Mujeres y personas LGBTQ atrapadas en el estado de excepción de El Salvador

El mundo de Keiry Molina dio un vuelco el pasado mes de mayo cuando un agente de policía llegó a su casa en San Salvador, la capital de El Salvador. La mujer trans de 46 años fue detenida y trasladada a una comisaría, donde descubrió que cuatro informantes anónimos la habían acusado de extorsión y de estar implicada con las infames pandillas del país.

Molina es peluquera, muy conocida en su comunidad como defensora de los animales pues dedicaba su tiempo libre a rescatar perros callejeros. Su familia vive en un barrio pobre de Soyapango, en las afueras de la capital, no tiene vínculos con ninguna banda y se sorprendió por las acusaciones de extorsión, según Sofía, su sobrina.

Sofía dice que apenas tuvo tiempo de despedirse de su tía antes de que se la llevaran. «Ella era el sostén de la familia y nos crió a mi hermana y a mí. Desde que se la llevaron hace nueve meses, hemos tenido que buscar formas de mantener a nuestra abuela [la madre de Keiry]», dijo Sofía a openDemocracy.

Los cargos iniciales de extorsión fueron reemplazados por «asociación ilícita», delito punible con hasta seis años de prisión para quienes participen en actividades de pandillas o se beneficien de ellas.

Molina fue detenida en virtud del estado de excepción declarado el pasado mes de marzo por el presidente Nayib Bukele, tras una serie de asesinatos relacionados con las pandillas. El objetivo, según el gobierno, era erradicar a las principales organizaciones delictivas, o maras, del país centroamericano, entre ellas la tristemente célebre Mara Salvatrucha 13 (a menudo abreviada MS-13) y Barrio 18.

Se suspendieron derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de asociación, reunión, expresión y privacidad, así como la obligación de la policía de aportar pruebas para detener a personas.

El estado de excepción debía ser temporal, pero el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, el partido del presidente de 41 años, votó mes a mes desde entonces a favor de prorrogar el decreto. También aprobó leyes que permiten encarcelar a niños de hasta 12 años por presunta pertenencia a las pandillas.

El problema, según organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y la ONG salvadoreña Cristosal, es que decenas de miles de personas han sido detenidas sin el debido proceso, y que se han pisoteado los derechos de grupos vulnerables y marginados.

Los poderes extraordinarios otorgados a las fuerzas de seguridad también afectan a personas sin conexiones delictivas, como mujeres, niñxs y miembros de la comunidad LGBTQ, como Molina.

Molina, que está a la espera de que se dicte sentencia, está recluida en una sección especial LGBTQ de la prisión de mujeres, pero Sofía teme que su tía pueda ser objeto de ataques y malos tratos por parte del personal penitenciario. Como a todos los detenidxs bajo el estado de excepción, a Molina se le niegan las visitas familiares.

Sofía afirma que su tía pertenece a la categoría de «personas inocentes que pagan por algo que nunca han hecho». Y añade: «No nos engañemos: no todos los detenidos bajo el estado de excepción son delincuentes».

Violaciones de derechos humanos

Según un informe conjunto publicado en diciembre por HRW y Cristosal, el gobierno de El Salvador comete violaciones generalizadas de los derechos humanos en todo el país. Entre ellas, violaciones del debido proceso, grave hacinamiento en las cárceles y muertes bajo custodia policial.

Según el informe, al menos 90 personas murieron mientras estaban detenidas, y las familias en duelo alegan que sus seres queridos han sido enterrados en fosas comunes. En ocasiones, las autoridades ni siquiera notifican a las familias la muerte de sus parientes, según el informe.

Por otra parte, HRW y Cristosal obtuvieron – y revisaron parcialmente – datos gubernamentales filtrados. Estos sugieren «violaciones masivas de las garantías procesales» durante la detención de decenas de miles de personas, entre ellas cientos de niñxs, que permanecen ahora en cárceles superpobladas. Según los datos, entre marzo y finales de agosto de 2022, 1.082 menores (918 niños y 164 niñas) fueron detenidxs y enviadxs a prisión preventiva. Veintiuno de esos niñxs tenían entre 12 y 13 años.

La revisión que Cristosal realizó a 3.200 casos muestra que al menos 416 detenidos son mujeres y 53 son personas LGBTQ. La directora de investigaciones de Cristosal, Rina Montti, afirma que la policía tiene un cupo diario de detenciones y que personas inocentes caen en ese mecanismo de represión. «Empezaron a detener a cualquiera que encajara en el perfil de un miembro de una banda [aunque] no hay pruebas que justifiquen su detención. Dentro del sistema penitenciario, obviamente hay mucha gente que podría ser inocente».

En su informe de enero al Congreso, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que 61.300 personas habían sido detenidas por presuntos vínculos con las bandas, y que solo 3.313 habían sido liberadas por falta de pruebas.

Bukele, que cuenta con un altísimo índice de popularidad del 87%, según encuestas, es el cerebro del estado de emergencia y de la estrategia de guerra sin cuartel, y sin restricciones, contra las maras. El autodenominado «dictador más cool del mundo» aprovecha sus 4,6 millones de seguidores en Twitter para pregonar sus éxitos para acabar con las bandas y convertir a El Salvador en lo que ha denominado «el país más seguro de Latinoamérica».

Pero el director adjunto para las Américas de HRW, Juan Pappier, advirtió que Bukele debe ser juzgado por sus políticas y no por su popularidad, e hizo un llamamiento a la acción internacional.

«La situación en el país es tan grave que merece la atención inmediata de organizaciones como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU», afirmó. «Los gobiernos, especialmente los de la región, son responsables de hablar claro, y debe haber consecuencias por estas violaciones de los derechos humanos».

Pappier señaló que la retórica de las más altas instancias del gobierno, incluido el presidente – que ejerce el mando de la policía civil nacional y de las fuerzas armadas –, ha fomentado los abusos.

«Es una retórica deshumanizadora hacia lxs detenidxs. Crea la impresión de que quienes cometen violaciones en la policía y el ejército no serán investigados ni procesados», afirmó Pappier.

Cárceles superpobladas

El estado de excepción hizo de El Salvador el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Según la ONG local Fespad, al menos 83.000 personas están entre rejas, pero la capacidad del sistema penitenciario es inferior a 30.000, lo que provoca un hacinamiento desastroso e insostenible.

En respuesta, Bukele acaba de anunciar la apertura de una nueva megacárcel conocida como «Centro de Contención del Terrorismo», que, según dijo, «tiene capacidad para 40.000 terroristas, que estarán aislados del mundo exterior».

En virtud de sus medidas de emergencia, el gobierno ha denegado a los grupos de derechos humanos el acceso a las prisiones.

Montti, de Cristosal, dijo: «Antes del estado de excepción, sabíamos que había bloques penitenciarios específicos para mujeres embarazadas o con hijxs. Con el hacinamiento, tememos que estos espacios dejen de existir. También hemos recibido informes de problemas graves, especialmente con lxs recién nacidxs, que no reciben luz solar porque están encerrados durante largos periodos”.

Una de las pocas organizaciones a las que se permite visitar a lxs transexuales detenidxs es Concavitrans, un grupo de defensa de los derechos LGBTQ. Su directora, Bianka Rodríguez, afirma que han documentado 28 casos de personas LGBTQ encarceladas durante el estado de excepción, entre ellas Keiry Molina. «Ha sido muy difícil garantizar el acceso a la atención sanitaria para estas personas, y no tienen comunicación con sus familias», dijo Rodríguez.

Concavitrans, que acusa a la policía de violar los derechos humanos al detener a personas trans, ha documentado abusos, burlas y malos tratos por parte de agentes de policía en el último año. Dos mujeres trans, detenidas el pasado mes de abril, fueron expuestas en las redes sociales con nombres que no coincidían con su identidad de género.

Empobrecidos y marginados

Se afirma que las maras (que se originaron en Los Ángeles en los años 80 y se extendieron a Centroamérica tras la deportación de salvadoreñxs una década después) actúan en el 94% de los municipios del país.

En los barrios abandonados y empobrecidos, donde el gobierno salvadoreño no proporciona seguridad, las bandas intervienen y toman el control de todos los aspectos de la vida. Históricamente, las mujeres y las niñas han sido objetivo de las pandillas, que abusan de ellas sexual y psicológicamente. Algunas mujeres se convierten en integrantes de las bandas, pero rara vez ocupan puestos de alto rango.

Las comunidades LGBTQ suelen ser blanco de la violencia de las bandas, especialmente las mujeres transexuales, que se ven obligadas a trabajar en la industria del sexo y el tráfico de drogas. Rodríguez, de Concavitrans, afirma que suelen ser forzadas a participar en estas actividades, en lugar de incorporarse voluntariamente.

Ahora, las personas que viven en barrios pobres o que están relacionadas con miembros de bandas deben temer a la policía, según los grupos de derechos humanos.

«Lamentablemente, algunas personas se ven obligadas a convivir con estos grupos , pero eso no significa que formen parte de las pandillas, ni que sean responsables de… los comportamientos abusivos de las bandas, como los homicidios, el reclutamiento de menores y la violencia sexual», afirmó Pappier.

Los grupos marginados, especialmente las personas de color y/o con tatuajes (los tatuajes están fuertemente asociados a las pandillas en El Salvador), también son objeto de ataques y acusaciones, incluso si han sido víctimas del comportamiento de las pandillas, dijo Montti.

Los grupos de derechos humanos también están preocupados por la prevalencia de las denuncias anónimas que conducen a detenciones sin pruebas ni investigación, como ocurrió con Keiry Molina, extremo permitido en virtud del estado de excepción.

En uno de los casos denunciados a openDemocracy por Cristosal, Zoila (nombre ficticio), de 28 años, fue detenida en la ciudad de San Vicente después de que un informante anónimo acusó a su madre de pertenecer a las maras. A pesar de la falta de pruebas, Zoila fue imputada por «asociación ilícita» y encarcelada. Su familia sigue sin saber dónde está.

Muchas familias de detenidxs temen repercusiones por denunciar malos tratos. Maribel (también seudónimo), de una aldea rural de Usulután, en el sureste del país, habló con openDemocracy sobre su hijo Javier, un conductor de tractor de 26 años, detenido en octubre por la policía nacional civil y acusado de vínculos con las bandas.

Tras aportar pruebas de que no estaba implicado en la mara, Javier fue puesto en libertad a finales de ese mes, solo para ser detenido de nuevo por los mismos cargos unos días después, sin nuevas pruebas, según Maribel. Su familia no ha sido informada de su paradero y teme lo peor.

Maribel afirma que Javier no tiene antecedentes penales y es un trabajador dedicado, que mantiene a su esposa y a sus dos hijos. Durante su primera detención, Maribel acampó fuera de la prisión durante 18 días, exigiendo información sobre su hijo.

Ella y otros familiares de detenidxs no recibieron respuestas, solo hostigamiento. «Nos llamaban las madres de las maras, y nos decían que estábamos defendiendo a delincuentes», dijo, refiriéndose a las autoridades penitenciarias. «Pero yo siempre les gritaba que mi hijo no es un delincuente».

Maribel, que ignora la suerte corrida por su hijo, afirma: «No estamos en contra de que el presidente luche contra las maras, pero queremos que deje de encarcelar a pobres inocentes.»

Autor: Dánae Vílchez

Foto: Wire

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