Grave: Corte Suprema advierte que agenda de seguridad que levantan Gobierno y oposición nos lleva a un «Estado policiaco»

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió este lunes a la agenda de seguridad implementada por el Gobierno Nacional para hacerle frente a la criminalidad que se registra en el país.

En entrevista a Cooperativa, Vivanco manifestó que la criminalidad en Chile es una «urgencia», pero advirtió que «no nos podemos transformar en un Estado policiaco».

«Cuando se trata de soluciones país, obviamente que lo que llama el Presidente de la República a que haya tranquilidad y no conmoción excesiva es un llamado adecuado, porque no podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando», comenzó diciendo la magistrada.

En este sentido, señaló que es importante que las autoridades trabajen para buscar las soluciones más adecuadas y que no tenga un efecto en otras materias.

«La urgencia es una realidad, pero, por otro lado, también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción que uno hace del sistema legislativo tiene efectos en otras materias. No son islas y, en consecuencia, si uno aprieta por un lado, tiene que fijarse qué es lo que pasa hacia el otro», puntualizó.

«Hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad, pero no nos podemos transformar en un Estado policiaco», añadió.

Al respecto, indicó que es necesario que se leyes donde se pueda observar que se aumenten las medidas de seguridad, sin que los ciudadanos pierdan sus libertades establecidas en la Carta Magna.

«Siempre hemos pensado que Chile, afortunadamente, es y sigue siendo un país en el que rige el Estado de Derecho y donde las autoridades, los órganos de distintas naturaleza, están preocupados de la situación de delincuencia, de eventuales hechos de corrupción, de narcotráfico, del aumento de los homicidios, etc», indicó.

Por esta razón, recalcó que Chile «no es un Estado fallido» por lo que instó nuevamente a las autoridades a coordinarse para hacerle frente a la delincuencia.

«(Chile) no es un Estado fallido y, desde ese punto de vista, todos los órganos, todas las personas, todas las autoridades tienen que coordinarse y agregar esfuerzos justamente para hacer frente a la delincuencia, pero no es que estemos en un sistema donde la delincuencia ya no tenga control ni tenga contrapeso; se están haciendo los esfuerzos necesarios y eso significa que el Estado de Derecho opera», señaló.

Peticiones de prisión preventiva para extranjeros 

De igual forma, fue consultada por los resultados que se han tenido en las peticiones de prisión preventiva hechas por los persecutores para extranjeros detenidos sin documentos de identificación.

Al respecto, Vivanco reiteró que, al no ser el «Criterio Valencia» una norma legal, su aplicación es caso a caso.

«Es un instructivo que está dirigido solamente a los fiscales. Estamos hablando de un Ministerio Público que es un órgano autónomo, distinto de los tribunales y, en consecuencia, para nosotros (los jueces) no era mandatorio este instructivo, sino solamente para ellos», dijo la magistrada.

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Vivanco puntualizó que, según lo establecido por el fiscal nacional, Ángel Valencia, «lo que tenían que hacer los fiscales era hacer las solicitudes asociadas con este instructivo, pero el juez de la causa iba a determinar si concebía o no la prisión preventiva en la medida que hubiera mérito legal para hacerlo».

En este sentido, manifestó que este tipo de proyectos deben convertirse en ley para que sea aplicado de forma obligatoria en los tribunales.

«Los jueces, del punto de vista del procedimiento, están estrictamente sometidos a la ley y, en consecuencia, el juez no puede crear causales o situaciones de excepción respecto a las reglas que la ley le da. Sí puede ponderar la situación y por eso en algunos casos puede ser que esta solicitud se concediera y en otros no, pero no puede un órgano establecer ningún instructivo para los jueces, sino solamente la ley o cuando se trata de situaciones que hay que regular del punto de vista de procedimientos que faltan o situaciones que lo requieren mediante autos acordados de la Corte, pero nunca por un instructivo de otro órgano», sentenció.

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