere legitimar el «golpe de Estado» contra Castillo. Además, llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a dejar de apoyar el «autoritarismo» de Boluarte y exigir la liberación del «injusta e ilegalmente destituido» exmandatario y su restitución en la Presidencia peruana.

Más tensiones y retiro de embajadores

Las tensiones con el Gobierno de Chile y su presidente Gabriel Boric se acentuaron cuando el mandatario señaló a Boluarte de reeditar las escenas dantescas de represión y persecución de las dictaduras militares en la región décadas atrás. En aquel momento, el embajador chileno en Perú, Óscar Fuentes Lira, recibió un llamado de atención de Lima.

Con Honduras la situación ha sido más delicada, sobre todo por la clara posición de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, durante la Cumbre de la Celac en Argentina, donde condenó «el golpe de Estado en Perú», la «agresión» del régimen de Boluarte contra la población y a su vez expresó su solidaridad con «el presidente legítimo electo Pedro Castillo».

Tras estos dichos, Boluarte retiró en enero pasado a su embajador en Tegucigalpa, Raffo Carbajal. Este fue el primer diplomático peruano que la mandataria sacó de un país que la enfrentaba directamente. 

En el caso de Bolivia, Boluarte acusó a sus vecinos de «injerencia» y introducir armas para los manifestantes del sur del país, un cuestionamiento que provocó el rechazo inmediato de La Paz y puso en vilo sus relaciones. Además, declaró persona no grata al expresidente boliviano Evo Morales.

En enero pasado, la mandataria también puso fin a las funciones de la embajadora peruana en Bolivia, Carina Ruth Palacios Quincho, quien ocupó el cargo desde septiembre de 2021 por designación de Castillo. Desde entonces la Embajada de Perú en La Paz está sin responsable.

Enfrentamientos de Boluarte con Colombia

Las rencillas internacionales de Boluarte apuntan ahora contra uno de sus principales vecinos y críticos: el Gobierno de Gustavo Petro. El mandatario colombiano ha denunciado los hechos irregulares en la destitución de Castillo, así como la fuerte represión gubernamental en Perú contra los manifestantes.

Petro ha dicho que en Lima se gestó un golpe de Estado parlamentario y que el único presidente que debería ser reconocido en Perú es Castillo. De hecho, en la Cumbre Iberoamericana realizada en marzo pasado en República Dominicana, Petro dijo que el maestro peruano ha debido estar presente en ese evento como Jefe de Estado. «Hoy debería estar aquí, lo sacaron, está preso», expresó.

La postura de Petro sobre la Administración de Boluarte no es nueva. Ya en la Cumbre de la Celac, en enero pasado, fijo una posición clara sobre lo que sucedía en Perú. El desconocimiento de Colombia a Boluarte provocó incluso que el Congreso peruano declarara persona no grata a Petro, una acción que el presidente colombiano prefirió dejar pasar bajo la mesa y no tomar represalias.

Pero tras los recientes dichos de Petro en Santo Domingo, Boluarte decidió tomar medidas y ordenó retirar a su embajador en Bogotá, Félix Denegri Boza. Según el régimen peruano, «la decisión responde a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas» del presidente colombiano, que según Lima, «han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo».

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