Bloque de senadores, ONGs y pescadores solicitarán reuniones a la Armada y a la Presidenta Bachelet para captar sus puntos de vista e informarles que este proyecto debilita la soberanía nacional, es inconstitucional y no asegura ni genera empleos estables y de calidad.
Los senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro y Carlos Ominami, junto a organizaciones de medio ambiente y pescadores artesanales reforzaron hoy el argumento acerca de la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Pesca que hipoteca zonas marinas en beneficio de bancos extranjeros y multinacionales salmoneras. Anunciaron además que solicitarán la opinión de la Armada respecto al debilitamiento de la soberanía nacional y requerirán una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet para informarle que la privatización del mar no garantiza la mantención o creación de nuevos empleos.
Los senadores estuvieron acompañados por Ecoceanos, el Centro de Conservación Cetácea, el Observatorio de Conflictos Ambientales y la Confederación de Pescadores Artesanales, Conapach.
Los tres legisladores afirmaron que mantendrán su voto de rechazo al proyecto privatizador y argumentaron que es ilegal e inconstitucional aprobar que las concesiones acuícolas, que tienen el carácter de Bien Nacional de Uso Público, puedan hipotecarse, luego de ser entregadas en propiedad gratuita y a perpetuidad a las compañías salmoneras.
ESPÍRITU DE PINOCHET EN PRIVATIZACION DEL MAR
El senador Guido Girardi comparó también la privatización del mar con “lo mismo que hizo Pinochet con el agua”, que la entregó a las compañías privadas y hoy multinacionales europeas son dueñas de casi todos los derechos de agua en Chile. “Somos el único país del mundo donde los derechos de agua son propiedad privada” y con la privatización del mar “vamos por el mismo camino”, afirmó el legislador.
Girardi agregó que estos beneficios que está entregando el gobierno, a nombre del Estado y de todos los chilenos, solo beneficiarán a unas pocas transnacionales, pero no es ningún beneficio para los pescadores y pequeñas empresas. “Yo no voy a aprobar ningún proyecto, además que atenta contra la soberanía nacional”, expresó el parlamentario.
Se preguntó también qué pasará con las zonas del borde costero: “qué pasará con los pescadores artesanales, con la navegación, con el ecoturismo”, en esos lugares que serán el comienzo de la privatización del mar.
PROYECTO NO GARANTIZA EL EMPLEO
Por su parte el senador Alejandro Navarro, afirmó que “este proyecto no tiene un contrato social, no genera un compromiso en la generación de empleo estable, digno y seguro. La hipoteca de las concesiones no garantiza empleos permanentes ni niveles de empleo adecuado para enfrentar la profunda crisis que hay en la Región de Los Lagos”.
Navarro instó a que el Estado forme parte como socio de las empresas en crisis, tal como en Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. “No existe ningún elemento que impida que el Estado sea socio en esta transacción para garantizar y preservar los recursos del Estado. Obama lo hizo con la General Motors, Angela Merkel y Gordon Brown han dicho que el Estado puede y debe generar empleo cuando el mercado no lo hace. El Estado puede y debe ser partícipe de una actividad, si es que esta actividad se sustenta en recursos que son del Estado y de todos los chilenos”, afirmó el parlamentario.
ARMADA Y SOBERANÍA NACIONAL
A su vez el senador Carlos Ominami acusó que “en el senado no se dieron las garantías mínimas” para una discusión ya que el debate se realizó “sin siquiera cumplir con el requerimiento voluntario de que los senadores puedan disponer de un informe por escrito con cuatro horas de anticipación”.
“No es razonable que una normativa que tiene tantas complejidades y que involucra aspectos constitucionales, económicos, ambientales, se discuta sin que los senadores hayan tenido a la mano el informe correspondiente”.
Ominami agregó que le parece sospechosa la celeridad con que se intenta aprobar esta iniciativa justo cuando las salmoneras están negociado con los Bancos. Recalcó que el gobierno intenta premiar a la industria con un bien nacional de uso público para que éste sea utilizado como garantía frente a la Banca.
El legislador agregó que cuando él fue Ministro de Economía, y por tanto jefe de la administración pesquera, “nunca se nos puso por la cabeza establecer que las concesiones pudieran ser hipotecables”.
Si una empresa no funciona “el banco ejecuta la garantía y por tanto se queda con la posibilidad de disponer del uso de un bien de uso público, eso es la privatización del mar. El banco además no puede quedarse, por la Ley General de Bancos, por más de tres años con esa garantía y por tanto debe sacarla a remate, con lo cual terminamos con que este bien de uso público puede terminar en manos de cualquier persona”.
Por eso necesitamos tener el punto de vista de la Armada de Chile que ha sido una “defensora muy celosa del carácter público del borde costero. Una cosa es constituir concesiones y otra cosa muy distinta es que estas concesiones puedan ser hipotecables”, dijo el Senador.
ECOTURISMO ES ALTERNATIVA
En la ocasión Elsa Cabrera, directora del Centro de Conservación Cetácea (CCC) afirmó que “este proyecto no solo es inconstitucional sino que también amenaza la soberanía nacional. Chile sería el único país que está privatizando su soberanía marítima, pero también esta situación amenaza un potencial de desarrollo que tiene el sur de Chile, y es el tema del turismo”.
“Se habla mucho de generación de empleo, pero ¿qué tipo de empleo? Aprovechando los fiordos del sur de Chile, que son uno de los tres ecosistemas que hay en el mundo, que son utilizados por otros países para lograr ganancias millonarias obtenidas a través del manejo del ecoturismo”, señaló la directora de CCC.
Agregó que se debería hacer lo mismo aquí en Chile y “buscar mecanismos de financiamiento para potenciar otras actividades de desarrollo que no sean solamente, el poder ser un empleado en una fábrica procesadora de salmón, sino que condiciones de empleo más dignas a través del ecoturismo”.
VIOLACIÓN A DERECHOS DE LA PESCA ARTESANAL
En la conferencia de prensa el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, señaló que la privatización del mar vulnerará los derechos de la pesca artesanal al no respetar el artículo 47 de la Ley de Pesca que consagra las aguas interiores, al sur del paralelo 41, a actividades exclusivas de los pescadores de pequeña escala.
A las palabras del Cardenas, se sumó la opinión de la Conapach, a través de su secretario general, Cosme Caracciolo, quién afirmó que no se le deben “seguir dando regalos a una industria fracasada, contaminante, destructora de la economía de los pescadores artesanales, del turismo y de otras actividades que se realizan en la zona”.
“Como Conapach, nosotros los pescadores rechazamos que se hipotequen las concesiones salmoneras y le pedimos a la presidenta Bachelet que retire el proyecto privatizador del Congreso”, agregó el dirigente.
Por su parte el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, señaló que la modificación a la Ley de Pesca es una ocasión más en que se «entregan recursos para la especulación y para el negocio privado». Agregó que se está «repitiendo una política de entregar recursos naturales, patrimonio de todos los chilenos para una empresa privada y sigan engrosando sus amplias utilidades».
Ecoceanos