El Segundo Tribunal Ambiental realizó una inspección de dos puntos clave del Salar de Maricunga, en el marco de dos demandas por reparación de daño ambiental, por la potencial afectación de dos vegas en el sector del corredor biológico Pantanillo Ciénaga Redonda, en el altiplano de la región de Atacama.
«Dentro del marco del proceso de conciliación que se está llevando a cabo, el tribunal quiso venir a ver en terreno cuáles son los términos en los cuales se estaría produciendo la conciliación, y ver cómo están funcionando las medidas que hasta ahora se han ido adoptando en la zona, y ver qué otras se pueden adoptar», explicó el ministro presidente (s) del Segundo Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano.
La diligencia fue encabezada, además de Delpiano, por los ministros Daniella Sfeir Pablo y Cristián López Montecinos, quienes fueron acompañados por un equipo de profesionales del Tribunal, junto con representantes del Consejo de Defensa del Estado, la Seremi de Medio Ambiente de Atacama, la Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero y Conaf, así como también de la Compañía Minera Maricunga.
En relación con la función que cumple el Tribunal Ambiental en el proceso de conciliación, Delpiano detalló que esta judicatura especializada tiene dos roles: «Primero, un rol de facilitar el diálogo entre las partes y, segundo, un rol de velar porque el acuerdo al que se llegue cumpla con el estándar que exige la ley. Esto es, que se repare el daño ambiental alegado».
El recorrido de la inspección personal inició en el río Astaburuaga y consideró el sector de los pozos de extracción de aguas del proyecto minero Refugio, específicamente el pozo RA-3, y las vegas Pantanillo y Valle Ancho, localizadas en el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, que a su vez forma parte del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.
Las demandas por reparación de daño ambiental fueron presentadas por el Consejo de Defensa del Estado en contra de Compañía Minera Maricunga, por el supuesto desecamiento de 20 hectáreas del humedal vega Pantanillo y 69 hectáreas del humedal vega Valle Ancho.
Cabe recordar que, en noviembre de 2018, el Tribunal dictó sentencia en estas mismas causas. Sin embargo, -en enero de 2022- estas fueron anuladas de oficio por la Corte Suprema, debido a aspectos formales relativos a la integración del Tribunal durante la audiencia de prueba, disponiéndose la realización de una nueva vista de la causa.
Con ello, las dos demandas reingresaron al Tribunal Ambiental, iniciándose posteriormente, y a petición de las partes, el actual proceso de conciliación.
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