Arrate encara «Proyecto contra manifestaciones públicas es propio de un Estado policial»

El candidato de la izquierda, Jorge Arrate, considera “propio de un Estado policial” el proyecto de ley que presume de manera automática la  responsabilidad de los convocantes y organizadores de manifestaciones publicas de los desmanes que se cometan en estos actos, y que criminaliza los derechos constitucionales a reunión y expresión, garantizados de manera expresa por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13.

La Cámara de Diputados debate un polémico proyecto de ley que apunta a hacer  responsables a convocantes y organizadores de reuniones o manifestaciones públicas de los desmanes que en estas puedan ocurrir. Ya aprobado por el Senado en primer trámite constitucional, el proyecto concita un transversal rechazo en la sociedad civil, por el menoscabo a los derechos a la libre reunión y expresión. El texto dice que serán responsables quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”.

Si no hay convocantes oficiales, se hará responsables a las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse. También a aquellos que lideren o figuren en la cabeza de la manifestación.

Arrate dice que “esta es una violación a los derechos constitucionales a reunión y expresión, que ya están menoscabado en nuestro país por el Decreto Supremo 1086, dictado por Pinochet, que impide la reunión sin permiso previo. De esta manera se hacen inoperantes e inviables los derechos constitucionales a reunión y expresión”.

El aspirante a la Presidencia llama a las personas individuales y organizaciones sociales a organizase para impedir que sigan limitándose sus derechos ciudadanos , que en Chile ya están menoscabados por diversas formas de control ejercidas por la autoridad política y personal policial. “En una democracia auténtica, los ciudadanos tienen el derecho a reunirse sin pedir la autorización; de cualquier otro modo, el derecho a reunión y a la libre expresión pasan a ser letra muerta”, concluye Arrate.

Por Soraya Rodríguez