El pasado 5 de marzo, El Ciudadano publicó el reportaje «144 carabineros han sido formalizados entre el 2019 y 2022 por delitos como apremios ilegítimos, torturas u homicidio frustrado«, el que además reveló que de este registro, 112 funcionarios policiales siguen activos en la institución, mientras que solo se contabilizaron 75 sumarios administrativos por los delitos presuntamente cometidos.
Respecto a la permanencia de carabineros formalizados, el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, afirmó que «depende de la gravedad del ilícito, y quien adopta la decisión de desvincularlo de la institución para el personal de nombramiento institucional, es el jefe de la Repartición de la cual depende, y en el caso de oficial, por su condición de nombramiento Supremo, es la dirección del Personal quien a nombre de la Dirección General le solicita la resolución de desvinculación al ministerio del Interior».
En cuanto a los funcionarios condenados por los tribunales de justicia, la institución explicó que en estos casos y «mediante sentencia judicial firme y ejecutoriada, dictada por un tribunal penal, y que ésta contenga una pena accesoria consistente en la suspensión del cargo del condenado por cierto lapso de tiempo, Carabineros de Chile da al tenor de lo resuelto, cumplimiento irrestricto a lo ordenado por el tribunal».
Además, en la investigación publicada por este medio, se confirmó que la mayoría de los carabineros formalizados son por los delitos de apremios ilegítimos, torturas y homicidio frustrado, ocurridos en su mayoría en el año 2019. Ante esto, la institución comentó que anualmente y en la actualidad se desarrollan programas de capacitación y perfeccionamiento, los que consideran módulos de Derechos Humanos y que se encuentran bajo la tutela de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia, y de la Dirección Nacional de Derechos Humanos.
«Se suma a ello que la Dirección de Derechos Humanos es una alta repartición que tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, pero en especial se ocupa de capacitar, supervisar, controlar y observar el desarrollo que poseen los funcionarios policiales en su quehacer con estricto apego a las normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos», se lee en la respuesta institucional, dirigida a El Ciudadano.
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